El diputado Joaquín Garlo (del Movimiento de Participación Popular) insistió con el tema y le preguntó quién había propuesto dejar sin efecto la compra.
“Yo. Le contesto ya, si no quedó claro. Yo era el responsable político del Ministerio de Defensa Nacional, ¿quién otro, además del ministro, va a decidirlo?”, respondió. Y agregó después: “Yo propuse y firmamos —como leí acá— con el presidente, pero soy yo el que decide y se lo propuse al presidente”.
Ante la pregunta de quién acercó al astillero español al ministerio, recordó que en la investigadora el exjefe de la Armada, Jorge Wilson, había dicho que le llegó a él la propuesta y que la trasladó a las autoridades. García cuestionó que se pueda estar “insinuando otra cosa” cuando se cuestiona el origen de la propuesta de Cardama. “No voy a dejar pasar un minuto que se atente contra mi honestidad, la del presidente de la República y la de mi equipo de trabajo. ¡Basta de insinuaciones!”, exclamó. “Que se diga de frente y mano acá, con versión taquigráfica; después que se vaya a demostrar a los juzgados y se hagan cargo de la infamia que hacen”.
Garlo le preguntó a García si la llegada de la oferta de Cardama fue lo que provocó que el nuevo proceso de compra exigiese menos “condiciones técnicas” en comparación con el anterior. El exministro reiteró: “La decisión política del Poder Ejecutivo era resolver una carencia grave para el Uruguay, que era tener absolutamente descuidados y desprotegidos nuestros mares y nuestras aguas. Esa es la decisión: aun si hay un Poder Ejecutivo cualquiera que quiere una compra directa, la ley lo autoriza”.
El actual senador destacó que para la toma de decisiones contó con el asesoramiento de la Armada y también de Delpiazzo Abogados, contratado por Defensa para asistirlo en la negociación del acuerdo con el astillero. El estudio trabajó en la redacción del contrato y después asistió al Estado en su implementación inicial, sobre todo durante el proceso para aceptar las garantías que tenía que conseguir Cardama.
El contrato establecía que el astillero tenía 45 días para conseguir dos avales, uno de reembolso por 8,2 millones de euros y otro de fiel cumplimiento por 4,1 millones de euros. A Cardama le tomaría 11 meses lograr ese hito.
García otorgó una prórroga al astillero, para lo cual contó con la asistencia de Delpiazzo, subrayó en el Parlamento. Además, consideró una buena decisión que se le dieran las siguientes porque se actuaba “de buena fe” y en “beneficio” de Uruguay.
En octubre del año pasado, la administración de Yamandú Orsi informó que iniciaría el proceso de rescisión del contrato tras detectar que la garantía de fiel cumplimiento había sido otorgada por una empresa fantasma, Eurocommerce Bank. La rescisión se concretó en febrero, después de recabar más datos sobre las irregularidades de la garantía. El gobierno presentó una denuncia penal por presunta estafa y enfrenta un arbitraje internacional propiciado por Cardama, que desistió por el momento de la vía civil local.
García cuestionó la decisión del gobierno de rescindir el contrato, a la que calificó de “política” y presuntamente “inspirada” por intereses ocultos. “Fue criminal la decisión de dejar al país, por un tema político, sin OPV; esa es la verdad”, cerró.
Las prórrogas
Para el oficialismo, la comparecencia de Castaingdebat tenía un interés particular, porque durante su gestión otorgaron nuevas prórrogas a Cardama y al final aceptaron una garantía que probó ser falsa.
Sobre las garantías, sostuvo que fue un proceso “apegado a la ley” y contó con el asesoramiento de Delpiazzo. A eso, agregó: “(Hay) un elemento que no se compra en el boliche de la esquina, que es el sentido común; sentido común para tomar definiciones y no confundir sentido común con arbitrariedad: una cosa es arbitrariedad y otra cosa es ser discrecional”.
Castaingdebat insistió en el rol del estudio a lo largo del análisis de los documentos que enviaba Cardama para validar las garantías obtenidas. “La actuación de Delpiazzo fue un poquito más allá de lo jurídico, porque termina solucionando un tema apostillado que hace al fondo de la garantía, no es solo lo jurídico”, subrayó. Y dijo más adelante: “Contratamos a Delpiazzo y aceptamos lo que dijo Delpiazzo”.
Consultado acerca de si el estudio lo había asesorado antes de dar las últimas prórrogas, respondió que la normativa no exige un “aval jurídico para dar una prórroga” y aseguró que tuvo como intención buscar “lo mejor para el país: tratar de encontrar el camino para que las patrulleras se pudieran construir”.
El exministro leyó el último informe del estudio sobre la garantía, que no levantaba objeciones jurídicas. Durante su comparecencia en el Parlamento, José Miguel Delpiazzo, aclaró, no obstante, que nunca aprobó la garantía de Eurocommerce que presentó Cardama. Si bien las primeras prórrogas otorgadas por el gobierno al astillero para que consiguiera avales fueron medidas de “buena administración”, sus ampliaciones hasta cubrir 11 meses podrían “haber excedido un poco la razonabilidad”, añadió. El representante del estudio, además, justificó las advertencias que había hecho en su momento a las autoridades sobre el proceder del astillero. Búsqueda informó en febrero que el estudio había planteado que Cardama presentaba documentos “a los ponchazos” que lo descalificarían en cualquier licitación.
Castaingdebat defendió las decisiones que tomó como ministro, aclaró que no eran medidas pensadas “políticamente” e insistió en que fueron en el marco de “procesos administrativos”.
El diputado Garlo le preguntó a Castaingdebat sobre la decisión de emitir el primer pago a Cardama después de aceptar las garantías y si tenía los documentos originales antes de aprobar la transferencia. El legislador sabía que los originales los tenía el estudio Delpiazzo y no el ministerio, pero quiso dejar la respuesta en actas.
—Vuelvo a formular la pregunta. ¿Usted, cuando autorizó el pago, tenía la documentación a la vista?
—Teníamos el aval de Delpiazzo para proceder al pago.
—Pero no tenía la documentación…
—Teníamos el aval de Delpiazzo para proceder al pago.
—Pero no tenía la documentación…
—Teníamos el aval de Delpiazzo para proceder al pago.
—Señor diputado: el invitado le está respondiendo. Entiendo que la respuesta está dada —interrumpió el presidente de la comisión, el senador Nicolás Viera.
La participación de Castaingdebat tuvo otro momento álgido. Cuando el diputado Claudio Arbesún le preguntó por la posible intervención de Lacalle Pou en el proceso de aceptación de la garantía, el exministro lo paró en seco: “No entiendo, porque es la primera vez que aparece la figura presidente de la República en esta discusión; no sé por qué lo meten al presidente de la República”.
El ida y vuelta continuó ante la repregunta de Arbesún sobre la aceptación de una garantía en mayo del 2024.
—Pero ¿qué tiene que ver el presidente de la República? —replicó Castaingdebat.
—El gobierno entiendo que se hace entre el ministro y el Poder Ejecutivo —insistió el legislador frenteamplista.
—No, no; sacá para afuera al presidente de la República.
Las supuestas pesquisas
La comparecencia de Lazo, prevista para el lunes 3 de agosto, es esperada por la oposición. La ministra deberá responder sobre los hechos que llevaron al gobierno a rescindir el contrato y otros puntos críticos que legisladores de la coalición republicana han planteado en los últimos meses.
En mayo, el diputado Felipe Schipani declaró a El Observador que evaluaban presentar una denuncia penal contra Lazo por “pesquisas” y “usurpación de funciones”. Consideran que Damián Rojas y Daniel Marsiglia, entonces asesores de la ministra, llevaron adelante averiguaciones en la secretaría de Estado antes de ocupar los cargos.
El exministro García se refirió a ese tema en su comparecencia. La investigación sobre las presuntas irregularidades en la contratación de Cardama, dijo, “nació irregular, porque nació con un preinforme de delegados políticos sin cargo en el ministerio. Uno ya no está más. Uno está en el despacho del senador Sánchez en Presidencia. Eran los que careaban y los que interrogaban sin cargo ninguno en el Ministerio de Defensa”, denunció.
La presencia de Lazo preocupa al oficialismo, donde hay cierta disconformidad con el trabajo del ministerio en este tema, reconstruyó Búsqueda. De hecho, los informantes recordaron que Lazo no participó en la conferencia de prensa en la que el presidente Yamandú Orsi, el secretario Alejandro Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz anunciaron el inicio del proceso de rescisión.
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