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El Estado quiere controlar mejor su ciberseguridad, pero algunos organismos enfrentan falta de personal especializado
La Rendición de Cuentas obliga a que los organismos públicos informen cada año sobre cómo protegen sus sistemas; en el Poder Judicial solo dos técnicos se encargan de la seguridad
El Estado busca reforzar el control sobre la ciberseguridad de sus organismos mientras algunas instituciones enfrentan problemas para conseguir y retener personal especializado. La Rendición de Cuentas incorpora una nueva obligación para las entidades públicas. Cada año deberán informar sobre el estado de su seguridad informática.
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El planteo fue explicado por Cristina Zubillaga, directora ejecutiva de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), durante la comparecencia de la Presidencia de la República ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, el 7 de setiembre. Zubillaga se refirió al artículo 22 del proyecto, que busca mejorar el cumplimiento del Marco de Ciberseguridad vigente desde 2023.
“Lo que se busca es que cada uno de los organismos pueda avanzar de acuerdo con el nivel de madurez que tenga”, explicó. La propuesta establece que en marzo de cada año cada organismo deberá presentar un informe a su autoridad correspondiente y que ese documento deberá llegar a Agesic dentro de los 60 días siguientes. El reporte deberá incluir “el grado de cumplimiento” del marco, “las oportunidades de mejora” y “las notificaciones de seguridad de alta criticidad recibidas”, detalló Zubillaga.
El informe también deberá contener “un plan de acción que incorpore una priorización e implementación de los controles de seguridad de mayor relevancia” que cada organismo deberá implementar. Según Zubillaga, el objetivo es mejorar la protección de la información mediante “el incremento en la inversión, la mejora en la planificación de las medidas de seguridad y las estrategias de remediación”.
La directora de Agesic contó por qué consideran necesario incorporar esta obligación. “No tenemos, normalmente, la suficiente cultura en los organismos de que se debe invertir en la ciberseguridad”, dijo ante los senadores. Según explicó, muchas inversiones tecnológicas se hacen sin incorporar de manera suficiente la seguridad informática.
“Necesitamos que no solamente los responsables de seguridad de cada organismo, sino también las direcciones generales o las autoridades de cada organismo, tomen conciencia de lo que implican los aspectos de la ciberseguridad y se tomen consideraciones presupuestales en la planificación anual”, añadió Zubillaga.
Poder Judicial.
Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS
Dos técnicos en ciberseguridad en el Poder Judicial
El caso del Poder Judicial apareció pocos días después, durante una audiencia de la misma comisión del Senado. El 11 de setiembre, Gustavo Gómez y Patricia Nieves, representantes de la Asociación de Informáticos Judiciales, contaron las dificultades que enfrenta la informática del Poder Judicial.
Gómez señaló que el organismo tiene dificultades para conseguir y retener personal especializado. Según explicó, “los técnicos están muchos años para ascender por concurso, porque no hay cargos. Todo eso genera una desmotivación, y origina que se vayan a otros organismos del Estado”. También dijo que los escalafones de Informática y Tecnología quedaron fuera de algunas partidas que reciben otros funcionarios del Poder Judicial. “Necesitamos aumentar en algo los sueldos y, sobre todo, acceder a partidas que tienen el resto de los funcionarios del Poder Judicial”, afirmó.
Sobre a la ciberseguridad, Gómez dijo que hay dos técnicos para atender toda la sección. También detalló que una sola persona se encarga de la telefonía IP, “que conecta las 500 sedes del Poder Judicial”.
“Hoy en día todo pasa por la informática, desde una orden de allanamiento hasta las conexiones con la Fiscalía, la Policía o los juzgados de familia especializados; y cada vez tenemos menos técnicos”, indicó.
El conocimiento de las bases de datos
Nieves contó que tienen otro problema en el área de bases de datos, donde hay una sola persona que “se iba a jubilar en febrero y se quedó un tiempo más. Explicó que allí “se guarda toda la información del Poder Judicial”, por lo que consideró que se trata de “una situación crítica”. Si no ingresa nuevo personal, “no vamos a poder avanzar”, agregó.
Los informáticos judiciales contaron que llevaron los reclamos a la Suprema Corte de Justicia. Gómez explicó que la Corte incluyó dos artículos con sus pedidos en su propuesta presupuestal, pero que no fueron incorporados al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento.
El decreto había sido aprobado a fines de 2025 para reforzar la seguridad informática de la administración pública después de varios incidentes que habían afectado a organismos como el Banco Hipotecario, la Administración Nacional de Educación Pública, la Corte Electoral, el Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica.
La norma estableció, entre otras obligaciones, la implementación de autenticación multifactor y la elaboración de un inventario de los sistemas y servicios expuestos en internet. También exigió que los organismos enviaran informes mensuales a Agesic.
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