Proliferación de armas
Uno de los aspectos que preocupan a los fiscales consultados son las “garantías” de los funcionarios policiales que deberían realizar los allanamientos nocturnos, porque pueden enfrentarse a represalias de delincuentes con un alto poder de fuego, que tienen armas automáticas y semiautomáticas. “Hay una proliferación de armas”, afirmó un fiscal.
Uno de los sindicatos policiales, el Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), comparte esa inquietud. “Estamos en contra porque no vemos las garantías necesarias para los funcionarios”, dijo el vocero del gremio Ricardo González.
Los fiscales de Estupefacientes, que también son los encargados de investigar el tráfico de armamento, advirtieron el año pasado por la presencia de “armas de potencia” que antes no había, que reciben una “pequeña modificación” para que puedan efectuar 30, 40 o 50 disparos al apretar una sola vez el gatillo.
Fuentes fiscales señalaron que esa situación se torna más peligrosa en viviendas ubicadas en “zonas de pasajes” de Montevideo —donde se realizan gran parte de los allanamientos en la actualidad—, que son lugares en los cuales en vez de haber calles hay corredores y las viviendas pueden estar interconectadas.
Suele ocurrir que los hogares no tengan numeración, por lo que, para “marcarlas” en la solicitud de allanamiento a los jueces, los investigadores realizan una descripción “precaria” a partir de la información que pueden recibir de la Policía, según relataron.
Búsqueda accedió a un pedido de allanamiento que refleja esa situación. En la solicitud, que incluye órdenes de detención, el fiscal ubicó un “paradero” en “calle Pasaje sin Nombre” y la esquina, en una “finca que tiene cerramiento con muros de material de un metro aprox de altura con portón de rejas, tiene una pieza en la parte delantera pintada de color celeste con puertas verdes y construcción a un metro de material pintada de blanco”. Una segunda vivienda, en otro pasaje sin nombre, sobre la que se pedía autorización a la Justicia para su registro, se describía en la solicitud como “casa con cerramiento de tejido alambrado y malla sombra negra, con chapones de dolmenit y portón de acceso de hierro”.
El pedido de allanamiento —que luego es evaluado por un juez que resuelve si aceptarlo o negarlo— es acompañado de los fundamentos de la solicitud, que incorporan información sobre la investigación que se lleva adelante y las evidencias que se cuentan para pedir el registro y las detenciones. También se incluye en el pedido qué es lo que se pretende encontrar en el lugar. En los casos señalados se buscaban objetos robados a las víctimas y el celular de un investigado, para aclarar varias rapiñas.
Atendiendo a esta realidad, uno de los fiscales consultados por Búsqueda sostuvo que para realizar allanamientos nocturnos deberían evaluarse otros “efectos colaterales” como el riesgo de vida para los vecinos, o incluso los familiares de los delincuentes que pueden estar durmiendo en la vivienda, porque la oscuridad “acrecienta la posibilidad de error”.
“Hay que ponderar el bien jurídico tutelado y ver si amerita el riesgo de vida de otras personas”, coincidió otro investigador de Montevideo. Y agregó: “Si vas a diseñar un operativo policial en un barrio, en un lugar que es ocupado por criminales, tenés que pensar que vas a tener una reacción más violenta. Puede haber intercambio de disparos, funcionarios heridos, vecinos o transeúntes”.
Varios fiscales plantearon que la delincuencia “cambió” con relación a años atrás y que hoy la “coyuntura es otra”. Esa nueva realidad está marcada por un aumento del narcotráfico, la brutalidad de los asesinatos y la presencia de organizaciones criminales internacionales que reclutan en las cárceles uruguayas.
“Son demasiados los riesgos y poco lo que se puede lograr”, afirmó en enero de 2024 el fiscal de Homicidios de 1er turno Carlos Negro, en declaraciones a Subrayado. “El allanamiento nocturno no cuenta con evidencia que respalde buenos resultados. Al no contar con esa evidencia, asumir el riesgo de la integridad física de las personas y de los funcionarios policiales no parece ser una solución apropiada”, agregó.
Mónica Ferrero a favor
La fiscal de Estupefacientes de 1er turno, Mónica Ferrero, que está encargada de dirigir las investigaciones de tráfico internacional de grandes cargamentos de drogas y desde hace más de 25 años se dedica a temas de narcotráfico, manifestó que mantiene su postura a favor de los allanamientos nocturnos. Por ser la fiscal penal de Montevideo con mayor antigüedad, Ferrero subrogó el cargo de fiscal de Corte durante la licencia médica de Juan Gómez y volverá a hacerlo a partir de su renuncia hasta que el sistema político alcance los acuerdos para nombrar un titular definitivo. El mecanismo de subrogación está establecido por normativa.
En diálogo con Búsqueda, la fiscal aseguró que le “interesa” tener la herramienta para “los casos que realmente lo ameriten”, porque tiene investigaciones donde los criminales organizados se introducen rápidamente a domicilios —situaciones que no pueden prever— y “se hace muy necesario allanar inmediatamente”. De lo contrario, después deben permanecer los policías “rodeando la finca, y eso es mucho más peligroso”, aseguró.
Dijo que trabajó en otras fiscalías donde no serían necesarios los allanamientos nocturnos, pero está convencida de que “es muy útil” contar con la herramienta en crimen organizado, en delitos como trata de personas o secuestros. Por esa razón, consideró que “quizás habría que hacer hincapié en qué tipo de delitos” podrían realizarse, en caso de ser aprobados, una inquietud que es compartida por varios de los fiscales consultados.
“No me coloco en la postura de ser yo quien tiene que poner las condiciones, o los elementos de resguardo que haya que poner”, agregó Ferrero, con relación a la tarea de los legisladores.
“Me he preguntado cosas: ¿es para algunos delitos o es para todos los delitos? ¿Sirve para los delitos contra la administración pública?”, planteó otro fiscal. Por otra parte, uno de los 16 fiscales de Flagrancia —que investigan los casos donde se encuentra a los delincuentes in fraganti o inmediatamente después con los objetos robados, por ejemplo— señaló que en esa materia “no hay ningún caso que amerite allanamientos nocturnos” y “no correspondería”, porque en investigaciones por robos, rapiñas o lesiones, pueden ser realizados en las horas del día, que implica menores riesgos.
Cambios de modalidad
Las bocas de venta de drogas han sido planteadas como uno de los objetivos de los allanamientos nocturnos por quienes están a favor de la herramienta. Una fuente vinculada a las investigaciones por microtráfico señaló, sin embargo, que tendría que ocurrir “algo muy grave” para solicitar a la Justicia que autorice a realizar uno. Explicó que los lugares donde se comercializa droga de forma ilegal “van de la mano de las armas”, ya que los delincuentes se preparan para defenderse de la Policía y de otros grupos criminales, y eso aumenta los riesgos de que se produzcan balaceras en el marco de un allanamiento. Incluso, de día sucede que los policías deben ir a lugares “seguros” porque la zona “se vuelve hostil”, agregó otro fiscal.
La fuente vinculada al microtráfico de estupefacientes también advirtió que, de aprobarse los allanamientos nocturnos, no tiene “dudas” de que los delincuentes “se van a cuidar” y “cambiarán de modalidad” para evitar que la droga sea encontrada por la Policía y para no ser imputados por narcotráfico.
Habilitarlos por ley interpretativa
El exfiscal de Corte Jorge Díaz, quien está dedicado a la actividad privada como abogado, es partidario de los allanamientos nocturnos como una herramienta para los fiscales, pero está en contra de un cambio en la Constitución. En octubre de 2023, en entrevista con el programa En la mira de VTV, señaló que un plebiscito era “una medida para conseguir votos” y que “hay otras soluciones como que el Parlamento dicte una ley interpretativa”, especifique el concepto de “hogar” presente en la Carta Magna y “lo que no es hogar” para “habilitar el mecanismo que se pueda realizar un allanamiento en horas de la noche en aquellos lugares que no son hogares”.
Esta posible salida había sido planteada por Eduardo Bonomi como ministro del Interior, y hubo dos proyectos de ley que también lo propusieron: uno presentado por los diputados Eduardo Lust y Gustavo Zubía y otro por los senadores blancos Sebastián da Silva y Sergio Botana.
Los textos habilitaban a que, si el “hogar” era utilizado para cometer delitos, perdería la protección que le confiere el artículo 11 de la Constitución. Sin embargo, ninguno de los dos fue aprobado y los allanamientos nocturnos serán puestos a consideración de los ciudadanos uruguayos, que podrán habilitarlos a través del plebiscito en las próximas elecciones nacionales de octubre.
