Una de las medidas propuestas consiste en darle participación a las Fuerzas Armadas en las tareas de Inteligencia para apoyar a la Policía en el combate al crimen organizado, afirmó a Búsqueda Radaelli, excamarada de armas de Manini Ríos: “Es indispensable que participen las Fuerzas Armadas por los recursos humanos que poseen, pero además por la misión que tienen para aportar en inteligencia y volcar todo eso en un plan nacional que fortalezca las operaciones contra el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos”.
En una reciente entrevista en Radio Internacional de Rivera, recogida el lunes 8 por el portal digital de su sector, La Gaceta de Los Pueblos Libres, este teniente coronel retirado, especializado en temas de seguridad, anticipó su postura. “No estoy de acuerdo con que las Fuerzas Armadas trabajen en las operaciones contra el narcotráfico, por ejemplo, porque eso implica otras cosas. Ahora, sí creo que dentro de las Fuerzas Armadas hay gente, tanto en actividad como en retiro, muy capacitada en el área de inteligencia como para poder trabajar en el área”, dijo.
Radaelli planteó dos “puntas” de acción. “Básicamente, la punta principal de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado es un buen trabajo de inteligencia”, dijo. La otra, prosiguió, es tecnológica.
Más allá de Manini Ríos, el líder natural de Cabildo Abierto, Radaelli es el único dirigente de esa colectividad que se perfila como precandidato, y hasta se permite cuestionar la conducción partidaria en ciertos temas.
Cabildo ya ha empezado a elaborar su programa de gobierno y esta semana hubo contactos entre Radaelli y Marcos Methol, que es quien se ocupa de la coordinación del programa para considerar los documentos internos, entre los que destaca la seguridad pública, área en la que se desempeña la extitular del Inisa.
De Olivera se sumó al partido de Manini Ríos en 2019, en la última campaña electoral, participó en la elaboración del programa y fue responsable del vínculo con la prensa. Hoy tiene experiencia en temas de seguridad local y participó en actividades fuera del país, como El PAcCTO (Programa de Asistencia contra el Crimen Trasnacional Organizado), un proyecto de cooperación internacional financiado por la Unión Europea —con un presupuesto de US$ 17 millones cada cinco años— para promover la seguridad ciudadana y el Estado de Derecho en América Latina.
En ese ámbito, destacó que el vínculo “más fuerte” que tiene Uruguay es con Italia, por su “lucha antimafia”. “Los italianos lideraron el ámbito penitenciario y son nuestra referencia en el tema por su experiencia de lucha antimafia”, explicó. “Es triste cuando uno lee que les están enseñando protocolos antibalas a los niños en las escuelas de los barrios”, contó, al aludir a un informe de Búsqueda sobre escolares que aprenden a hacer cuerpo a tierra en los CAIF de Montevideo al norte, y justificar la propuesta de un plan de acción contra la delincuencia organizada.
Plan
El plan nacional contra el crimen organizado que propone el Espacio de los Pueblos Libres se basa en cinco pilares, comentó De Olivera. Uno es “el fortalecimiento del sistema judicial”, apuntando a la protección de jueces y fiscales, pero también a “uniformizar las leyes” y “alinearlas a la normativa internacional, regional y europea, porque el crimen organizado no tiene fronteras, es global, y debemos tener un sistema de justicia común”, dijo.
“Las leyes deben estar unificadas para trabajar de forma ágil, porque los estados son muy lentos y, donde le des medio metro al crimen organizado, avanza, y está avanzando muy rápido”, avisó.
El segundo pilar y “fundamental” es “potenciar la inteligencia en el Estado”, con profesionales vinculados al Ministerio de Defensa, dijo, “como militares retirados que saben mucho del tema”, punto sobre lo que abundó Radaelli. “Hay dos conceptos que van unidos para nutrir el área de operaciones en el combate al narcotráfico y al crimen organizado: inteligencia y tecnología de punta”, aseguró, y abundó. “Hay recursos humanos suficientes en el país, tanto personal (militar) en actividad como retirados a los que recurrir: profesionales de las cuatro fuerzas: Ejército, Fuerza Aérea, Armada y, por supuesto, la Policía. Y a eso dotarlo de tecnología punta, en sentido amplio, como una herramienta para alimentar esa inteligencia”.
Radaelli también propuso crear un organismo especializado en crimen organizado, narcotráfico y lavado de dinero. “Ese organismo debería integrarse con miembros de las Fuerzas Armadas, Fiscalía y profesionales especializados en distintas áreas para potenciar la acción policial contra el crimen”. Según Radaelli, “la Policía está capacitada —de repente hay que formarla en algún aspecto específico, indicó– para hacer las operaciones”.
“Yo no creo que haya que involucrar a las Fuerzas Armadas en las operaciones. Pero sí involucrar a las Fuerzas Armadas en lo que es inteligencia y apoyarlas con tecnología de punta”, insistió.
En esa línea, el senador y presidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, opinó que los militares no deben ocuparse de la seguridad pública. En una entrevista el pasado diciembre con Búsqueda, Domenech descartó que su partido promueva una mayor participación militar en esa área. “Nosotros no somos partidarios de que los militares intervengan en la seguridad interna”, dijo, y consideró que eso sería una “falta de respeto” a la autoridad policial. “Hay policías muy capaces y honestos, y podemos confiar en ellos”.
El plan refiere asimismo a “un mayor fortalecimiento de las capacidades estatales de coordinar diferentes dependencias públicas en la obtención y el análisis de los datos” sobre crimen organizado.
De Olivera contó una anécdota de su paso en el Inisa para dimensionar la falta de información unificada: “Si pedía cifras como intentos de autoeliminación, el equipo de salud me daba un número y el equipo de psicotécnicos y psicólogos me daba otro… Ni siquiera cruzamos datos con el Ministerio del Interior. Y si eso pasa a escala de Inisa, que es chica, ¿qué pasa a escala mayor?”
De ahí destacó la necesidad de contar con un sistema de información “fidedigno, sistematizado y uniformizado”. Es básico, resumió: “Vivimos en la era de la inteligencia artificial y acá estamos en la Edad de Piedra”.
Otro pilar del plan implica “innovar el sistema carcelario”, que incluye “un control específico sobre los narcos” privados de libertad. “Ahí sabemos cómo trabajan, cómo operan, cómo captan reclusos y siguen manejando todo” desde prisión, comentó la exfuncionaria. Propuso “crear una academia de capacitación continua y permanente para dotar de formación específica a los operadores de los centros de privación de libertad en el trato con los criminales”. La idea es “que los funcionarios sepan cómo pararse y tratar a este tipo de población vinculada al crimen organizado”, indicó.
De Olivera y Radaelli también proponen “un blindaje de todos los poderes del Estado para fortalecer las políticas anticorrupción, que requieren de mayores recursos económicos y humanos para actuar”. Esto en línea con lo planteado por la abogada Gabriela Di Longo que preside la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), nombrada por Cabildo Abierto. “Hay que quebrarle, romperle las finanzas al crimen organizado mientras no pueden transparentar ese dinero que obtienen de manera ilícita”, dijo la exjerarca del Inisa.
En sus casi cuatro años al frente de una plantilla de más de 1.900 funcionarios para atender a unos 300 internos promedio, en 13 centros de privación de libertad para jóvenes en conflicto con la ley penal, De Olivera exhibió algunos resultados “alentadores” de su gestión: bajó la reincidencia 12% entre 2018 y 2022, el promedio diario de horas de encierro cayó a casi la mitad, de nueve a 4,5 horas –incluidos los años de pandemia–, y los intentos de autoeliminación descendieron en más de un 80% desde 2019 —cuando hubo 181 casos; llegando a siete en 2023–, sin registrarse ningún suicidio desde 2020.
Parte de estas políticas es la que los cabildantes proyectan trasladar al sistema carcelario de adultos. De hecho, el Inisa presenta un alto porcentaje de mayores de edad —el 40%, según la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh). La mayoría de los jóvenes ingresan al instituto con 17 años. Según la ley, quienes cometen delitos siendo menores no pueden cumplir su pena en una cárcel de adultos y deben hacerlo en dependencias del Inisa, por lo que cuando pasan a ser mayores de edad siguen allí.
Y la cifra de internos adultos aumentará “significativamente” en los próximos años, vaticinó De Olivera, que apoya la idea de crear un centro especial para esas poblaciones, jóvenes de entre 18 y 25 años, inspirada en los “institutos intermedios” que existen en otros países o módulos diferenciales en las cárceles de adultos. La Ley de Urgente Consideración (LUC) elevó de cinco a 10 años la pena máxima que puedan cumplir los menores en casos de delitos graves como homicidio intencional, abuso sexual o violación.
Cero tolerancia
En la entrevista con la emisora radial de Rivera, Radaelli abundó sobre el rol que deben cumplir las Fuerzas Armadas en la sociedad: “El tema es que hay visiones tan dispares con respecto a lo que se pretende de las Fuerzas Armadas y visiones tan hemipléjicas con temas ideológicos que así no se puede avanzar”, dijo. “Las Fuerzas Armadas son parte del Estado, parte de la patria, parte de esta sociedad. Entonces, no se las puede mirar más con colores políticos”.
Sobre las operaciones contra el crimen organizado con base en inteligencia de las Fuerzas Armadas, Radaelli dijo a Búsqueda: “Esas operaciones tienen que hacerse bajo el concepto de tolerancia cero, eso tiene que quedar claro. No podemos dejarle ninguna vía libre al narcotráfico. Sin tolerancia cero, por más inteligencia que se haga, vamos a seguir perdiendo contra el crimen organizado”. También recordó que Cabildo Abierto no tiene ningún integrante dentro del Ministerio del Interior. Ha hecho propuestas que se han escuchado, pero no se han llevado a cabo, indicó, y consideró que ya es hora de que los tomen en serio.
Información Nacional
2024-01-17T21:54:00
2024-01-17T21:54:00
