Los allanamientos nocturnos, otra vez rechazados en un plebiscito opacado por el debate de la seguridad social

La sede de campaña de cada partido del oficialismo funcionó como sitio de monitoreo. En la del Partido Nacional, impulsor principal de la iniciativa de reforma del artículo 11 de la Constitución, la cabeza estaba en otro lado: sobre las 19.30 comenzaron a llegar en vendaval los dirigentes blancos, nerviosos pero lentamente contagiados por proyecciones que anticipaban un escenario de balotaje más auspicioso de lo previsto para Álvaro Delgado. Del plebiscito por los allanamientos nocturnos pocos tenían cifras, y si las tenían, no estaban muy interesados en discutirlas.

In-Partido Nacional Elecciones 2024 Festejos-Bielli-adhoc.jpg

En el comando del Partido Nacional, los militantes no sufrieron el rechazo al plebiscito por los allanamientos nocturnos

Pablo Bielli/adhocFOTOS

La sorpresa no fue tanto por la falta de apoyo (38,8%, según el escrutinio de la Corte Electoral) sino porque las encuestas previas marcaban un respaldo más abultado. Incluso, con los circuitos ya cerrados en la tarde noche del domingo, Camy y otros dirigentes como Pablo Abdala y Luis Calabria manejaban un número más cercano al “50% más uno” de los votos necesarios para que el plebiscito prosperara. Con proyecciones por encima del 45%, confiaban en un empuje final que permitiera sacar adelante la reforma.

Los votos finales quedaron muy lejos de esa expectativa. Pero, como sucedió a lo largo de la campaña —sobre todo en la recta final—, en el Partido Nacional eligieron enfocarse en la elección del presidente y no en los allanamientos nocturnos. Camy descartó rápidamente que el oficialismo intente el cambio con una interpretación constitucional impulsada en el Parlamento; mencionó “la inmensa alegría” por la votación presidencial de Delgado y aseguró que el trabajo ahora está en promocionar su candidatura en la segunda vuelta.

Fuentes políticas dijeron a Búsqueda que la estrategia es “dar vuelta enseguida la página” por dos razones: evitar asociar el rechazo del plebiscito con Álvaro Delgado y la necesidad de captar sufragios hacia noviembre, para lo cual es indispensable convencer a votantes que no estuvieron de acuerdo con permitir los allanamientos nocturnos. “Ya está. No es momento de volver a hablar del tema”, dijo un integrante del Poder Ejecutivo.

Un plebiscito que perdió fuerza

La reforma proponía cambiar el artículo 11º de la Constitución, que establece que el hogar es un sagrado inviolable en el cual de noche nadie podrá entrar sin consentimiento de su jefe, y de día solo por orden expresa de un juez, por escrito y en ciertos casos determinados por la ley. La reforma cambiaba la redacción por una que no hacía referencia a la protección durante la noche: nadie podría entrar a un hogar “sin consentimiento de su morador o por orden expresa y fundada de juez competente, dictada por escrito en los casos y reformas establecidas por la ley”.

La papeleta amarilla por el Sí contó con el apoyo formal del gobierno a través de una declaración conjunta firmada por los representantes de los partidos miembros de la coalición: la presidenta del Directorio del Partido Nacional, Macarena Rubio; el prosecretario general del Partido Colorado, Gustavo Osta; el presidente en ejercicio de Cabildo Abierto, Ignacio Curbelo, y el presidente del Partido Independiente, Omar Rodríguez.

Sin embargo, su discusión fue perdiéndose en el fragor de la campaña. De acuerdo a la evolución de la consultora Factum, la intención de votos a favor mostró una caída a lo largo del año, desde el 74% del primer bimestre hasta el 56% de la última medición anunciada el 15 de octubre. Incluso antes de la elección del domingo algunos dirigentes cuestionaron la “falta de promoción” al plebiscito por parte de los partidos de la coalición.

Camy quedó como su vocero principal en medio de un clima captado por la amenaza de perder la presidencia ante Yamandú Orsi y de que resultara vencedor el otro plebiscito, impulsado por el PIT-CNT y parte del Frente Amplio, que pretendía fijar la edad de jubilación en 60 años y eliminar las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP). La envergadura que tomó esta propuesta obligó al oficialismo a apuntar los cañones hacia ese lado, con el propio presidente de la República al frente en una conferencia de prensa en horario central en donde alertó sobre los peligros de cambiar el sistema jubilatorio.

En contrapartida, Luis Lacalle Pou se refirió a los allanamientos nocturnos en algunas ruedas de prensa y sin tanta profundidad ni ahínco como lo hizo con el plebiscito de la seguridad social. Lo mismo sucedió con otras figuras del gobierno y con dirigentes de primera línea de todos los partidos de la coalición. El último estímulo quedó a merced de un breve spot emitido en cadena nacional donde hablaron Camy, Curbelo y los diputados Gustavo Zubía (Partido Colorado) e Iván Posada (Partido Independiente).

Más allá de las razones coyunturales de la campaña, las fuentes también se refirieron a debilidades discursivas: de la descripción inicial de los allanamientos nocturnos como “un elemento fundamental” en la lucha contra el narcotráfico se pasó con el correr de los meses a catalogarlo como “una herramienta más” en ese combate. “Por supuesto que no soluciona todo, no es la panacea, pero termina con la impunidad del narcotráfico”, señaló Posada en el spot a favor del plebiscito emitido la semana pasada. El propio ministro del Interior, Nicolás Martinelli, se refirió a los allanamientos nocturnos en términos similares.

Los allanamientos nocturnos, una propuesta siempre en agenda

En octubre del año pasado Zubía y el diputado Eduardo Lust —quien entonces ya había renunciado a Cabildo Abierto— presentaron un proyecto de ley interpretativa del artículo 11 para redefinir el concepto de hogar. Fue enviado a la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados, donde quedó estancado. Antes habían fracasado proyectos similares promovidos por el colorado Pedro Bordaberry en 2016 y por los blancos Sebastián Andújar, Gabriel Gianoli y Mabel Quintela en 2018.

En 2019 la posibilidad de habilitar los allanamientos nocturnos se puso a votación popular durante las elecciones nacionales como parte de un paquete más grande de medidas de seguridad pública que incluía la creación de una Guardia Nacional y la cadena perpetua revisable. Obtuvo 46,8% de apoyos. Su impulsor fue Jorge Larrañaga, que cuando asumió como ministro del Interior defendió públicamente la relevancia de permitir a la policía entrar de noche a los hogares. También lo hicieron sus sucesores, Luis Alberto Heber y Martinelli.

Camy, legislador del sector Alianza Nacional, fundado por Larrañaga, tomó la posta. A fines del año pasado, el oficialismo alcanzó 71 votos en la Asamblea General —más de los dos quintos necesarios— para autorizar el plebiscito. La propuesta fue votada por legisladores de todos los partidos salvo del Frente Amplio, que calificó la idea de “demagógica” y peligrosa para las familias porque supone una “desprotección de los hogares”.

Tras el segundo rechazo popular en cinco años y la baja de alrededor de un 10% de apoyo en la población de 2019 a hoy, en el Partido Nacional entienden que la única alternativa para habilitarlo será legislativa, en una posible negociación con el Frente Amplio. Aunque en contra del último plebiscito, la izquierda abrió indirectamente la puerta a los allanamientos nocturnos en una resolución publicada en setiembre. “Esta discusión, planteada con motivaciones electorales, no se desarrolla en el escenario más adecuado para que exista un debate franco, informado y honesto”, dice el documento, que admite que los allanamientos pueden ser utilizados “en forma dosificada y profesional” si se ponen en consideración sus “altos niveles técnicos y de complejidad”.

De todas formas, para el oficialismo será un análisis para plantear en el próximo período, ya con el presidente y las cámaras parlamentarias definidos. De acá a fines de noviembre el foco está en mantener el gobierno con un discurso electoral desapegado de los allanamientos nocturnos.