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    Investigación señala “desigualdades de género” en delitos de drogas y condenas por “cantidades ridículas”

    Un análisis de más de 1.000 sentencias muestra que casi todas se obtuvieron por “acuerdos abreviados” que omiten datos “básicos y esenciales” de los casos, lo que impide un “control eficaz” sobre cómo “está actuando la Justicia”

    “Los delitos de drogas afectan desproporcionadamente a las mujeres”, en comparación con otras modalidades delictivas, y eso “se vincula con las desigualdades de género y la coacción en contextos de relaciones abusivas”, entre otras causas.

    Esa es una de las primeras conclusiones de un proyecto de investigación del Grupo de Estudios en Política Criminal de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República (Udelar), junto con el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) —como contraparte de la sociedad civil—, que analiza la respuesta de la Justicia penal frente a la “nueva agenda de derechos” que se aprobó entre 2010 y 2015 y, en una primera instancia, se centró en la Ley de Regulación y Control del Cannabis.

    Para el trabajo se analizaron 1.191 sentencias de imputaciones por delitos de drogas en Montevideo, que fueron dictadas entre noviembre de 2017 y diciembre de 2021 y que terminaron con la condena de 1.253 personas. Estas sentencias fueron obtenidas del Poder Judicial, a través de la Oficina Penal Centralizada de Montevideo, que nuclea las sedes penales de primera instancia de la capital del país. Del total, un 76,1% de las imputaciones corresponden a hombres y un 23,9% a mujeres, para quienes los delitos de drogas son la principal causa de prisionización.

    “El análisis de los datos revela un impacto desproporcionado en razón del género”, concluye el estudio.

    En los últimos años, la población carcelaria femenina aumentó de forma exponencial debido a la imposición de penas más severas y la aplicación de agravantes, como el ingreso de drogas a establecimientos carcelarios, que incorporó la Ley de Urgente Consideración, en 2020. Ese cambio endureció las penas por este delito a un mínimo de cuatro años de cárcel, aunque a través de la Rendición de Cuentas de 2022 se incluyó una modificación que habilitó a sustituir o aplazar la pena privativa de libertad cuando existe “necesidad de atender circunstancias familiares que hicieran evidentemente perjudicial” la “internación inmediata en prisión” de la persona implicada o “específicamente embarazadas en estado de gravidez a partir del quinto mes de embarazo o madres que estén amamantando durante el primer año de lactancia”.

    En el período analizado, entre noviembre de 2017 y diciembre de 2021, el 77% a quienes la Justicia les aplicó el agravante de la LUC fueron mujeres, según la investigación.

    El rol de cuidado las lleva a delinquir

    El involucramiento de mujeres en delitos vinculados a estupefacientes “tiene que ver con la desigualdad de género”, sobre todo por los “roles tradicionales de cuidado” que asumen “en el marco de una sociedad que continúa teniendo una estructura patriarcal”, dijo a Búsqueda el investigador responsable, Diego Silva, profesor agregado de Derecho Penal en Udelar e investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Explicó que las mujeres son quienes tienen mayor presencia en las visitas carcelarias, y que con las bocas de venta de droga “muchas veces sucede” que un hombre está a cargo de esa actividad, pero entra en prisión y “es la mujer quien asume esa responsabilidad”.

    En el primer informe de la investigación hacen referencia a que estas mujeres son madres, pobres y sin estudios formales. Luego, “como la mujer tradicionalmente cumple los roles de cuidado, ingresa droga a las cárceles como esposa, hija, madre o hermana”, dijo Silva, aunque “muchas veces son coaccionadas o forzadas como resultado de relaciones abusivas o por el miedo a represalias contra la persona que está en prisión”, agrega la investigación.

    Una de las sentencias estudiadas es del caso de una mujer de 58 años, sin antecedentes, que cursó únicamente enseñanza primaria y es madre de cinco hijos. La imputada intentó ingresar 10,2 gramos de marihuana y 5,7 gramos de cocaína para su hijo y fue condenada a una pena de cuatro años de penitenciaría. Silva señaló que detectaron “algunos casos” en los que personas fueron condenadas por “cantidades ridículas” de drogas y eso “es muy preocupante”, porque los delitos de drogas tutelan el bien jurídico de la salud pública, pero “cuando son muy bajas es imposible que pueda generar peligro indiscriminado y por tanto no existe una afectación del bien jurídico”.

    En el período estudiado ocurrió el conocido caso de Dona Samer, que con 39 años y cuatro hijos a cargo fue condenada a cuatro años de prisión por ingresar 56 gramos de marihuana para su pareja, un hombre que conoció por Facebook. En octubre de 2023 obtuvo la libertad anticipada.

    Ausencia de datos

    De todas las sentencias analizadas, solo 12 fueron tramitadas mediante juicio oral y público, mientras que el resto, casi la totalidad, se dictaron a través de juicios abreviados, que fueron habilitados junto con la implementación del Código del Proceso Penal en 2017 y consisten en acuerdos alcanzados entre la Fiscalía y la defensa de los imputados, que luego son presentados ante la Justicia.

    Uno de los principales hallazgos de la primera etapa de la investigación es la ausencia de datos “básicos y esenciales” en las sentencias que imputan delitos, por la “implementación masiva” de pactos abreviados. Eso tuvo como consecuencia “sentencias sintéticas y empobrecidas en su redacción y contenido, que nada explican acerca de la decisión judicial, omitiendo datos importantes para la justificación de la imputación de delitos de drogas como son las sustancias y las cantidades incautadas”, dice el estudio.

    El investigador responsable señaló que los datos son “absolutamente mínimos” y que eso “no solo empobrece la labor judicial, sino que al omitir datos esenciales para justificar la decisión no hay manera de un control eficaz sobre cómo está actuando la Justicia”.

    “El 83% de las sentencias no dicen cuál fue la sustancia”, ejemplificó Silva, para quien hay una “opacidad total en la administración de la Justicia penal, sobre todo en Montevideo”.

    Aumento de penas por delitos de drogas

    Otra de las conclusiones de la investigación académica radica en una “clara tendencia al alza” de las penas establecidas por delitos de drogas. Entre noviembre de 2017 y 2018, el promedio estaba en el entorno de los 22,1 meses y a partir del año 2019 se observó un leve aumento a 22,8 meses. Luego, en 2020, año en que entró en vigencia la LUC, “la tendencia de aumento se consolida”, con un promedio de pena de 22,8 meses de prisión, mientras que al año siguiente alcanzó los 31,2 meses. En concreto, el promedio de la pena en 2021 aumentó un 41% con respecto a los años 2017 y 2018, plantea el estudio, que agrega que “es posible identificar con claridad el impacto que la LUC tuvo.