A mediados de febrero Arbeleche y su equipo presentaron nuevas cifras macroeconómicas y proyectaron un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 3,8% para 2022, días antes de que la invasión rusa a Ucrania provocara muertes, distorsiones comerciales y produjera inflación en el mundo, que absorbió Uruguay. Como en muchos otros países, el Banco Central (BCU) empezó a constreñir la política monetaria —subiendo la tasa de interés de referencia— intentando contener la aceleración inflacionaria. También el gobierno alentó un “acuerdo de precios” entre empresarios que recibió cuestionamientos técnicos, por anticompetitivo.
En marzo, iniciando su tercer año en el mando, el presidente Luis Lacalle Pou informó ante la Asamblea General que si la economía uruguaya seguía vigorosa en 2023 propondría alivios en el IRPF y el impuesto a la renta de los pasivos, un anuncio que luego ratificó varias veces. La recaudación, que en febrero había crecido 18,3% frente a un año atrás, daba holgura a la caja del Estado.
Las agencias de viaje, todavía golpeadas por la pandemia, gritaban el gol de Giorgian De Arrascaeta ante Perú que le dio la clasificación a Uruguay al Mundial y empezaban a vender paquetes para Qatar. Ese clima futbolero se mezclaba con otro, el político: después de una por momentos virulenta campaña —que tuvo hasta una polémica acerca del uso de la imagen de la Pantera Rosa por el “Sí” a la derogación, y un soso debate televisivo entre el senador comunista Óscar Andrade y el líder cabildante Guido Manini Ríos—, el referéndum del domingo 27 de marzo por 135 artículos de la LUC terminó siendo un ajustadísimo triunfo del “No” que, pese a la derrota, sacó al Frente Amplio de la depresión poselectoral. Pasada esa instancia, la discusión de una reforma jubilatoria copó parte de la agenda, con el desfinanciamiento de la Caja de Profesionales Universitarios como problema más urgente.
Abril inició con el levantamiento de la emergencia sanitaria que había sido decretada con los primeros casos de Covid. Por esos días se supo que la economía uruguaya había rebotado 4,4% en el promedio de 2021, tras el desplome que produjo la pandemia el año anterior.
El gobierno también exhibía datos fiscales cada vez mejores —a febrero, el déficit de 12 meses cedió a 3,8% del PBI—, pero la inflación en el año cerrado en marzo ya superaba el 9%. La expresión “carestía” fue reflotada desde el PIT-CNT y el Frente Amplio, que propuso un paquete de medidas. El Poder Ejecutivo sorprendió, incluso a algunos socios de la coalición, al anunciar un adelanto de 2% del ajuste para los funcionarios públicos y de 3% para los pasivos buscando atemperar la pérdida de poder adquisitivo, a la vez que alentó a los privados a imitarlo. Por esos días, lejos de tales preocupaciones, dos uruguayos que hicieron plata creando el unicornio dLocal figuraron en la nómina de millonarios de la revista Forbes (aunque en noviembre perdieron parte de su fortuna al caer en Nueva York las acciones de la fintech tras divulgarse un reporte atribuyéndole a la compañía manejos contables fraudulentos).
Arbeleche y Paganini anunciaron para enero una rebaja en la tarifa de los combustibles. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
La “imbatible” Argentina y el TLC
En mayo las exportaciones alcanzaron un monto récord para un mes de US$ 1.541 millones y un aumento de 57% respecto al mismo período de 2021. Con buenos precios, que más adelante irían aflojando, crecían los embarques de soja, carne bovina, celulosa, lácteos y arroz.
Los comerciantes de la frontera litoraleña comenzaban a acusar el impacto de los precios “imbatibles” en Argentina que les hacían perder ventas debido a la diferencia cambiaria (Nº 2.172). En los siguientes meses Buenos Aires se transformó en un paseo de fin de semana para muchos uruguayos (hasta junio se habían realizado más de 500.000 viajes con al menos una noche de alojamiento), un flujo que disfrutaron agencias turísticas, Buquebus y algunas compañías de ómnibus.
Respaldando a otros inversores, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas aceptaba una iniciativa privada para construir una “isla” —con torres de lujosos apartamentos y un puerto deportivo— frente a Punta Gorda, proyecto que quedó congelado al instalarse una polémica política.
Al inicio de junio las cancillerías firmaron un acuerdo que permitió a la producción uruguaya realizada en zonas francas ser exportada a Brasil sin pagar ningún arancel que fue aplaudido por el sector industrial nacional. El gobierno de Lacalle Pou tendría anuncios más audaces respecto al Mercosur y la inserción externa, una estrategia que recibió elogios y algunas críticas.
El desempleo tocó un máximo en el año de 8,4% de la población activa en junio.
Aunque en un principio desde el Ministerio de Economía se dijo que sería de “gasto cero”, el proyecto de Rendición de Cuentas llevado al Parlamento el último día del mes propuso ampliar el gasto —en recuperación salarial de los funcionarios públicos, enseñanza, seguridad, vivienda e infraestructura, principalmente—: US$ 226 millones adicionales en 2023 y US$ 323 millones en 2024. Para el Frente Amplio, la iniciativa mostraba que el gobierno multicolor se había “divorciado de los problemas de la gente”.
Julio empezó con ruidos más intensos desde Argentina. Tras la renuncia durante el primer fin de semana de su ministro de Economía, el joven académico Martín Guzmán, la kirchnerista Silvina Batakis apenas duró un mes en el cargo. Luego Sergio Massa quedó como “superministro”, al frente también del área productiva; algunos anuncios iniciales enlentecieron la corrida contra el dólar y las menguadas reservas argentinas, pero la inestabilidad nunca se disipó.
En una conferencia en la Torre Ejecutiva, el 13 de julio Lacalle Pou anunció que se había pasado la prueba de factibilidad y se podía empezar a negociar un tratado de libre comercio con China (aunque el 2022 terminó sin fecha de inicio para las rondas, así como señales poco claras desde Pekín y cambios en el equipo diplomático uruguayo a cargo). En la cumbre de presidentes del Mercosur realizada por esos días en Asunción, lo mismo que la siguiente en Montevideo, Argentina manifestó su oposición a que Uruguay dé cualquier paso en solitario. Paralelamente, el bloque aprobó una reducción de 10% a su arancel común y, en aplicación de eso, en diciembre Uruguay bajó a 17,7% en promedio su impuesto de importación de mercaderías de extrazona para 8.138 posiciones arancelarias.
Al mismo tiempo que profundizaba el sesgo monetario contractivo, el BCU informó por entonces que el PBI había tenido otro rebote en enero-marzo (8,3%) al comparar con el bajo nivel de un año atrás. Mientras, poniéndole leña a esta fase expansiva, Transporte anunció un Plan Nacional de Infraestructura Vial con obras por US$ 3.300 millones en todo el período.
Cerrando julio, cuando al menos medio Uruguay estaba alborotado por el anuncio del regreso de Luis Suárez a Nacional, Lacalle Pou le entregó a sus socios de la coalición el anteproyecto de reforma jubilatoria, que tres meses después llevó al Parlamento con los ajustes negociados; el Frente Amplio adelantó su rechazo y el PIT-CNT prometió “resistencia” por entender que castiga a los trabajadores y rebajará las futuras pasividades.
En agosto la Cámara de Comercio y Servicios informó que el crecimiento de las ventas se había interrumpido en abril-junio. Pocos días antes, en Maldonado, un incendio había devorado gran parte del Punta Shopping y casi 1000 empleados fueron al “seguro de paro” especial. También se prendía fuego el ambiente político por el pasaporte uruguayo entregado al narco Sebastián Marset mientras estaba encarcelado en Emiratos Árabes Unidos y era investigado en Uruguay y por distintas agencias internacionales, un incidente que en diciembre incineró la carrera de la vicecanciller colorada Carolina Ache.
Una presunta estafa a clientes de una casa de bolsa que luego fue intervenida por el BCU hizo ruido en el pequeño mercado de valores montevideano; meses después hubo otra estafa, también sonada, en el sector de agencias de viaje, que derivó en el concurso y clausura de la empresa Transhotel.
La economía, mientras tanto, mostraba más signos de enfriamiento. El Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó que la producción industrial se contrajo 1% en julio frente a un año atrás. Ya en setiembre las exportaciones de mercaderías dejaron de crecer en la comparación interanual, y la baja se acentuó en los meses posteriores. Precios internacionales más flojos se sumaron a un dólar que en Uruguay bajó de cotización y a costos en aumento, un combo que desempolvó las quejas empresariales ante el llamado “atraso cambiario” que repicaron también durante la Expo Prado.
El BCU informó que el PBI había crecido 7,7% en abril-junio y varios analistas advirtieron que se agotaba el efecto “rebote” que surgía de comparar con un piso de actividad bajo del año anterior. Y aunque la recaudación de la Dirección General Impositiva (DGI) continuaba aumentando, el administrador de Montevideo, Portones, Tres Cruces y otros shoppings decía que el “turismo de compras” a Argentina estaba pegando en las ventas y algunos centros comerciales de departamentos limítrofes lamentaban caídas de 30% y 40% en su facturación. En ese país, su vicepresidenta, Cristina Fernández, salía ilesa de un confuso y amateur intento de asesinato. Menos suerte tuvo la exmandataria con la causa por asociación fraudulenta durante los años que gobernaron ella y su difunto marido, Néstor Kirchner, ya que en diciembre fue condenada a seis años de cárcel e inhabilitada para ejercer cargos públicos, aunque la sentencia quedó en suspenso al haber sido recurrida.
En el Cerro y en otras recorridas “cara a cara” también el presidente del Codicen recibía agresiones de gente enojada cuando les explicaba el plan de “transformación” educativa. Meses después la organización prorreforma Eduy21 anunció su disolución y criticó la falta de acuerdos políticos para ir más a fondo.
En Washington, el cubano-estadounidense que presidía el Banco Interamericano de Desarrollo fue echado por supuesto favoritismo y un noviazgo secreto con una funcionaria del organismo. En Montevideo, otro despido fulminante fue el del jefe de la custodia presidencial de Lacalle Pou tras conocerse que era parte de una red que vendía pasaportes truchos a ciudadanos rusos, si bien la investigación judicial y los chats que se fueron filtrando en los meses siguientes dejaron en evidencia que usaba su posición para múltiples “gauchadas” y otras maniobras delictivas. Así, el “caso Astesiano” puso al oficialismo en una a veces torpe actitud defensiva y pegó duro en la imagen presidencial sondeada por encuestadoras.
En la última Cumbre del Mercosur, Lacalle Pou y la entonces vicecanciller Carolina Ache, poco antes de su renuncia. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
Ollas, bono y Mundial
En los primeros días de octubre se informó que la inflación volvió a quedar cerca de los dos dígitos (9,95%) en los 12 meses a setiembre, un máximo desde julio de 2020. Mientras el Ministerio de Desarrollo Social polemizaba con la Coordinadora Popular y Solidaria sobre las ollas populares, el INE informaba que 150 de cada 1.000 hogares (15%) redujo la cantidad de alimentos consumidos por falta de dinero en los últimos 12 meses, y que el 3% se salteó ingestas o pasó un día entero sin comer. También divulgó su estimación de pobreza por ingresos: fueron 10,7% del total de personas en el primer semestre del año, frente al 10,2% en enero-junio de 2021.
Mientras, el déficit fiscal anual continuó cediendo (2,7% del PBI sin considerar los ingresos extraordinarios por los llamados “cincuentones” que volvieron de las AFAP al BPS). En parte por esa mejora en las cuentas públicas, la agencia japonesa R&I le subió la calificación a la deuda uruguaya, lo que al mes siguiente hizo, a su vez, la canadiense DBRS. Por esos días el gobierno festejó también la colocación de US$ 1.500 millones en el nuevo Bono Indexado a Indicadores de Cambio Climático, una modalidad innovadora de endeudamiento. A todo esto, el “riesgo país” de Uruguay iría cayendo hasta mínimos históricos.
En Brasil, tras una campaña argentinizada, el último domingo de octubre Lula da Silva venció en segunda vuelta al aspirante a la reelección, Jair Bolsonaro, lo que en la administración de Lacalle Pou se vislumbra como una dificultad adicional desde este enero para poder avanzar su agenda de inserción externa de Uruguay. En China, otro socio clave, el presidente Xi-Jinping era ratificado para un tercer mandato por el congreso comunista, mientras los chinos se enojaban con los nuevos confinamientos y la economía se desaceleraba.
La DGI informó que en setiembre su recaudación bruta aumentó en valores constantes, pero bajó 1% real descontados los reintegros y créditos fiscales. El dato fue admitido en el Ministerio de Economía como una señal de enlentecimiento de la actividad.
El 1° de diciembre, el canciller Francisco Bustillo llevó a Nueva Zelanda una carta pidiendo la adhesión de Uruguay al acuerdo Transpacífico, una aspiración que incluso dentro del gobierno ven con mínimas chances de éxito.
El INE estrenó el nuevo Índice de Precios al Consumo, que había quedado desactualizado en su año base y al omitir gastos hoy cotidianos para los uruguayos, como viajar en Uber o ver películas por streaming de Netflix: el primer dato fue una deflación (-0,28%) que hizo caer la tasa anual a noviembre a 8,5%. El poder adquisitivo salarial subió 0,25% hasta octubre frente a un año atrás.
Algunos patrones agroexportadores, por su parte, se quejaban por el precio del dólar, que estaba en mínimos desde principios del 2020 y afectaba la rentabilidad de los negocios. Sus gremiales llegaron a emitir comunicados públicos criticando la política monetaria, pero haciendo equilibrio para no dinamitar los puentes con el gobierno, autoproclamado proempresario. Ya por entonces las exportaciones estaban cayendo (11% en noviembre), si bien terminaron el 2022 con un monto acumulado récord sostenido por los buenos primeros meses.
Mientras los uruguayos consolaban su desazón con la mezquina “celeste” viendo a los sufridos argentinos salir campeones en Qatar, algunos datos confirmaban que la economía nacional se había desacelerado desde mediados de año. El PBI en julio-setiembre fue 3,7% mayor que en igual período de 2021, pero en la medición desestacionalizada respecto al trimestre previo se contrajo 0,1%. A su vez, la DGI informó que su recaudación virtualmente se estancó en noviembre en términos reales, lo que cortó la mejora fiscal: el déficit en los 12 meses creció al equivalente a 3,1% del Producto.
El año del referéndum por la LUC y del Mundial de Messi cerró con la muerte del Rey Pelé. También con un aumento en los contagios y fallecidos por Covid; con el Parlamento dando media sanción a la controversial reforma jubilatoria; con anuncios de descensos reales en varias tarifas públicas en 2023 y una baja para enero en los combustibles; y con el BCU poniéndole fin al ciclo de alza de la tasa monetaria subiendo 25 puntos básicos, esperanzado de que la inflación deje de ser un karma para sus autoridades en el nuevo año.
Economía
2023-01-04T16:33:00
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