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Director frenteamplista en la Corporación Ferroviaria objeta recontratación de un asesor cuestionado
El Órgano de Control del MTOP responsabilizó al Grupo Vía Central, el concesionario de la construcción del Ferrocarril Central, por “numerosos incumplimientos” que causaron retrasos en la obra
El Ferrocarril Central a la altura de la localidad de Cardal, en Florida
La construcción de los 273 kilómetros de la vía que une la planta de UPM en Pueblo Centenario con el Puerto de Montevideo estuvo cargada de “tensiones”, como reconoció Alejandro Ruibal, representante de Grupo Vía Central (GVC). A mediados de 2021, las empresas constructoras le llevaron una advertencia al gobierno: la continuidad de la megaobra estaba en riesgo.
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El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) tenía contratada a la Corporación Ferroviaria del Uruguay (CFU) —una subsidiaria de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND)— para controlar que GVC cumpliera con la ejecución de las obras en plazos, montos y calidad. El gerente de Supervisión era el arquitecto argentino Jorge Tristán Sansone, pero el MTOP pidió un cambió en esa área. Entonces, el cargo lo pasó a ocupar el ingeniero uruguayo Jorge Kliche por un sueldo superior a los $ 800.000, más del doble que el de su antecesor.
El Ferrocarril Central fue inaugurado en abril pasado en un acto en la localidad floridense de Cardal. Por lo tanto, la tarea de supervisión ya está terminada, pero todavía queda una etapa de cierre de la obra en la que se estimará el costo final que tuvo. Por esto, el nombre de Kliche volvió a ser tema de conversación en CFU. La semana pasada, la corporación resolvió volver a contratarlo, pero esta vez como asesor, por un salario cercano a los $ 300.000 más IVA, informó a Búsqueda el director de esta sociedad por la oposición, Alfredo Asti. Él votó en contra de la resolución.
El jerarca frenteamplista cuestionó que el MTOP haya obligado a CFU a contratar a Kliche como asesor, una decisión que significó un “cambio muy drástico en la forma de controlar la obra”. El ejecutivo anterior, señaló, era un especialista en temas ferroviarios y llevaba “un control estricto de la calidad de la obra”. Con el nuevo gerente, que tuvo vínculos profesionales con UPM, “se dejó de controlar la calidad para controlar los tiempos”. Según Asti, “había atrasos importantes en la obra y se veía que no se iban a completar los plazos establecidos”.
Cálculo de los sobrecostos
Las demoras en la obra del Ferrocarril Central causaron que el concesionario pidiera una extensión de 13 meses del plazo contractual y una contraprestación cercana a los US$ 250 millones. El reclamo motivó la contratación de un mediador entre el MTOP y GVC. Las autoridades del ministerio explicaron esta instancia en el Parlamento, cuando adjudicaron los retrasos de la obra a un error en el cálculo de las expropiaciones. El ministro José Luis Falero dijo entonces que para “evitar juicios por incumplimiento” se transitó un “camino de ardua negociación” con el consorcio, que “amenazaba” con un reclamo de US$ 250 millones. “No llegamos a un arbitraje, pero estuvo cerca”, detalló su asesor ministerial Luis Ceiter.
En la negociación acordaron llegar a una segunda adenda, que le permitió al MTOP reducir el “costo extraordinario” a US$ 140 millones y derivó en la firma de una última modificación al contrato, que incluyó un nuevo aumento de las disponibilidades que por día debe pagar el Estado al consorcio. El costo final del Ferrocarril Central, según las estimaciones actuales, es de US$ 2.982 millones.
Para llegar a los US$ 140 millones que el MTOP debe pagar al consorcio el nombre de Kliche fue clave, según surge de la síntesis del proceso escrita por el mediador, Carlos de Cores, a la que accedió Búsqueda.
Kliche fue quien dio “el apoyo técnico” para formular la cuantificación de los rubros que “podrían ser atendidos”. Los retrasos considerados en los cálculos del supervisor estuvieron explicados por obras en Durazno —donde se debió conservar el patrimonio de un puente de la ciudad—, las “dificultades existentes” en la zona metropolitana y el “resarcimiento vinculado a la extensión del plazo”.
A partir del aporte de Kliche, se sumaron otras “consideraciones” que permitieron alcanzar un acuerdo por US$ 145.691.973, según surge del documento.
Consultado por Búsqueda sobre la participación del supervisor en esta estimación, Asti dijo que nunca se enteró de la contratación de De Cores para la mediación y sostuvo que el Directorio de CFU tampoco fue informado del rol de Kliche en el cálculo de los sobrecostos. “Él nos informaba todos los meses de todas las reuniones que tuvo con los organismos y nunca nos dijo que se había reunido para esta mediación. No nos dijo que dio datos para que el MTOP pagara más por el contrato”, cuestionó el director frenteamplista.
“A mi entender, todo se hizo para facilitar el avance de la obra sin las trancas que le ponía el supervisor anterior, que eran sobre la calidad de los materiales, de los rellenos. También se bajó a la mitad la cantidad de profesionales que estaban contratando a la empresa. Y todo acordado con el ministerio”, señaló.
Asti, que votó en contra de la recontratación del ingeniero como asesor, hizo saber en el directorio de la semana pasada que decidió retirarle la confianza al profesional porque entiende que tuvo una falta “por lo menos ética”. El dirigente sostuvo que le informó a la fuerza política, pero todavía no se ha expresado sobre el tema.
Advertencias del Órgano de Control
Aunque CFU es el brazo ejecutor de la supervisión, la máxima jerarquía de esta tarea la realiza el Órgano de Control, que está en la órbita del MTOP. De manera semestral, este organismo publica informes respecto a la marcha de la obra y había hecho advertencias sobre la apertura del proceso de mediación pedido por GVC.
Antes de que se llegara al acuerdo, el Órgano de Control había cuestionado los “numerosos incumplimientos por parte de la sociedad contratista respecto a los rendimientos y plazos de ejecución” que se habían establecido, dice uno de los informes al que accedió Búsqueda. Detalla que hubo “retrasos significativos en ejecución de capa de forma”, en el montaje de la vía, en la señalización y en obras en Capurro y Las Piedras, entre otros puntos que destaca.
GVU aseguraba que la obra se demoró por retrasos en la ejecución del colector Mataperros, el puente Santa Lucía, de los pasos a nivel en Montevideo, la trinchera Zorrilla y el puente sobre el río Yi, en Durazno. Sin embargo, el grupo de técnicos que integran el Órgano de Control asegura que ninguno de esos hechos fueron eventos que pudieran “afectar el cronograma de obras”.
“Los sucesos acaecidos no serían imprevisibles, sino devenidos de numerosos incumplimientos por parte de la sociedad contratista respecto a los rendimientos y plazos de ejecución establecidos”, concluye este informe del MTOP. Los técnicos sugirieron que era necesaria “la adopción urgente” de acciones “para no generar retrasos en la puesta en servicio establecida”.
En otro de los informes de este órgano, los funcionarios hacen referencia al cambio que hubo en la Gerencia de Supervisión en CFU. “Incidió en la metodología de trabajo del equipo y la información presentada”, expresa. El contrato original entre el MTOP y la corporación ordenaba una serie de tareas que dejaron de ser incluidas en los informes mensuales que se debían enviar al ministerio, según señala.