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Ignacio Alonso sobre la denuncia de un grupo de clubes a jerarcas de la AUF: tiene "nula consistencia"
El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol señaló que los documentos presentados a la Justicia demuestran la transparencia de los estados contables
Ignacio Alonso en la sede de la Asociacion Uruguaya de Fútbol
El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, rechazó los argumentos de una denuncia presentada por un grupo de clubes contra él y otras autoridades de la institución. La acusación, que tramita la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3er turno, apunta a irregularidades en los balances contables y desvíos de fondos.
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La demanda fue respaldada por Tenfield y firmada por Artigas, Bella Vista, Cerro, Cerro Largo, Cooper, Defensor Sporting, Fénix, Liverpool, Progreso, River Plate, Rocha y Uruguay Montevideo. "Nuestra asociación maneja los temas económicos con absoluta transparencia y con las mayores garantías para todos. Es más que claro que si no fuera así, la denuncia sería general y masiva", indicó Alonso ayer martes entrevistado en AUF TV, el canal oficial de la institución. "Hoy contamos con el respaldo de todos aquellos que saben cómo realmente son las cosas y que están convencidos de la falsedad del argumento y la nula consistencia de la denuncia realizada", añadió.
El caso comenzó en agosto y está en manos del fiscal Gilberto Rodríguez. Uno de los principales puntos de la denuncia afirma que la AUF no incluyó en sus balances alrededor de US$ 25 millones recibidos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en adelanto por la participación de selecciones uruguayas en torneos continentales organizados por Conmebol. Los denunciantes también aseguran desconocer "en base a qué criterio se incluyen en el activo de la asociación deudas de los clubes por concepto de anticipos de utilidades de la selección que no se produjeron y que estos no solicitaron". Además, exigen saber qué significa la descripción "deudores comerciales partes relacionadas" que la AUF utiliza en documentos contables.
Dos de los directivos que lideraron el reclamo son Ernesto Dehl y José Luis Palma, presidentes de Cerro Largo y Liverpool, respectivamente, quienes criticaron a Alonso durante un reciente Congreso de la AUF y quienes también alertaron al Banco de la República (BROU) de que en julio de 2023 la AUF obtuvo un préstamo de US$ 10 millones de la Conmebol mediante la misma garantía que sustenta un fideicomiso con el BROU.
A partir de la denuncia, la AUF debió elevar a la Fiscalía distintos documentos, entre ellos los últimos estados contables. Además, el Departamento de Riesgos del BROU reclasificó el riesgo crediticio de la AUF de 2A a 4 —deudores con capacidad de pago muy comprometida— y dos integrantes del Directorio del banco han solicitado evaluar la conveniencia de suspender la línea de préstamo con la asociación.
"Nosotros trasladamos a la Justicia todos los recaudos que fueron solicitados. Estamos muy tranquilos: todo en la Asociación Uruguaya de Fútbol respecto a lo denunciado está en orden. Es falaz cada uno de los argumentos y de los planteos que se han realizado en Fiscalía. Los números, los documentos presentados, lo demuestran", manifestó Alonso en la entrevista.
El rol de Tenfield en una pelea cada vez más dura
La disputa judicial es la última de una batalla política y económica que apunta a profundizarse el próximo año. De un lado está Alonso y el Comité Ejecutivo de la AUF, que con el apoyo de distintos grupos con voto y decisión —varios clubes profesionales y amateurs, futbolistas, entrenadores y árbitros— pretende a partir del 1° de enero de 2026 firmar un nuevo contrato de televisión sin Tenfield. La empresa de Francisco Casal, propietaria de esos derechos audiovisuales desde 1998, busca forzar un cambio de posicionamiento en Alonso y cuenta con el respaldo de otras instituciones.
El último contrato firmado por Tenfield y la AUF fue en 2015 y estableció el cese de los derechos por alrededor de US$ 17 millones al año, si se suman ajustes económicos. A partir de informes encargados a consultoras internacionales, Alonso comunicó a los clubes que la negociación por los derechos debe partir de un piso de US$ 30 millones al año. Tenfield informó a sus instituciones aliadas que prevé llegar a esa cifra. Estos clubes han requerido entonces a la AUF que presente formalmente cuáles ofertas tiene sobre la mesa para empezar a encarrilar una negociación. Sin embargo, aunque ya fue contactado por empresas argentinas, españolas, estadounidenses y uruguayas, Alonso no informó oficialmente de esas ofertas porque hacerlo puede suponer una violación al actual contrato con Tenfield que le otorgue a la empresa de Casal una ventaja legal para obtener el futuro contrato.
La denuncia sobre los balances irregulares presentada a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3er turno menciona específicamente a Alonso y a la directora ejecutiva de la AUF, la contadora Victoria Díaz, a quien distintos directivos ubican como la mano derecha del presidente. "Es la sombra detrás del poder y tiene los mismos manejos amenazantes que le critican a Tenfield", describió a Búsqueda el presidente de un equipo de Primera División.
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El contrato de la AUF con Tenfield finaliza el 31 de diciembre de 2025.
Javier Calvelo/adhocFOTOS
Además de ellos dos fueron denunciados Andrea Lanfranco y Matías Pérez, miembros del actual Comité Ejecutivo que gestiona la AUF de 2023 a 2027. También Eduardo Ache, Jorge Casales y Fernando Sosa, integrantes de la anterior administración que gobernó la asociación de 2019 a 2023.
En agosto, cuando la demanda fue elevada, la estrategia de la AUF fue mantenerse en silencio, cumplir con los pedidos de la Fiscalía y dejar que el caso se decante a su favor a partir de la contundencia de los documentos. Pero el impulso público de directivos como Dehl y Palma, sumado a las decisiones tomadas por el Directorio del BROU, determinó que en los últimos días la cúpula de la AUF marque su postura.
Antes de Alonso fue Lanfranco quien participó el 4 de diciembre en una entrevista con AUF TV. "La denuncia está basada en un informe cuya interpretación es absolutamente subjetiva, que se basa en determinados parámetros y comete errores que inducen a conclusiones falsas. Todos los estados contables de la AUF están auditados y ninguna de las auditorías pudo detectar ningún faltante de nada", dijo.
Frente a un año bisagra como 2025, Alonso se reunirá en los próximos meses con el presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi. Durante el actual período de gobierno nacional, Luis Lacalle Pou se mantuvo al margen de la disputa AUF-Tenfield pese a la insistencia de directivos y clubes aliados a la empresa. No está claro que el futuro presidente mantenga ese mismo posicionamiento, especialmente por la cercanía entre Casal y el expresidente José Mujica, líder del Movimiento de Participación Popular (MPP), sector que catapultó a Orsi a la Presidencia.
Mientras analiza este paso político, Alonso obtuvo la semana pasada un pronunciamiento favorable de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), que junto a la Conmebol es uno de los sostenes internacionales de su Presidencia. El 5 de diciembre la FIFA resolvió que "la prerrogativa de ejercer la gestión y administración del fútbol profesional en Uruguay es de competencia exclusiva de la AUF".
El pronunciamiento llegó ante un reclamo de la AUF, que considera ilegítima la intención de la Liga Profesional del Fútbol Uruguayo de organizar de manera autónoma los campeonatos de Primera y Segunda División. Este ente fue creado en 2021 por un grupo de clubes que incluye como referentes a Danubio, Peñarol, Defensor Sporting y Liverpool. Muchos de ellos cercanos a Tenfield, conforman en general un ala que cuestiona el avance de poder que el nuevo estatuto de la AUF —aprobado en 2018-— otorgó a futbolistas, entrenadores y árbitros en detrimento de las instituciones profesionales.
Pretenden la validación de la Liga Profesional del Fútbol Uruguayo para manejar sus propios torneos y también negociar de forma independiente los correspondientes contratos de televisión. La liga ya fue aprobada por el Ministerio de Educación y Cultura, pero el ministerio dejó sujeto su funcionamiento a la AUF, que niega su personería y lo reforzó con la opinión de la FIFA.
