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“Hasta hoy —hablo de 2022— recibimos tres reportes: uno por mes. Si seguimos esta tendencia vamos a tener 12, que, más o menos, va a ser la misma cantidad de reportes que recibimos en 2021”, cuando fueron relativamente pocos, afirmó el pasado 31 de marzo el jefe de la Unidad de Análisis Estratégico de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Fernando Fuentes, ante la comisión especial de la Cámara de Diputados que trata esa temática.
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El funcionario compareció junto con jerarcas del Banco Central —del que depende la UIAF— para comentar la gestión del 2021 detallada en la Memoria Anual publicada ese mismo día. Los datos gruesos ya se conocían: en ese año aumentó el número de reportes de operaciones sospechosas (ROS) a 816, pero siguieron siendo básicamente hechos por instituciones financieras (777) y el resto (39) por agentes inmobiliarios, rematadores, escribanos, contadores y otros agentes no financieros obligados a advertir a la UIAF cuando intervienen en operaciones cuyos clientes podrían estar blanqueando capitales de origen ilícito (Búsqueda No 2.164).
En su memoria, la UIAF reiteró su preocupación por los escasos reportes provenientes de transacciones inmobiliarias. “No se encuentran justificaciones” para que la cifra sea de “tan baja significación”, especialmente cuando la cantidad de transacciones en ese sector se incrementó en poco más de 20% tanto las inscripciones de alta de compraventa como de promesas, señaló.
“Nos preocupa que los reportes del sector no financiero —en particular los vinculados con la actividad inmobiliaria— sigan siendo pocos. No es razonable que se reciban 13 reportes en un año, de los cuales seis están vinculados con la existencia de una noticia de prensa negativa” que enciende la sospecha, “y que existan siete reportes en la cantidad de transacciones inmobiliarias que se realizan en las que el escribano haya tenido alguna duda —o quien esté a cargo en la inmobiliaria— sobre el origen de los fondos. (…) Parece muy poca la cantidad de reportes que se relacionan con ese negocio”, insistió Fuentes, según la versión taquigráfica de la comisión.
Admitió que el año pasado se dio la particularidad de que hubo todo un cambio en la llamada “Secretaría Antilavado” (Senaclaft) que, además, “cayó en medio de la pandemia”, algo que “impactó mucho en la posibilidad de realizar inspecciones en forma presencial. Todo eso tuvo cierto impacto. A su vez, hubo un cambio de las personas a cargo. Todos sabemos lo que ello implica en un tema tan sensible como la supervisión. Ello trajo aparejado cierta baja en la percepción del riesgo de quien tenía que ser supervisado. Si yo veo que el supervisor no me va a supervisar, por la causa que sea, es más probable que tenga menos incentivos para reportar que cuando yo sé que si hago una transacción me están llamando a la semana siguiente para preguntarme qué hice con esa transacción; voy a tener una percepción de riesgo mayor”, planteó. Prosiguió: “Eso fue lo que comenzó a realizar la Senaclaft a fines del año pasado. Con un enfoque basado en riesgo seleccionó determinadas operaciones inmobiliarias de mayor riesgo y empezó a llamar a los escribanos para preguntarles qué sabían de las operaciones y qué documentaciones tenían sobre ellas. Sin embargo, no pasó el tiempo suficiente como para que ese proceso que recomenzó tuviese un impacto en la cantidad de ROS que se reciben desde ese sector. Esa es una de las hipótesis o de las esperanzas que nosotros marcamos en la memoria de este año. Por lo tanto, la Senaclaft comenzó a realizar esa tarea y entendemos que se van a recibir nuevos reportes. Si eso sucederá o no lo veremos el año próximo, pero es como la luz al final del túnel”.
Consultado por Búsqueda, el presidente de la Asociación de Escribanos, Diego Stirling, consideró que los notarios se están “adaptando” y “aprendiendo qué reportar y qué no”, con mayor énfasis en la “calidad” de sus ROS. En algún momento los profesionales informaban más cantidad de casos aunque no fueran realmente sospechosos, como “precaución” frente al regulador, sostuvo.
Agregó que ahora hay un “trabajo continuo” de capacitación a los notarios y ponderó la acción “quirúrgica” de tipo inspectivo desplegada en el último año por la Senaclaft, interpretándola como una mejora en la vigilancia del sector.
Por otro lado, Stirling afirmó que los escribanos procuran que “todas las operaciones” en las que intervienen “estén bancarizadas” en cuanto al pago de la transacción, apoyándose así en los equipos humanos y tecnológicos más potentes con que cuentan las instituciones financieras. “Las alarmas en los bancos suenan 200 horas antes” que en los estudios notariales, explicó.
“Difícil que se reduzca”
Esa secretaría categorizó a los sujetos obligados del sector inmobiliario y los escribanos según niveles de riesgo (menor, medio o mayor) para definir su plan de fiscalización a partir del 2021. Además, empezó a recibir información periódica del Registro de Propiedad Inmueble para programar las inspecciones.
Son 2.426 los agentes inmobiliarios, 374 los rematadores y 7.002 los escribanos registrados por la Senaclaft entre los obligados a presentar ROS.
El sector inmobiliario uruguayo ha sido evaluado como de alto riesgo para el lavado de activos. “En el sistema financiero, cuando se ve la tendencia de los reportes, con el correr de los años advertimos que aumentó: en cinco años se fueron al doble. ¿Está bien que se presenten 800 reportes en un año? ¿Tendrían que ser 1.400? No lo sé. Pero con 800 reportes y viendo la tendencia podemos estar razonablemente tranquilos de que es una cantidad normal. El tema es cuando pasamos al sector no financiero. (…) Con las actividades inmobiliarias la cantidad de reportes con respecto a 2020 fue prácticamente similar. En el caso de los escribanos, de 14 pasaron a 13. Quiere decir que no hubo una reducción significativa porque la cantidad ya era poca en 2020; más es difícil que se reduzca”, reflexionó el jefe de la Unidad de Análisis Estratégico de la UIAF.
La actividad inmobiliaria y de construcción, tanto en Montevideo como en Punta del Este, se reactivó en 2021 y en los meses más recientes, según estadísticas de permisos de nuevas obras y lo que perciben operadores de esos sectores (Búsqueda Nº 2.168).