Para algunos senadores oficialistas, la renuncia de Gómez y la llegada al cargo de Ferrero produjo la situación inversa. En la coalición hay más conformidad con Ferrero y algunos legisladores nacionalistas lo explicitaron. El senador Sergio Botana dijo en una rueda de prensa en agosto que la salida de Gómez era una “gran noticia”, dado que había dejado “hacer cualquier cosa” y “politizado” la Justicia del Uruguay. Ferrero, en cambio, contó con el beneplácito desde el arranque de, entre otros, el exministro del Interior Luis Alberto Heber y la senadora Graciela Bianchi.
El Frente Amplio eligió no hacer críticas expresas a Fiscalía ni apuntar tan directamente a Ferrero, pero algunos elementos dejan claro que existe una mayor distancia con la gestión de la fiscal. Primero, el mecanismo por el que accedió de forma subrogante a la Fiscalía de Corte solo fue votado por la coalición oficialista. Una crónica de El País publicada en febrero de este año relata cómo un cambio introducido en el Senado por la Rendición de Cuentas de 2021 terminó creando como mecanismo de designación de fiscal subrogante al fiscal penal de Montevideo con mayor antigüedad, que por entonces ya era Ferrero. Esto motivó que el senador oficialista Charles Carrera dijera en sala que el cambio era votado con “nombre y apellido”. Ese mecanismo podría ser cambiado a través de una modificación legislativa.
Además, Ferrero —que al mismo tiempo es la titular de la Fiscalía de Estupefacientes de 1er turno— se ha expresado en varios temas clave de forma abiertamente opuesta al Frente Amplio. Así lo ha hecho cuando se expidió a favor de los allanamientos nocturnos en los hogares, en el marco del plebiscito impulsado por el oficialismo, o cuando rechazó realizarle una pericia internacional al celular de Astesiano, que había sido solicitado por la fiscal del caso, Sabrina Flores.
Aunque no depende de ella, también causó ruido en la fuerza política el pedido de desafuero del senador Charles Carrera que la fiscal Silvia Porteiro hizo a un mes de las elecciones. En su momento, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que la solicitud era “rara”, pero que no correspondía cuestionarla.
Por el momento, la integración de la Fiscalía no ha estado arriba de la mesa en la campaña electoral, y la idea de buena parte de la coalición de crear un triunvirato tampoco fue incluida en el compromiso programático que firmaron, “Gobernar entre todos. Compromiso país”. El triunvirato fue una propuesta realizada por el diputado Gustavo Zubía en 2020, que lo materializó en un proyecto de ley con otros legisladores colorados, y que consiguió respaldo de otros senadores y representantes del resto de los socios de la coalición.
Jorge Díaz durante una conferencia de prensa en la Fiscalía General de la Nación. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Jorge Díaz durante una conferencia de prensa en la Fiscalía General de la Nación.
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La composición del Senado obliga a negociar
Los diálogos y las negociaciones en el actual período respecto al tema fueron fluidos durante los dos primeros años, pero no llegaron a buen puerto. Quienes encabezaron las negociaciones, los exsenadores Lucía Topolansky por el Frente Amplio y Penadés por el Partido Nacional, abandonaron el Senado por diferentes motivos y eso complicó aún más las negociaciones. Carrera quedó a cargo de las negociaciones por el Frente Amplio tras el alejamiento de Topolansky, pero luego de que Penadés fuera expulsado del Senado en octubre de 2023, tras su imputación por 21 delitos sexuales, nadie tomó su lugar como negociador.
En ese momento, blancos y frenteamplistas habían encontrado un preacuerdo para que la jueza Graciela Gatti ocupara el cargo, pero la propuesta no prosperó porque causó malestar en colorados y cabildantes. Además, a la par también se barajaba la posibilidad de que Díaz ocupara uno de los futuros cargos vacantes como ministro de la Suprema Corte de Justicia, lo que provocó aún más rechazo en Cabildo Abierto.
La normativa establece que el fiscal de Corte debe ser designado por el Poder Ejecutivo, con venia de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, que para su aprobación requiere tres quintos de los votos. Triunfe quien triunfe en el balotaje del domingo 24 de noviembre necesitará negociar con el otro bloque para nombrar un titular. En caso de ganar Yamandú Orsi, precisará obtener el apoyo de otros dos senadores, porque contará con los votos de los 16 senadores electos y el de la vicepresidencia. En tanto, con una victoria de Álvaro Delgado la coalición tendrá los 14 apoyos de los legisladores electos y el de la vicepresidencia, por lo que necesitará cuatro votos extra.
Una iniciativa del Poder Ejecutivo
Uno de los argumentos que utilizan desde la oposición para cuestionar al oficialismo es que la propuesta de un titular debe surgir desde Presidencia. Durante todo el período “no hubo ningún movimiento, ninguna propuesta, ninguna convocatoria formal o informal a la negociación”, dijo a Búsqueda el exfiscal de Corte Jorge Díaz, cuyo nombre suena para ser ministro de Justicia en caso de un gobierno frenteamplista, de concretarse la creación de la nueva cartera.
Para Díaz, “hay una confusión conceptual en el proceso de discusión”, porque “quien tiene que proponer es el Ejecutivo” y enviar la solicitud de venia al Senado.
“Sentí que no hubo desde el gobierno, particularmente del presidente, voluntad para buscar acuerdos”, dijo en la misma línea la reelecta senadora frenteamplista Sandra Lazo, que además objetó los “ataques” que recibió la institución, “un día sí y otro también”.
Por esta razón, Díaz dijo que si el Frente Amplio resulta electo para liderar el próximo gobierno, buscará que “rápidamente” se inicie un proceso de negociación para nombrar a un fiscal de Corte titular, porque entienden que es una “anomalía" la prolongación en el tiempo de subrogantes en el cargo. “Hay absoluta disconformidad con la permanencia de subrogantes, porque es un cargo demasiado importante como para que quede en manos de un interinato”, agregó.
De cara al futuro, Díaz consideró que “hay cosas que discutir” y “analizar soluciones del derecho comparado”, como la regulación del procedimiento de los tiempos para la designación de los fiscales de Corte. “Podría pensarse en establecer un plazo para que el Poder Ejecutivo proponga un nombre”, en caso de que el cargo esté vacante, ejemplificó, y señaló que otra “cuestión a analizar” es la reducción de la extensión del mandato del titular del Ministerio Público. La legislación vigente determina que dura 10 años, pero el exfiscal de Corte opinó que es “excesivamente largo”, aunque aclaró que esa posición no fue discutida en la interna del Frente Amplio.
Durante la actual legislatura, el diputado colorado Conrado Rodríguez presentó un proyecto de ley para acortar el tiempo que debe permanecer en funciones el fiscal general de la Nación, a seis años como máximo.
Fiscalía General de la Nación
Sede de Fiscalia General de la Nación en Montevideo.
Javier Calvelo / adhocFOTOS
¿Un fiscal de carrera?
A través de un documento elaborado para presentar a los principales partidos políticos con representación parlamentaria antes de la primera vuelta de las elecciones, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, que nuclea a más del 90% de los fiscales, planteó como principal prioridad para el próximo gobierno la designación de un fiscal de Corte, porque la institución “está acéfala” desde hace tres años. Los fiscales plantean que el organismo “debe estar debidamente consolidado con una jerarquía definitiva” para poder establecer estrategias de corto, mediano y largo plazo.
Para los funcionarios del Ministerio Público, el cargo debe ser ocupado por un fiscal porque “un fiscal de carrera reuniría todos los elementos necesarios para conducir la institución, por su conocimiento de los problemas, necesidades y desafíos”. Sin embargo, fuentes frenteamplistas señalaron que lo ven “complicado”, porque entienden que es difícil que un fiscal reúna consensos.
Entre legisladores del oficialismo, no se descarta ninguna posibilidad, aunque varios han dicho que lo mejor es que el puesto sea ocupado por un fiscal de carrera y no por alguien de otro ámbito.
Mientras tanto, varios legisladores coalicionistas se aprestan a seguir de cerca lo que ocurra con el futuro de la institución. En ese grupo están, entre otros, los senadores Bianchi, Botana y el diputado Zubía. Por su parte, el senador colorado electo Pedro Bordaberry dijo a Búsqueda que la designación del nuevo fiscal debe ser un tema a abordarse rápidamente en el próximo gobierno y que volverá a insistir con la propuesta del triunvirato.
De manera pública pero también en privado, algunos legisladores de la coalición se mostraron preocupados por el perfil “dialoguista” que viene tomando en algunas declaraciones Bordaberry, lo que quedó especialmente latente cuando propuso en una entrevista con Desayunos Informales que Díaz pudiera colaborar en políticas de lavado de activos. El comentario más explícito fue el del diputado Felipe Schipani en la red X, que dijo que a Díaz “no hay que darle ni un vaso de agua” en un eventual gobierno de coalición, pero la sugerencia del expresidenciable colorado también hizo ruido en algunos legisladores nacionalistas.
