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Tras reanudar la coordinación, senadores acuerdan acelerar leyes sobre Defensoría, eutanasia e ingreso a intendencias
Otros proyectos que la bancada oficialista quiere aprobar este año, como la creación de un comisionado para la infancia y cambios al control del lavado de activos, suscitan más reparos entre blancos y colorados
Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.
Conscientes de que el Presupuesto demandará casi toda la atención una vez que ingrese en la Cámara Alta, la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) definió esta semana cuáles serán los proyectos de ley que priorizará aprobar antes de fin de año. En la reunión de bancada de este lunes 15, los legisladores oficialistas debatieron sobre a cuáles proyectos darán celeridad y acordaron una “hoja de ruta” hasta diciembre. Detrás de estas iniciativas pondrán las energías de negociación con la oposición, en un contexto en que la aprobación de leyes es más trabajosa debido a la ausencia de mayoría en la Cámara de Representantes.
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Según contaron fuentes de la bancada a Búsqueda, hay tres proyectos que el oficialismo aspira aprobar antes de que ingrese el Presupuesto al Senado —ahora en discusión en Diputados—, a mediados de octubre. Estos son la descentralización de la Defensoría Pública, la legalización de la eutanasia y la regulación de los ingresos en los gobiernos departamentales. Se trata de iniciativas que, más allá de algunas discrepancias puntuales, tienen el apoyo de la oposición y están encaminadas en las respectivas comisiones, aunque se prevé que se hagan ajustes a los textos antes de aprobarlos y elevarlos al plenario.
Además, los legisladores oficialistas definieron otros proyectos “prioritarios” que intentarán aprobar antes de que termine el año legislativo. Se trata de iniciativas que están “más verdes” y que van a implicar un mayor desafío de negociación con la oposición. Entre ellas se incluyen el proyecto impulsado por la senadora Blanca Rodríguez para crear la figura de un comisionado parlamentario para la infancia, la creación de una universidad de la educación, la modificación de la normativa sobre lavado de activos y la designación de un nuevo comisionado parlamentario para el sistema penitenciario.
Esta “hoja de ruta” con los proyectos prioritarios para el oficialismo —en particular los que quiere acelerar antes del Presupuesto— fue comunicada por el coordinador del FA, Daniel Caggiani, a las bancadas blancas y coloradas ese mismo lunes en la reunión de coordinación, la primera desde que ese espacio se suspendiera el 20 de agosto.
Legisladores opositores dijeron a Búsqueda que están de acuerdo con acelerar el tratamiento de los tres proyectos más prioritarios y que reúnen consenso entre todas las bancadas, aunque ponen en duda el respaldo a las demás iniciativas.
El espacio de coordinación institucional entre las bancadas del Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado se reanudó este lunes 15 tras la decisión de oficialismo y oposición de archivar el tratamiento de eventuales sanciones a los senadores Sebastián da Silva y Nicolás Viera. La oposición había decidido retirarse en protesta porque el oficialismo planteó analizar la aplicación del artículo 115 de la Constitución al senador Da Silva por los insultos que profirió a Viera durante la interpelación al ministro de Ganadería, pese a que este ya había pedido disculpas.
Aceleran el estudio de proyectos sobre Defensoría e intendencias
El texto que legaliza la eutanasia ya tiene media sanción de la Cámara de Representantes y no está previsto hacerle modificaciones relevantes en el Senado. En la reunión de coordinación se conversó sobre no repetir la convocatoria de delegaciones que ya concurrieron a dar su opinión sobre el proyecto en Diputados para no extender su tratamiento en la Comisión de Salud. Se acordó el “compromiso” de votarlo en comisión en los primeros días de octubre.
El proyecto de ley que regula el ingreso a las intendencias y establece que las contrataciones deben ser por concurso, también con media sanción en Diputados, logró encaminarse tras una propuesta presentada por el Congreso de Intendentes que recogió el acuerdo de los jefes comunales de todos los partidos. La Comisión de Constitución del Senado, que tiene a estudio el proyecto, creó una subcomisión para acelerar su tratamiento. El objetivo es aprobar un texto que equilibre el proyecto que salió de Diputados —que los intendentes y senadores de la comisión consideran que restringe demasiado las posibilidades de contratación— y el que propuso el Congreso de Intendentes, demasiado “flexible”, al habilitar un 4% de ingresos directos y otras excepciones. Además, los legisladores acordaron que retirarán del texto la propuesta de los intendentes de incluir a los entes autónomos en la regulación.
En la Comisión de Constitución se creó también otra subcomisión para apurar el estudio del proyecto de ley que propone transformar a la Defensoría Pública en un servicio descentralizado —con independencia del Poder Judicial (PJ)—. La iniciativa recoge consenso en la oposición, aunque hay dudas sobre eventuales inconstitucionalidades que fueron advertidas por especialistas. En concreto, las preocupaciones refieren al artículo 239 de la Constitución, que establece que le corresponde a la Suprema Corte de Justicia, máximo tribunal del PJ, “nombrar a los defensores de oficio”, norma que choca con el texto actual. La estrategia es que la subcomisión trabaje en una nueva redacción que salve ese problema a partir de lo que plantearon los constitucionalistas que concurrieron al Parlamento y que se apruebe en el plazo de unos 30 días.
Oposición en desacuerdo con crear más “burocracia” para la infancia
Otras iniciativas legislativas darán más trabajo al oficialismo. El proyecto para crear una nueva figura en el ámbito parlamentario que se ocupe de velar por los derechos de niños y adolescentes y supervisar a las instituciones que se dedican a su cuidado no convence a la oposición. La senadora Rodríguez concurrió en agosto a la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión a exponer sobre su iniciativa. Tras eso, senadores blancos y colorados dijeron a Búsqueda que las bancadas no están de acuerdo en crear “más burocracia” y a priori no acompañarán el proyecto. Incluso dentro del oficialismo, pese a que la bancada definió promover el proyecto, tampoco hay consenso sobre la conveniencia de crear esta nueva institucionalidad, un tema que fue discutido en una reunión de bancada tiempo atrás, según supo Búsqueda. Hoy en el oficialismo consideran que todavía está “verde”, aunque buscarán aprobarlo antes de fin de año y buscar apoyos en la oposición en Diputados.
Sobre la universidad de la educación, algunos senadores de la oposición se han manifestado a favor y otros en contra. El punto principal de discordia, que ha hecho fracasar esta iniciativa en períodos anteriores, es la gobernanza de la institución. “Estamos dispuestos a conversar y negociar”, dijo un senador oficialista a Búsqueda. El proyecto plantea crear la universidad como ente autónomo, para lo que se requieren dos tercios de cada cámara. Para alcanzar esta mayoría especial, el FA necesita cuatro votos más en el Senado y 18 más en Diputados.
Otra prioridad es el proyecto de ley que envió en junio el Poder Ejecutivo para cambiar varios artículos de las normas que regulan el combate al lavado de activos. Esta iniciativa, que está a estudio de la Comisión de Hacienda, recoge opiniones divergentes en la oposición, que quiere escuchar la opinión de expertos, como la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad de la República, antes de posicionarse.
Por otra parte, la Asamblea General tiene por delante la designación de un nuevo comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, ante el cese de Juan Miguel Petit tras dos mandatos. “Estamos para analizar los nombres que nos proponga la oposición”, dijo un legislador oficialista, quien contó que en el Frente Amplio acordaron no hacer propuestas individuales de candidatos, sino acordarlos previamente en la bancada. Es que para nombrar un nuevo comisionado necesitan una mayoría de tres quintos de los votos de la Asamblea General, por lo que necesitarán de un amplio acuerdo con la oposición.
