El Instituto Uruguay XXI informó que en enero las exportaciones habían repuntado casi 8% frente a un año atrás, un indicio positivo que se fue consolidando mes a mes (con aumentos, incluso, de dos dígitos). “Lo peor” del impacto de la pandemia “habría quedado atrás”, dijo por esos días la ministra Azucena Arbeleche en una conferencia en la que actualizó proyecciones para la economía: el crecimiento en 2021 sería de 3,5% (en lugar del 4,3% estimado antes). La frase la había usado antes, prematuramente.
El 1° de febrero se pasó a un cierre parcial de las fronteras al levantarse la barrera para los uruguayos que viven afuera y también a los extranjeros con residencia en el país.
Lacalle Pou regresó de Brasilia contento con el respaldo de su par, Jair Bolsonaro, a la idea de “flexibilizar” el Mercosur, que dé permiso a negociar comercio abierto con terceros. El paraguayo Mario Abdo fue más tibio cuando estuvo en la residencia presidencial de Punta del Este. Pocos días antes, en Buenos Aires, a los 90 años murió Carlos Saúl Menem, uno de los signatarios del tratado que dio origen al hoy desteñido bloque.
El presidente y la intendenta frenteamplista de Montevideo cortaron la cinta inaugural de la Unidad Agroalimentaria Modelo, que centralizó parte de la comercialización fruti-hortícola. Mientras se apagaba la polémica política por la administración de ese nuevo mercado, se encendía otra por la extensión —hasta el 2081 y con más ventajas— de la concesión en el puerto a la multinacional belga Katoen Natie, que como parte del acuerdo con el gobierno multicolor desistió de demandar al Estado. El Frente Amplio criticó al oficialismo por ese arreglo, activando incluso una causa penal ante sospechas de ilícitos de jerarcas.
Justo cuando Uruguay enfrentaba un rebrote de casos de coronavirus, en la noche del 25 de febrero un avión de LAN depositó en Carrasco las primeras 192.000 dosis de Sinovac y el video de la llamada de Lacalle Pou en la que le agradecía por su tarea a la controladora aérea, se hizo viral en redes sociales. Los vacunadores y otro personal de la salud fueron los primeros en poner el brazo, en una campaña que fluyó y fue lo que empezó a cambiar el panorama. En tanto, en Argentina las prórrogas hacían eterno el encierro y, con la economía parada, el 40% de la población quedó sumergida en la pobreza; más adelante los argentinos descargarían su enojo contra el oficialismo peronista, primero en las PASO (internas) y después en las elecciones legislativas.
Marzo empezó con niños que volvían a los salones de clase y un balance de Lacalle Pou en el Parlamento de su primer año en el mando; seguía de “luna de miel” con la mayor parte de la ciudadanía (un 64% de aprobación según Cifra).
Por esos días, cuando también se cumplía un año de los primeros casos de Covid en el país, un brote en ámbitos políticos afectó al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), a varios legisladores y murió el alcalde blanco Andrés Abt, de solo 47 años y con una carrera prometedora. Y con la cepa P1 circulando (después llegarían la delta plus y la más reciente ómicron) y fiestas clandestinas en Maldonado, los contagios diarios volvieron a romper récords y las camas en los CTI comenzaron a llenarse; el Poder Ejecutivo suspendió las clases presenciales, cerró clubes, gimnasios y las termas, y los shoppings acortaron su horario. La economía, que por entonces se conoció que en todo 2020 se había contraído 5,9%, tuvo un cierto repliegue.
Algunos planes reformistas siguieron su curso. Con votos solamente del oficialismo y el delegado empresarial, una comisión diagnosticó los padecimientos de la seguridad social uruguaya y más adelante hizo propuestas como materia prima para una sensible ley de reforma que ocupará a los políticos durante gran parte del 2022.
La cumbre presidencial virtual, que debía ser una celebración por los 30 años del Tratado de Asunción que unió al Mercosur, pareció el principio de un divorcio. “Si somos un lastre, tomen otro barco”, le reprochó el argentino Alberto Fernández a Lacalle Pou a través de la pantalla. El bloque quedó casi tan trancado como el canal de Suez cuando el gigantesco buque portacontenedores Ever Given encalló y cortó el paso al comercio mundial en esa zona durante varios días.
El constante aumento desde marzo de la recaudación tributaria y los 12.382 vehículos nuevos vendidos en el primer trimestre —un incremento de 46% frente a igual lapso de 2020— daban ánimo a las autoridades económicas después del susto por la ola de contagios que había elevado a 11,1% el desempleo en febrero.
En abril Rafael Michelini también quedó desocupado: en Caras & Caretas dijo que si no se daba más plazo para juntar firmas contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) habría aglomeraciones cuando fueran a los barrios; el Frente Amplio, que hablaba de una realidad “crítica” en materia sanitaria, lo echó de su secretaría política.
Por entonces hubo jornadas con casi 3.800 nuevos contagios y unos 80 fallecidos, mientras se superaba el millón de vacunados con la primera dosis; colorados y cabildantes reclamaban medidas de restricción a la movilidad y apoyo económico. Unos días después la ministra Arbeleche informó que el gobierno destinaría en 2021 un total de US$ 900 millones del Fondo Coronavirus para ayudar a los sectores afectados por la pandemia y Lacalle Pou anunció un plan de “trabajo solidario” para crear 15.000 empleos tras reunirse con los líderes de la alianza multicolor. Edgardo Novick, del Partido de la Gente, salió en la foto pero después volvió a desaparecer de la escena política.
Relevos y confianza
Mayo empezó con el cese del ministro Pablo Bartol tuiteado por Lacalle Pou y el nombramiento de Martín Lema en su lugar en Desarrollo Social. Otra sorpresa fue, días después, la muerte de Jorge Larrañaga por un paro cardíaco que forzó otros movimientos en el gabinete: Luis Alberto Heber pasó a Interior —aunque siguió en la primera línea en la polémica por la concesión de la terminal de contenedores en el puerto— y José Luis Falero, que era número dos en la OPP, lo relevó en Transporte y Obras Públicas.
Mientras en el Banco Central (BCU) celebraban que la inflación anual a abril había caído a 6,8% —entrando por primera vez en tres años en el rango objetivo— y anunciaban un plan a largo plazo de desdolarización, en el Ministerio de Economía festejaban como una señal de confianza en el país la emisión de bonos en pesos a tasa nominal y la reapertura de otro en dólares.
La ministra Arbeleche se fogueó en una interpelación defendiendo el decreto que dio exoneraciones fiscales a una inversión del estudio profesional del director de la OPP; ella dijo que se apegó a las normas. Él, en acuerdo con el presidente, renunció al beneficio pero no al cargo, como exigía, por razones de “ética”, el Frente Amplio.
El 3 de junio la fintech dLocal, creada por emprendedores uruguayos, pasó de “unicornio” a multiplicar varias veces su valor cuando empezó a cotizar sus acciones en la bolsa Nasdaq. Hubo algarabía en Nueva York y en Montevideo.
El dato de una caída del Producto Bruto Interno (PBI) en el primer trimestre respecto al mismo período de 2020, conocido por entonces, ratificó la percepción de que la economía se recuperaba con dificultad. Después de haber aplazado algunos meses la decisión para tratar de no frenar la reactivación productiva, el Poder Ejecutivo resolvió un aumento de 12% en los combustibles bajo un nuevo esquema para “transparentar” los sobrecostos de Ancap; las tarifas comenzaban a entrar en la agenda política.
Otro tuit presidencial notició un relevo ministerial: de Ganadería salió el desgastado Carlos María Uriarte y entró Fernando Mattos. Y bajo un clima incómodo, similar a cuando se fue Messi del Barcelona, en julio se disolvió el Grupo Asesor Científico Honorario —adepto a las metáforas futboleras— ya con la situación sanitaria y económica algo más calma: los funcionarios públicos regresaron a las oficinas y se habilitaron los espectáculos, una experiencia con aforos y tapabocas que más avanzado el año permitió volver a ver a Jaime Roos sobre un escenario.
Arbeleche regresó al Parlamento, esta vez junto con el ministro de Salud, para defenderse en una interpelación ante la acusación de “muertes evitables” lanzada por una oposición frenteamplista que, días después, salió de la depresión poselectoral tras entregar —junto con el PIT-CNT y otras organizaciones sociales— las cajas de papeletas con unas 800.000 firmas para recurrir en las urnas parte de la LUC.
Mientras algunos se emocionaban viendo en la tele a una dupla de remeros uruguayos que terminó sexta en los Juegos Olímpicos de Tokio, en julio arrancó la novena ronda de los Consejos de Salarios después de un año “puente” para cruzar la incertidumbre por la pandemia. Los trabajadores, ansiando recuperar salario perdido, y los empresarios y el gobierno, reclamando mesura en las aspiraciones.
A partir de agosto se habilitaron las fiestas con baile entre vacunados y el presidente anunció una reapertura de las fronteras en etapas; desde noviembre pudieron entrar los extranjeros y en ese primer mes llegaron unos 94.000 que gastaron en el país US$ 74 millones (Búsqueda No 2.154). El BCU entendió que la economía ya no precisaba tanto estímulo monetario y comenzó a subir la tasa de referencia, aunque varios la consideraron una decisión apresurada.
A mediados de agosto detonó una granada política en el Ministerio de Turismo. Búsqueda informó sobre acusaciones cruzadas entre el titular de esa cartera, Germán Cardoso, y un alto jerarca —también colorado— que fue cesado tras denunciar supuestas irregularidades en los gastos (No 2.136). Tratando de reducir daños para la coalición, Lacalle Pou y el expresidente Julio María Sanguinetti acordaron sacar a Cardoso, quien luego, desde su banca en Diputados, promovió una investigación parlamentaria del caso, mientras el trabajo periodístico hacía famosa a una fantasmagórica empresa estonia involucrada en negocios con Turismo.
Tarifas, TLC y referéndum
Setiembre comenzó con una baja de algunos centésimos en el litro de la nafta y del gasoil con un nuevo esquema de fijación de tarifas más transparente, que en los meses siguientes perdió credibilidad: aunque debían subir ante el petróleo encarecido, por decisión política los precios fueron mantenidos alegando que Ancap tenía ganancias extraordinarias.
El mismo día que El Salvador logró prensa mundial no por guerrillas o maras, sino al ser el primer país en darle curso legal al Bitcoin —un criptoactivo que en 2021 dejó de ser tema solo por nerds de las finanzas—, en la Torre Ejecutiva Lacalle Pou dio una de las noticias del año. Informó que el gobierno chino aceptó discutir un eventual tratado comercial y comenzó a analizarse su factibilidad. “El Uruguay pasa hoy de las palabras a la acción (…) para empezar a abrirse al mundo” y “generar prosperidad”, dijo en una conferencia de prensa. “Dos veces el tren no lo vamos a dejar pasar”, agregó, aludiendo a la decisión del Frente Amplio, en 2007, de quedarse en el andén cuando estaba la chance de negociar con Estados Unidos. El respaldo empresarial al anuncio del presidente —y a su gobierno en general— se paseó por la Expo Prado. También Turquía surgió como un posible firmante de un TLC con Uruguay.
Como el volcán por esos días reactivado en Islas Canarias, la coalición multicolor hizo erupción por planteos de los cabildantes de Guido Manini Ríos en torno a los asentamientos y al uso de las reservas —reforzadas con un desembolso especial del Fondo Monetario Internacional—, y después, para dar prisión domiciliaria a los mayores de 65 años, incluidos los violadores a los derechos humanos recluidos en Domingo Arena. Al mismo tiempo, la oposición rearmaba filas: Fernando Pereira renunció al PIT-CNT para candidatearse en las elecciones del Frente Amplio, que en diciembre mejoraron la participación respecto a las anteriores y lo dieron como aplastante ganador. Más apática se mostró la ciudadanía semanas después al votar a los directores “sociales” en el BPS, donde la sorpresa fue el triunfo del postulante empresarial por Un Solo Uruguay.
El BCU informó que la economía uruguaya había tenido un rebote de 11,3% en el segundo trimestre, al comparar con un año atrás —cuando empezaba la “emergencia sanitaria”—, y la recuperación continuó en el tercero (5,9% de aumento interanual). A fines de octubre el 73% de las empresas aseguraba haber vuelto a niveles de actividad “normales” o de “prepandemia”, según una encuesta de la consultora Exante. Algunos grandes hoteles reabrían, ilusionados con una próxima temporada parecida a las de antes. Pero en Europa la reactivación era amenazada por nuevos confinamientos frente a una ola de contagios con ómicron. Eso, junto con la crisis del gigante inmobiliario chino Evergrande, causó inquietud en los mercados financieros mundiales.
Desde el Ministerio de Economía anunciaron futuros cambios impositivos para sacar al país de una lista en la que por esos días fue puesto por el Consejo de la Unión Europea porque “aún no cumple con todas las normas fiscales internacionales pero se ha comprometido a aplicar los principios de buena gobernanza” en esa materia (No 2.143). Otras adecuaciones vendrán a partir de un gravamen mínimo global a las multinacionales, acordado en 2021, que desafiará los regímenes usados por Uruguay para atraer inversión (N° 2.145).
En noviembre Brasil bajó 10% el arancel común —otro síntoma de desunión del Mercosur—, aunque en Montevideo el único interés en torno a los brasileños parecía ser cuánto gastarían los que llegarían para las finales de copas continentales disputadas ese mes en el Estadio Centenario. Para entonces, el maestro Tabárez se fue por la puerta de atrás y dirigentes fantaseaban con traer a Marcelo Gallardo (finalmente, Diego Alonso será DT para el sufrido desenlace de las eliminatorias mundialistas).
Noviembre cerró con la decisión de la agencia DRBS de pasar de “estable” a “positiva” la perspectiva de la calificación de la deuda pública. Y en diciembre FitchRatings sacó de la zona de riesgo al investiment grade de Uruguay. Días antes el gobierno volvió a hablar de confianza en el país tras emitir bonos “Samurai” en el mercado japonés. Las autoridades económicas también se congratularon por la baja del desempleo a 8% en octubre (y luego a 7,4% en noviembre, aunque los salarios acumularon una pérdida de 1,9% de su poder de compra), así como de la cantidad de pobres a 10,2% de la población en el primer semestre de 2021.
En diciembre hubo conflictos sindicales en el puerto, en el BROU y en Ancap, mientras una discusión por el color de las papeletas estrenaba la campaña por el confirmado referéndum contra 135 artículos de la LUC.
Entre inauguraciones y fotos con surfista, empresarios de turbante en Catar y cascos azules en el Congo, Lacalle Pou debió apagar fuego dentro de su coalición, premonitorio de los bosques incenciados días después. Ante el alineamiento de Cabildo Abierto y el Frente Amplio para aprobar una ley que topeó la forestación en buenas tierras, impuso el veto presidencial. Manini Ríos ya había tirado un fósforo sobre las hojas secas cuando acusó a sus socios de “tibios” para encarar esos y otros cambios que reinvidican sus cabildantes.
A la vez que los nuevos contagios de Covid empezaban a crecer en Uruguay por la más transmisible variante ómicron —pero sin disparar la ocupación de los CTI gracias a las vacunas—, el ministro de Salud debió gestionar el desenlace de la larga crisis de Casa de Galicia. El concurso de acreedores de esa mutualista fue el más grande, por su pasivo, entre los 52 que se presentaron a lo largo del año que acaba de pasar (Búsqueda No 2.155).
Con el PBI habiendo recuperado los niveles de la prepandemia, un crecimiento de las exportaciones de 43% frente a 2020, una baja del déficit fiscal anual a noviembre de 4,4% del PBI y la inflación en 8% en todo 2021, el año económico para Uruguay terminó mejor de lo que empezó. Sin el Covid como una preocupación excluyente —más allá de la incertidumbre por la nueva ola de contagios—, en el 2022 el gobierno querrá empezar a concretar el programa multicolor y contentar a los cabildantes, mientras mide fuerzas con los sindicatos y la oposición frenteamplista, ya no tan lejos de las elecciones.
