El Índice de Política para micro, pequeñas y medianas empresas (pymes) evalúa las tendencias regionales y los avances en el diseño, la implementación y el impacto de las políticas que afectan a este tipo de firmas, que constituyen el 99,5% del entramado productivo en América Latina y el Caribe, y representan aproximadamente el 60% del empleo formal. Elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (Sela), tuvo su primera edición en 2019 y otra ahora, en 2024, incorporando el apoyo a la transformación digital como nueva dimensión.
Según el estudio, Uruguay logró mejoras “significativas” en seis de las siete dimensiones que también habían sido evaluadas en 2019, posicionándose por encima del promedio regional y “mostrando su compromiso con la adopción de las recomendaciones previas”. Agrega que este progreso “está respaldado por una amplia gama de servicios de apoyo a las pymes”. También elogia el “notable desempeño en la nueva dimensión digitalización”. En contraste con eso, señala que las principales oportunidades de mejora siguen estando en el área de acceso al financiamiento, en la que Uruguay “podría beneficiarse del aprendizaje entre pares, así como de su capacidad de monitoreo y evaluación para mejorar la eficacia general de sus intervenciones políticas de apoyo a las pymes”.
Uruguay tiene un “mandato político claramente asignado, una estrategia de desarrollo a medio plazo para las pymes, una agencia independiente que trabaja junto con el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) responsable de la aplicación de las políticas, y mecanismos eficaces para las consultas publico-privadas. No obstante, podría revisar su estrategia de desarrollo de las pymes (2020-2025) a la luz de la crisis económica desencadenada por la pandemia del Covid-19 y la posterior fase de recuperación con vistas a una nueva estrategia. De cara al futuro, Uruguay podría reforzar aún más sus programas y servicios de desarrollo de las pymes para seguir mejorando y convertirse en uno de los países con mejores resultados” entre los nueve abarcados en la investigación.
El índice comprende ocho dimensiones y 29 subdimensiones, que son abarcadas a partir de una combinación de indicadores cualitativos y cuantitativos. Las puntuaciones tienen una escala de 1 (la menor) a 5 (la más alta).
En cuanto al marco institucional, Uruguay puntuó con 4,22 en la edición de 2024; el estudio lo resume como “bien estructurado”. Además, el país “ha contenido con éxito el tamaño de su sector informal en comparación con otros países latinoamericanos, atribuido a la aplicación de regímenes fiscales flexibles. Sin embargo, la capacidad de monitoreo y evaluación “puede mejorarse para aumentar la eficacia general de sus intervenciones políticas de apoyo a las pymes”.
Por otro lado, como indica la puntuación de 1,87, el entorno operativo de las pymes “sigue estando marcado por importantes cargas administrativas”, afirma el estudio. Evalúa que las acciones iniciales de reforma regulatoria se llevaron a cabo en el marco del plan Transforma Uruguay. Sin embargo, cuestiona, desde su finalización en 2021, “no se ha puesto en marcha ningún nuevo plan’”, y se toman medidas “únicamente caso por caso”. Sobre este punto, aconseja al gobierno “considerar la creación de una red de ventanillas únicas”.
A su vez, la carga fiscal administrativa para las pymes en Uruguay es “relativamente ligera” en comparación con otros países de la región, con una puntuación de 3,5 en la subdimensión de facilidad para declarar impuestos. No obstante, hay una “elevada” frecuencia de pagos al fisco al año (20). Además, si bien estas empresas “disfrutan inicialmente de un tipo reducido del impuesto sobre la renta”, se “encuentran con un aumento significativo del tipo impositivo” al transicionar al régimen normal del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE).
Uruguay obtuvo una puntuación de 3,08 en la dimensión relativa al acceso a financiamiento. Esto combina el hecho de que, en comparación con otros países de la región, aplica una regulación relativamente laxa en relación con el porcentaje de garantía exigido para los prestamos a medio plazo a las pymes y cuenta con un catastro funcional accesible al público en línea. También está plenamente operativo un registro de garantías reales sobre bienes muebles.
El estudio observa que no existe “ninguna normativa especial en el mercado de capitales para las pymes”, más allá del recientemente promulgado reglamento sobre emisiones simplificadas con oferta pública. Además, remarca que tampoco hay una “sección o mercado separado en el mercado de valores para estas empresas de pequeña capitalización, y no hay ninguna estrategia” para ayudarlas a recurrir a la bolsa para obtener fondeo. La OCDE, CAF y el Sela hacen una recomendación específica dirigida a contemplar esos factores.
En la subdimensión relativa a las fuentes diversificadas de financiación empresarial, Uruguay recibió una puntuación de 4,40, lo que refleja su “amplia gama de productos” a disposición de las pymes.
En la dimensión de educación financiera, Uruguay puntuó 2,55, mejorando frente al 2019, pese a que, a diferencia de otros países de América Latina, “no cuenta con estrategias nacionales de inclusión” y educativas coordinadas por un comité nacional. De todos modos, sí cuenta con políticas públicas a escala del país en estas áreas lideradas por el Ministerio de Economía y Finanzas.
El programa Uruguay Transforma, desarrollado en gobiernos del Frente Amplio y discontinuado por la actual administración, vuelve a ser aludido al evaluar la dimensión de transformación productiva. Dice que el “compromiso” del país con la mejora en esa área y el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y evaluación “queda patente en su encomiable puntuación de 4,11, superando la media regional (3,93). “Sin embargo, a pesar de estos avances, el entorno institucional de Uruguay, una vez simplificado por Transforma Uruguay, sigue siendo complejo”. Al mismo tiempo, resalta como un “cambio positivo” las modificaciones introducidas al régimen de parques industriales, que contribuyó a mejorar el puntaje a 4,16 en la subdimensión relativa a la asociación productiva. También sobresale, según el estudio, la subdimensión relativa a la integración en cadenas de valor globales (4,49), la más alta entre los países analizados.
En materia de acceso al mercado e internacionalización, la puntuación de Uruguay es de 4,48. Dentro de esta dimensión, en normas de calidad obtuvo un “sobresaliente” (5,0), atribuido a la “sólida infraestructura institucional del país” en este plano. El Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT) “juega un papel crucial en este campo”, y también contribuyen el Laboratorio Tecnológico del Uruguay y el Organismo Uruguayo de Acreditación.
El estudio recomienda promover las certificaciones de las pymes como Operadores Económicos Autorizados frente a la Dirección Nacional de Aduanas mediante un apoyo “diferenciado y estratégico”.
La puntuación global de Uruguay de 4,27 en innovación y tecnología es la segunda más alta de la región. Respecto de esta dimensión, la evaluación destaca que las “ayudas no financieras a la innovación se complementan con una importante oferta de medidas de apoyo financiero”. Añade que también existe un plan de contratación pública para la innovación, aunque “se informa de que la complejidad de la reglamentación ha reducido el compromiso”.
En la nueva dimensión relacionada con la digitalización, Uruguay puntuó 4,37, por encima de la media regional. En la subdimensión conexión de banda ancha, la puntuación es de 4,00. Una de las recomendaciones es “garantizar un acceso inclusivo a la banda ancha, especialmente en las zonas rurales”, así como “abogar por una mayor transparencia de los datos y la normalización de los indicadores para facilitar evaluaciones más precisas y comparables de los avances de la digitalización en toda la región”.
