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Inversiones con incentivo fiscal: un régimen en revisión con algunas empresas usuarias repetidas
Son miles las empresas beneficiadas con ventajas tributarias a través de la Comap, aunque poco más de medio centenar han recurrido a este instrumento al menos 10 veces desde 2008, surge de datos del MEF
Gabriel Oddone en conferencia de prensa en el Ministerio de Economía y Finanzas en Montevideo
Para Uruguay, un país comparativamente chico y donde los costos productivos son altos, ofrecer estabilidad institucional y reglas claras no alcanza para incitar las inversiones: las empresas valoran el régimen que les baja la carga impositiva cuando incorporan máquinas, equipos, vehículos o hacen mejoras en sus oficinas o en las plantas productivas. Es un esquema de incentivo con costo fiscal que en los últimos tiempos se vio desbordado y que el actual gobierno pretende reformular.
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El régimen tiene base en diversas normas y la Comisión de Aplicación (Comap) de la Ley de Promoción de Inversiones es la ventanilla de entrada principal cuando una empresa pretende acceder a los beneficios de exoneración impositiva. La Comap, que actúa en la órbita del Ministerio de Economía (MEF), se encarga de analizar los pedidos y de recomendarle al Poder Ejecutivo contemplarlos o no.
Es un instrumento de larga tradición en Uruguay —la Ley de Promoción de Inversiones es de 1998, aunque hubo otros regímenes de incentivo previos—, que en los años recientes benefició a miles de empresas, muchas de las cuales utilizaron más de una vez el régimen.
Considerando datos desde 2008 hasta 2024, tres sociedades vinculadas a la finlandesa UPM —Tebetur, Cuecar y Forestal Oriental— fueron las que presentaron proyectos de inversión por mayor monto, junto con Telefónica Móviles del Uruguay, ambas con US$ 484 millones. Lakler, subsidiaria de Mitsui OSK Lines y vinculada a la frustrada regasificadora (US$ 357 millones) y la empresa del sector de energía eólica Aguas Leguas (US$ 285 millones) les siguen en la lista que analizó Búsqueda.
En 2024, casi un tercio de la recaudación resignada por el fisco por tratamientos impositivos preferenciales estuvo explicada por incentivos a la “inversión, descentralización y desarrollo” del tipo Comap, según datos del MEF. Por la vía —principalmente— de créditos sobre los impuestos a la renta empresarial y el patrimonio, eso significó un “gasto tributario” o de resignación de recaudación equivalente a 2,1% del Producto Interno Bruto.
Los beneficiarios de la promoción
El mantra del ministro de Economía, Gabriel Oddone, es que Uruguay debe crecer a tasas más altas que el promedio reciente —de poco más de 1% en la última década— y que, para ello, la inversión es clave.
En abril informó que en lo que iba del año se habían presentado 7.000 planes de inversión a la Comap aspirando a ser beneficiados con exoneraciones impositivas. “Tenemos un atraso de 3.500 proyectos para dar respuesta por el incremento que hubo. Se duplicaron los proyectos este año”, señaló.
El MEF publica con cierto rezago las estadísticas con el listado de proyectos enviados por la Comap al Poder Ejecutivo con recomendación positiva, lo que da paso a una resolución. La última información difundida corresponde a enero-setiembre de 2024 y suma una inversión por US$ 1.256 millones.
Hace pocas semanas, el senador Gustavo Salle recibió del MEF un pendrive con un archivo Excel en respuesta a un pedido de información suyo. El líder de Identidad Ciudadana solicitó la “lista taxativa de proyectos beneficiados al amparo de la Ley 16.906 (Ley de Promoción de Inversiones) y su monto de dinero en el período comprendido entre 2005-2024”, aunque los datos que le proporcionaron empiezan en 2008.
De esa planilla surge que en todo ese período se beneficiaron 10.878 proyectos, que tuvieron una inversión asociada global de US$ 23.745 millones.
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Algunas empresas han presentado más de un plan ante la Comap, y en ciertos casos —medio centenar— más de 10, aunque solamente una superó los 20. La tienda de indumentaria Los 4 Ases obtuvo 26 aprobaciones en total, con una inversión asociada algo superior a los US$ 12 millones.
Entre las firmas que lograron beneficios para más de una decena de proyectos figuran, entre otras, PwC, LDC Uruguay, Construcciones Viales y Civiles, Rondilcor, Veltomar, Arcos Dorados, Supermercados Disco, Pinturas Inca, Fábricas Nacionales de Cerveza, Banco Santander, Sanary, San Roque, Unilam, Proquimur y Retop.
Son, en general, empresas de mediano o gran porte y que actúan en sectores competitivos, por lo que es razonable que ejecuten inversiones en activos fijos de manera relativamente frecuente y por montos significativos.
Como usuarias de este régimen de promoción de inversiones, durante esos años también aparece alguna empresa que ya cerró. Por ejemplo, Yazaki Uruguay accedió a los beneficios dos veces en 2012, otra más en 2022 y la última en enero de 2024. Un año después esta autopartista cesó su actividad en las plantas de Colonia y Las Piedras aduciendo “altos costos de producción” y elevada conflictividad con su sindicato.
Hacia una Unidad de Inversiones
La reforma del régimen Comap que tiene a estudio actualmente el MEF apunta a corregir los “problemas grandes de gestión” encontrados por las autoridades que entraron tras el cambio de gobierno, según dijo a Búsqueda en julio el asesor ministerial Álvaro Lalanne.
Para resolver eso y también reconsiderar aspectos más de fondo del régimen, se puso a trabajar a un equipo del ministerio liderado por Isabella Antonaccio, directora nacional de Zonas Francas. Parte de la solución implicará un cambio institucional: en el proyecto de Ley de Presupuesto que irá al Parlamento este mes se va a convertir esa dependencia en una “unidad de inversiones”, como una unidad ejecutora específica para atender las inversiones, que incluirá las zonas francas como régimen promocional, había adelantado Oddone.
El ministro aclaró que la intención no es recortar los incentivos, sino que tiene el siguiente propósito: “Saber (en) qué estamos invirtiendo, dónde queremos invertir y que el lugar donde estamos destinando recursos públicos es el mejor desde el punto de vista del potencial económico y el que tiene menos distorsiones en términos de equidad social”.
