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La llegada de Hugo Chávez al gobierno de Venezuela en 1999 abrió la puerta para que empresas uruguayas hicieran negocios millonarios en ese país, algunos amparados en acuerdos binacionales. En los últimos años, sin embargo, mucho de lo que queda de esos emprendimientos son deudas difíciles de recuperar.
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La empresa de software uruguaya Tecno-Uruguay (Sendibel S.A.) el 5 de febrero de este año presentó una demanda en Estados Unidos para cobrar una deuda que mantiene Petróleos de Venezuela (PDVSA) por servicios que le prestó casi una década atrás, según documentos judiciales a los que accedió Búsqueda.
El caso, que está en la órbita de la Justicia de Nueva York, tuvo sus primeros movimientos cuando el 19 de julio le fue asignado un juez, y después de que la defensa presentara un abogado quedó citada una audiencia para setiembre.
Negocios millonarios en Venezuela
Tecno-Uruguay, cuyo director es Fernando Burstin, es una de las empresas uruguayas que desembarcó en Venezuela de la mano de los negocios que habilitó el Fondo Bolívar-Artigas, que implicaba la venta de petróleo a cambio de bienes y servicios uruguayos.
En febrero del 2006 Interamericana de Cómputos, de Burstin, firmó un contrato millonario con una empresa de telecomunicaciones. El negocio estuvo envuelto en polémicas judiciales y políticas por la intervención en las negociaciones de Javier Vázquez, hijo del entonces presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez.
En colaboración con el medio Armando.info y en el marco de la investigación internacional Panama Papers, Búsqueda informó en 2018 que el gerente de una empresa estatal venezolana recibió millones de dólares de ese negocio de Burstin. Al ser consultado en aquella ocasión, el empresario uruguayo declaró que su compañía no pudo cobrar por los servicios porque le “cortaron” el contrato alrededor del 2008.
Pese a esa mala experiencia, Burstin siguió trabajando en Venezuela. En el marco del juicio que inició en Estados Unidos, el empresario presentó documentación para sustentar su reclamo.
De acuerdo con esos documentos, su compañía trabajó para PDVSA desde 2011 en “labores de asesoría técnica en el ámbito de SAP y su plataforma tecnológica” en el marco del Proyecto de Automatización de la Gestión Innovando para Lograr Nuevas Victorias, denominado Proyecto AGIL.
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Nicolás Maduro y Hugo Chávez junto a Tabaré Vázquez en una cumbre de Unasur, 2009.
AFP
Un informe público de PDVSA, elaborado al cierre del 2016, da más detalles del programa “ejecutado con base en el Acuerdo Integral de Cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay”, firmado al inicio del primer gobierno de Vázquez. Sostiene que en 2016 PDVSA reimpulsó el proyecto, lo que implicó revisar el “diagnóstico original” correspondiente al año 2012, porque estaba desactualizado, y avanzar en la implementación de sistemas de gestión.
La empresa de Burstin, ya vinculada al Proyecto AGIL, estaría a cargo del relanzamiento del plan. En octubre de 2016, según un documento que presentó el uruguayo ante la Justicia norteamericana, PDVSA y su compañía firmaron un acuerdo por el cual la petrolera contrataba la ejecución de 100.000 horas de trabajo a Tecno-Uruguay para el “depliegue del Proyecto AGIL”.
La contrapartida era el compromiso de PDVSA de cancelar un “saldo remanente” que le debía por US$ 59.797.926 en un plan de pagos de 36 meses. Como respaldo, la petrolera emitió tres garantías que comprometían el pago de esa deuda y un interés anual de 6,5% que debía pagarse de manera cuatrimestral (que subía a 8,5% en caso de default).
Deuda y demanda
En 2017 PDVSA transfirió poco más de US$ 3 millones, lo que cubría solo los intereses, según la demanda. Después de no recibir los pagos en los primeros cuatro meses del 2018 y sumar una deuda de US$ 15 millones, Burstin envió el 13 de abril de ese año una intimación a los venezolanos.
“Nos sentimos muy cómodos y orgullosos trabajando con PDVSA y con Venezuela, pero nuestras posibilidades de permanecer se han ido dinamitando con el apartamiento de la estricta planificación que teníamos acordada de los flujos de pago. Nos consideramos socios y amigos de vuestra empresa, y apelamos a mantener la misma relación laboral que siempre hemos sostenido, no obstante, la falta de pago nos condiciona cumplir nuestro deseo”, escribió. “Es por lo anterior y en aras de poder seguir trabajando para PDVSA (en los Proyectos de Despliegues y en las nuevas iniciativas de Conversión Monetaria, implementación de Tasa Dicom e implementación de la criptomoneda Petro en SAP), tal y como es nuestro deseo, que apelamos una vez más a ustedes para solicitar tengan a bien la tramitación de la totalidad de los pagos pendientes, como forma de cumplir el acuerdo de pagos firmado y que ello nos permita continuar apoyando a vuestra compañía en las importantes labores que venimos desarrollando”.
Diez días después, tras no recibir respuesta, el empresario uruguayo notificó a PDVSA que había caído en default y demandó el pago de casi US$ 54 millones.
La petrolera venezolana respondió menos de un mes después y transfirió casi 7 millones de euros, lo que en dólares de la época representaba el pago inicial con intereses. “Ese fue el último pago” recibido, relata la demanda de Burstin, y agrega que pese a que sus intimaciones continuaron hasta 2022 no obtuvo más respuestas.
Burstin reclama que PDVSA cancele la deuda pendiente de US$ 41 millones, más US$ 2,7 millones de intereses anuales, más US$ 17,8 millones de intereses posdefault.
Compañías uruguayas de otros rubros, como Conaprole o el laboratorio Libra, han intentado sin éxito recuperar el dinero de las deudas generadas por Venezuela. En algunos casos, eso implicó demandar al Estado uruguayo, porque los negocios se desarrollaron en el marco de acuerdos binacionales.
El libro Petrodiplomacia. Valijas, negocios y otras historias del chavismo y Uruguay, del periodista Martín Natalevich, detalla los intentos de los gobiernos uruguayos de lograr compromisos por parte de los venezolanos para que pagaran algunas deudas. En 2016, por ejemplo, el viceministro de Hacienda de Venezuela, Oswaldo Pérez, entregó un documento a Uruguay en el que reconocía una deuda global de US$ 90 millones, que se distribuía en diversos rubros. El calendario de pagos comprometido en esa oportunidad no se cumplió.
El reclamo de Burstin no estaba incluido en esas cifras porque seguía otros caminos. De hecho, se desarrolla en Estados Unidos porque las notas de crédito emitidas por PDVSA como garantía establecían que las “obligaciones” derivadas de ese documento se regirían por las normas de Nueva York.
