Pasaportes
Una luz roja se prendió cuando detectaron una organización que se dedicaba a falsificar documentos para que rusos obtuvieran la ciudadanía uruguaya, a partir de una advertencia recibida en 2021 desde el exterior. Recién en setiembre del año pasado el tema cobró fuerza a nivel judicial a partir de la detención de un ciudadano ruso con un pasaporte apócrifo, detectado en la Dirección Nacional de Identificación Civil. A partir de su arresto, las autoridades llegaron al resto de los involucrados en la maniobra, entre ellos al exjefe de la custodia presidencial.
Por el caso de los pasaportes fueron acusados Astesiano, el escribano Álvaro Fernández, su pareja Patricia Medina, los rusos Alexey Slivaev y Roman Karpov, y el exconsul Stéfano di Conza.
El excónsul uruguayo en Rusia fue imputado el 25 de noviembre de 2022 por 14 delitos de fraude y 14 delitos de suposición de estado civil. La fiscal lo acusó de formar parte de la organización que falsificaba partidas de nacimiento para que rusos obtuvieran la ciudadanía uruguaya y luego el pasaporte. Di Conza permaneció en prisión hasta el 6 de febrero, pero logró salir tras el pago de una fianza de US$ 25.000. El juez Alejandro Asteggiante también dispuso que el imputado no pueda salir del país ni comunicarse con varios funcionarios del consulado y de la embajada. El primer caso documentado de adulteración de partidas de nacimiento es del 2013, luego de que Di Conza comenzara a cumplir funciones en Moscú.
Fernández, Medina y Karpov fueron acusados de cometer los delitos de suposición de estado civil y adulteración de documentos, al estar involucrados en la red criminal. Según supo Búsqueda, el escribano permanece en prisión en la cárcel Campanero de Minas y está prevista una audiencia por su caso para después de Carnaval. Si bien la defensa evalúa proponer la realización de un acuerdo abreviado con la Fiscalía, Fernández tiene dudas de aceptar. Su pareja, que estaba al tanto de las maniobras e incidía en alguna de las actuaciones, salió de la cárcel y pasó a cumplir prisión domiciliaria, mientras que Karpov alcanzó un acuerdo con la Fiscalía. Fue condenado a 19 meses de prisión en régimen de libertad a prueba, tras admitir la comisión de un delito de uso de documento falso y suposición de estado civil.
En el caso de Slivaev, su defensor, Javier Tadea, presentó el cese del patrocinio, según confirmó a Búsqueda. Lo mismo había hecho en diciembre su abogado anterior, Alberto Rojas. Tadea planteó que había ofrecido su trabajo para alcanzar un acuerdo abreviado entre el imputado y la Fiscalía, que había sido también ofrecido por Fossati, pero Slivaev “dice que es inocente, que no tiene participación y que irá a juicio”. “Ir a juicio no es algo que esté entre mis planes”, aseguró el defensor. El ciudadano ruso permanece en prisión preventiva en la Unidad Nº 1, en el mismo sector que Astesiano.
La investigación de la maniobra de los pasaportes alcanzó al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado y al prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, quienes debieron declarar como testigos, por ser mencionados por Astesiano en conversaciones con otros integrantes de la banda que falsificaba documentos uruguayos.
El despacho de Astesiano, ubicado en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva, era utilizado por la organización delictiva para gestionar parte de esas maniobras, desde que fue contactado para cumplir el rol de “facilitador”, por su acceso a funcionarios en puntos estratégicos del Estado. En la sede del la Presidencia, Astesiano mantuvo reuniones con Fernández, quienes en las conversaciones de WhatsApp que mantenían utilizaban la palabra “cumpleaños” para referirse a los pasaportes. Si bien el ex jefe de la custodia presidencial recibió un pago de US$ 10.000 como adelanto por su actividad y recibió documentación que debía “facilitar o agilizar”, “no realizó ninguna gestión efectiva para el grupo”, según establece la acusación fiscal. Por esa razón, el delito de suposición de estado civil por el que habría sido imputado, no formó parte del acuerdo abreviado con el que recibió la condena.
La investigación de la maniobra de los pasaportes alcanzó al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado y al prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, quienes debieron declarar como testigos ante Fiscalía. Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS
Espionaje político
—Charles Carrera y Mario Bergara
—Ok. Q denuncia hacen?? (sic)
—La del puerto
—Bien. Lujo
—A ver la info que necesito de ellos es todo lo personal, ya que los quieren atar para que retiren la denuncia
—Biennn. Tranqui
Esa conversación por WhatsApp se dio el 18 de marzo de 2022 entre Astesiano y Marcelo Acuña, el gerente de Vertical Skies, una empresa privada con domicilio en Miami y derivó en la apertura de otra línea de investigación. La Fiscalía indaga el posible espionaje a los senadores del Frente Amplio mencionados, que fueron los protagonistas de la denuncia que presentó la oposición por el acuerdo del gobierno uruguayo y la empresa belga Katoen Natie.
El pedido de fichas con información motivó a los legisladores a presentar una denuncia penal por “espionaje político”, luego de que mantuvieran una reunión con el fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez.
Según supo Búsqueda, la fiscal Fossati tomó declaración a Acuña, Mario Panizza, CEO de Vertical Skies y al militar retirado Mario Fraud, quien tuvo una empresa de seguridad hasta que cerró por la pandemia.
Durante la comparecencia a finales de diciembre ante el Ministerio Público, Acuña, militar retirado que trabajó para la seguridad de Juan Sartori durante la campaña electoral, aseguró que lo que él hizo fue “retransmitir” a Astesiano el pedido que le había realizado Fraud y que desconocía el motivo de la solicitud. La fiscal, en tanto, le planteó que su versión no era “creíble” para alguien “entrenado” que trabajó 20 años en el Ministerio de Defensa. Fossati hacía referencia a la solicitud de información de dos senadores que asegura haber recibido sin consultar sobre las razones del pedido. Además, cuestionó que el hombre haya borrado la aplicación de WhatsApp de su celular, porque eliminar evidencia podría “jugarle en contra”. Tras reiteradas preguntas de Fossati, Acuña planteó que Fraud le dijo que los senadores recibían una coima de Montecon.
Esa declaración se contradice con la realizada por Fraud, que negó a la fiscal haberle dicho a Acuña que le pidiera a Astesiano información personal sobre Carrera y Bergara. Fraud afirmó que el hecho le llamó la atención porque no tiene “contactos políticos” o a un nivel que pudieran interesarle los datos. Según Fraud, que pasó a dedicarse al mantenimiento de edificios, cuando trascendió la noticia del pedido de las fichas con información de Bergara y Carrera, Acuña lo visitó en su casa para pedirle ayuda. Le dijo que era un “perejil”, que no estaba “metido en nada” y no iba a tener consecuencias. En ese momento, según relató a la Fiscalía, le dijo que no podía hacer nada y le pedía que se fuera de su casa, porque no quería problemas.
Según supo Búsqueda, tras conocer las declaraciones, los senadores pedirán nuevas comparecencias de los indagados ante Fiscalía, por considerar que hay elementos serios de que existió la solicitud de espionaje y que es una afectación a la democracia.
Otra de las investigaciones por presunto espionaje refiere al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. A partir de conversaciones de WhatsApp de Astesiano, divulgadas por la diaria, surgió que el ahora condenado había utilizado el sistema de cámaras de la Policía para realizarle un seguimiento sobre los momentos previos a que protagonizara un accidente de tránsito mientras conducía alcoholizado, en febrero de 2022. Esas imágenes las había compartido con Berriel. También por ese caso se había comunicado con el secretario privado de Lacalle, Nicolás Martínez, quien fue citado a declarar por la causa.
La noticia fue interpretada por el PIT-CNT como un ataque directo al movimiento sindical y evalúan qué acciones jurídicas realizarán. La fiscal Fossati dijo públicamente que no estaba segura de que se hubiera cometido un delito en ese caso.
Gabriela Fossati durante una audiencia por el caso Astesiano. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
Favores policiales
El vínculo del exjefe de la custodia presidencial con funcionarios policiales, en particular con jerarcas, se hizo evidente a través de la información publicada por varios medios, en especial la diaria, sobre las conversaciones que mantenía Astesiano. Eso llevó a la fiscal a separar de la “investigación madre” los asuntos que referían a “favores” que se intercambiaban, para indagar en posibles delitos.
Así, el número tres de la Policía, Jorge Berriel, fue imputado por tres delitos de revelación de secreto. El juez aceptó aplicarle medidas cautelares, por lo que durante seis meses no podrá salir del país, debió entregar el pasaporte y fijar domicilio. El exjerarca compartió información reservada del Sistema de Gestión de Seguridad Pública con Astesiano, para lo que no estaba habilitado, entre ellos datos de una denuncia de violación.
El día antes de que Berriel fuera imputado por la Justicia, el Ministerio del Interior anunció la remoción de la cúpula policial a Diego Fernández, quien era director de la Policía Nacional, y a Berriel, que era subdirector ejecutivo. Las autoridades argumentaron que los cambios respondieron a la necesidad de consolidar una gestión “exitosa”. El número dos de la Policía, Héctor Ferreira, había renunciado a su cargo en diciembre, tras ser vinculado con el caso Astesiano.
Por su parte, el director de Información e Inteligencia Policial, Correa, es otro de los jerarcas policiales investigados. Fue el responsable del operativo de detención de Astesiano el 25 de setiembre de 2022 en la residencia de Suárez y Reyes, algo que fue cuestionado por la fiscal, porque había ordenado que lo esperaran en el Aeropuerto de Carrasco.
Correa y Ferreira declararon en diciembre ante la Fiscalía, pero desde entonces no ha habido novedades, según supo Búsqueda.
También estuvo indagado el comisario Henry de León, titular de la Dirección General de Fiscalización de Empresas, una dependencia de la Policía Nacional. Su caso fue archivado.
El miércoles 15, la fiscal Gabriela Fossati alcanzó otro acuerdo abreviado con un policía por un delito de revelación de secreto y otro de conjunción de interés personal y del público. El funcionario confesó que había protegido al hijo de Astesiano durante una investigación penal, demorando la citación de la fiscal y ayudándolo a inventar una declaración que le permitiera zafar de la receptación de una moto. El caso había sido informado por Búsqueda. A raíz de eso y en agradecimiento, Astesiano había gestionado el traslado del funcionario policial al departamento de Rivera, su departamento natal.
Cúpula policial en el Ministerio del Interior. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
Filtraciones
La cuarta línea de investigación que abrió Fossati, en diciembre de 2022, fue para averiguar el origen de las filtraciones de la información surgida del celular de Astesiano a la prensa. La fiscal había manifestado su preocupación luego de que varias conversaciones de WhatsApp que formaban parte de la carpeta investigativa fueron publicadas en medios de comunicación, por la posibilidad de que perjudicaran a terceros o la eficacia de la investigación.
En etapa preliminar, a la carpeta tienen acceso los fiscales, los imputados, las víctimas y los defensores de ambos, por lo que la responsabilidad estaría entre esas personas. No pueden acceder a la carpeta los jueces ni personas ajenas al caso. La intención de esas disposiciones es dar garantías a la defensa de los involucrados en un juicio y aportar transparencia sobre el trabajo que realizan quienes dirigen las indagatorias.
En el caso de que la filtración provenga de un funcionario público, estaría incurriendo en un delito, aunque no así para el caso de defensores.
Para allanar el camino, la Fiscalía entregó a Fossati un informe que detalla quiénes, a qué día y horario ingresaron a la carpeta investigativa, informó la semana pasada el fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, a radio Universal.
“Eso es lo que podemos hacer y, obviamente, no encontramos ninguna situación que a nosotros nos llame la atención”, afirmó Gómez. Sin perjuicio de eso, dijo que harán “lo que se deba hacer” si la fiscal considera que “alguna de las personas que aparecen ingresando a esa carpeta investigativa no deberían haber ingresado”.
Además, dieron su declaración todas las personas que tuvieron acceso a la carpeta investigativa.
El fiscal de Corte subrogante aseguró que las filtraciones fueron de información de la que pueden “hacer uso” tanto indagados como sus abogados. “Algunos habrán hecho el uso (...) No es lo conveniente porque parecería que los famosos chats marcan lo que es la investigación, pero esa no es la realidad”, dijo Gómez.
Gustavo Leal previo a su declaración por el caso Astesiano en Fiscalía. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
Leal y la fiscal amiga
En los últimos días, Astesiano también denunció que una abogada lo visitó en la cárcel y le ofreció sus servicios bajo el argumento de que era “amiga” de la fiscal Fossati, a cargo de las distintas investigaciones, y eso derivó en una nueva indagatoria aparte, según informó El Observador y confirmó Búsqueda.
Este lunes 13 de febrero el caso le fue asignado a la fiscal de Flagrancia de 11º turno, Cecilia Bonsignore. Según indicó la propia fiscal, no será investigado por Fossati debido a que ella es la denunciante.
La representante del Ministerio Público a cargo de la indagatoria solicitó información sobre los registros de visita de Astesiano en la cárcel y su declaración ante Fiscalía donde denunció el hecho. Además, según informó a Búsqueda, le tomará declaración a la fiscal Fossati y también citará a la abogada involucrada.
El jueves 15 Fossati tomó declaración al exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Gustavo Leal. Esa línea de trabajo fue abierta por la fiscal después de que Astesiano dijera que el dirigente frenteamplista había visitado a su padre en la Barra del Chuí y le ofreciera dinero para pagarse los pasajes y visitar a su hijo.
En los últimos días, el padre y el hermano de Astesiano dijeron a varios medios que Leal nunca les ofreció dinero y que su familiar actuó por orden del presidente y otras autoridades del gobierno.
Leal prefirió no hablar sobre el tema en público hasta no declarar como testigo en Fiscalía. Le informó al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que visitó al padre de Astesiano porque lo contactaron. En la interna de la coalición de izquierda hay dirigentes molestos con Leal porque entienden que “se cortó solo” y le dio munición al oficialismo.