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Uruguay se suma a la denuncia contra Venezuela en la Corte Penal Internacional para ampliar la “presión” contra Maduro
Organizaciones internacionales consideran la decisión positiva; los antecedentes de Uruguay son escasos, al punto que en 2014 el gobierno se bajó a último momento de ser copatrocinador de una denuncia contra el líder sirio Bashar al Assad
El gobierno resolvió seguir un camino con pocos antecedentes en la diplomacia uruguaya. Mientras la crisis en Venezuela se profundiza, Uruguay prepara los argumentos jurídicos y los documentos formales para sumarse a la denuncia contra el presidente venezolano Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI).
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“El régimen está en una huida hacia adelante, está endureciendo la represión, con violaciones sistemáticas de los derechos humanos, muertos, secuestrados, desaparecidos, torturados, y nos pareció oportuno explorar todos los caminos posibles para que haya una salida democrática y que los responsables queden aislados”, dijo a Búsqueda el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini. “Entendimos que sumarnos a esta denuncia con nuevos elementos es otro paso para ampliar esa presión internacional”.
Dos meses después de las elecciones presidenciales, cuyos resultados son cuestionados por la amplia mayoría de los países de la región, Estados Unidos y la Unión Europea, la situación en Venezuela sigue deteriorándose.
El régimen de Maduro, a quien los órganos electorales y judiciales controlados por el oficialismo dieron ganador, decidió avanzar sobre los opositores. A la represión en las calles, sumó la decisión de la Fiscalía de presentar una denuncia contra el opositor Edmundo González, quien presentó datos y documentación que dan indicios claros de que fue el ganador.
En sucesivas declaraciones, que acompañaban los hechos en Venezuela, Uruguay no reconoció los resultados anunciados por el gobierno, argumentó que González obtuvo más votos, rechazó la represión en ese país y también la decisión de perseguir judicialmente al opositor. Ahora se sumará a la denuncia en la CPI.
Edmundo Gonzalez
Edmundo González saluda en un acto de campaña, el 10 de julio de 2024, en Puerto La Cruz (Venezuela)
EFE
La situación en Venezuela ya es objeto de análisis por parte de la Corte. En 2018, varios países de la región —entre ellos Argentina, Perú y Canadá— remitieron el caso, sobre el que la Fiscalía avanzó pese a los reparos del gobierno de Maduro.
La represión en Venezuela desde las elecciones de fines de julio es “brutal”, dijo a Búsqueda la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus. La organización difundió este miércoles un informe en el que detalla que recibió “reportes creíbles sobre 24 asesinatos en el contexto de protestas”. HRW investigó esas denuncias y pudo comprobar el uso de violencia excesiva de las fuerzas de seguridad y de grupos paraestatales conocidos como los “colectivos”.
Consultada acerca de si cree que es una buena idea que Uruguay se sume a la denuncia que tramita la CPI, una propuesta del senador blanco Javier García, Goebertus respondió que “es fundamental” que más países sigan ese camino. Sostuvo que la comunidad internacional debe seguir ejerciendo presión para evitar que Venezuela siga el “camino autocrático” de Nicaragua. “Se necesitan organizaciones sociales locales fuertes y una presión internacional que genere incentivos suficientes” para forzar a las autoridades venezolanas a cambiar el rumbo. “Lo último que podemos hacer es dejar solos a los venezolanos que reclaman un cambio”.
Tamara Taraciuk, directora de Diálogo Interamericano, coincidió con Goebertus. “La situación en Venezuela es grave, en cuanto a la escalada represiva y el fraude”, dijo a Búsqueda.
“El hecho de que Uruguay, o cualquier democracia, se sume a lo que hace la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es darle respaldo político a mecanismos legales que elevan el costo de la represión”, sostuvo Taraciuk. Recordó que a la hora de pensar en una salida, es necesario establecer “incentivos” y combinarlos con la “presión internacional” para que se abran fisuras en el “régimen autoritario” de Maduro.
El caso sirio
La última vez que Uruguay tomó una decisión similar fue una década atrás, cuando estuvo a punto de ser copatrocinador de una denuncia contra el presidente de Siria, Bashar al Assad, por violaciones reiteradas a los derechos humanos del pueblo sirio y crímenes de lesa humanidad.
En 2014, Uruguay firmó una carta junto con más de 50 países en la que solicitaban al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que refiriera la situación de Siria, donde se acumulaban decenas de miles de muertes por un conflicto interno que, además, empujó a millones al exilio. La nota estaba acompañada de un proyecto de resolución a ser votado por ese organismo. En aquella ocasión, sin embargo, el entonces canciller Luis Almagro ordenó a último momento retirar a Uruguay de la denuncia, reconstruyó Búsqueda con fuentes de Cancillería.
Con el caso de Maduro, el gobierno está decidido a avanzar, informó el lunes 2 El País, y no prevé cambios de posición a último momento.
