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    Unas 30 mujeres presas por microtráfico podrán salir de la cárcel tras cambio normativo

    Cumplirán la pena con medidas alternativas y el Ministerio del Interior avanza en un “abordaje especial” que incluya un “enfoque de género real”

    En el derecho penal hay un principio que establece que las leyes no pueden ser retroactivas, salvo que sean más beneficiosas para los imputados. Bajo ese precepto es que a partir de febrero podrán abandonar la vida en prisión muchas mujeres que fueron formalizadas por microtráfico por intentar entrar droga a centros penitenciarios a partir del polémico cambio normativo que estableció la Ley de Urgente Consideración (LUC) en 2020, que endureció las penas por este delito a un mínimo de cuatro años de cárcel.

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    Desde el 1º de enero está vigente un cambio normativo incluido en la última Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio de 2022. Allí el Poder Legislativo modificó el artículo 304 del Código del Proceso Penal y habilitó a sustituir o aplazar la pena privativa de libertad cuando existe “necesidad de atender circunstancias familiares que hicieran evidentemente perjudicial” la “internación inmediata en prisión” de la persona implicada o “específicamente embarazadas en estado de gravidez a partir del quinto mes de embarazo o madres que estén amamantando durante el primer año de lactancia”.

    A partir de este cambio, unas 30 mujeres recluidas podrán salir de prisión, según estima el Ministerio del Interior. Sin embargo, se trata de una “solución” para parte de la problemática, porque será para las imputadas que todavía no hayan recibido una sentencia de condena. A su vez, se excluye a las reincidentes y a las que enfrentan una pena menor a 24 meses.

    La normativa vigente también establece que en los casos donde efectivamente un juez resuelva aplazar o sustituir la pena de cárcel, podrán imponerse “una o varias de las condiciones o medidas limitativas de la libertad ambulatoria” que están previstas, como fijar domicilio, prohibición de salir del país, arresto domiciliario, vigilancia mediante algún dispositivo electrónico o cualquier alternativa a la prisión. También podrán obtener la libertad a prueba –herramienta que sustituyó las libertades vigiladas– y realizar actividades que busquen la reinserción social y laboral a partir de un plan de intervención realizado por la Dirección Nacional de Medidas Alternativas del Ministerio del Interior, dependencia que hace un año sustituyó a la ex Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida.

    Las decisiones sobre la permanencia en prisión o la aplicación de medidas alternativas serán tomadas en última instancia por los jueces a partir de este jueves 1º de febrero, cuando finalice la feria judicial, y puedan aparecer las primeras exigencias para ampararse en la modificación legislativa.

    Enfoque de género

    El director nacional de Medidas Alternativas, Fabián Rosano, dijo a Búsqueda que se preparan para recibir en el sistema un “flujo importante” de mujeres que ingresaron estupefacientes a cárceles, desde la modificación de la LUC, que se sumarán a las 233 que actualmente cumplen penas en arresto y prisión domiciliaria.

    El jerarca –que cumple un año en el cargo– aseguró que trabajan en un proyecto “innovador” para un “abordaje especial” con “enfoque de género real” de las mujeres que cometieron delitos leves y tienen dispuestas medidas alternativas. El modelo se apoya en la propuesta de una consultoría de cooperación internacional, que la dirección pidió al Alto Comisionado de Naciones Unidas.

    Para ello, junto con el Departamento de Género del Instituto Nacional de Rehabilitación, iniciaron un estudio diagnóstico que busca conocer el perfil de las mujeres, las condiciones en las que viven, si tienen hijos a cargo, y trabajar con los organismos u organizaciones de la sociedad civil con base en las necesidades que se identifiquen. “Este es un enfoque nuestro, porque la ley solo exige el control (del cumplimiento de las medidas alternativas). Pero creemos que ese debe ser el abordaje para que sean efectivas”, aseguró. Lo que buscan es trabajar con los denominados “factores criminógenos”, los elementos de riesgo o las necesidades que arrastran a las personas a cometer delitos.

    En relación con las mujeres, específicamente, Rosano planteó como una preocupación la situación de quienes tienen “limitada” su maternidad por estar encerradas en sus domicilios, lo que les impide ir a buscar a los hijos a la escuela, o salir a trabajar, algo que es “perjudicial”. Esta situación ha sido planteada en diversos estudios internacionales y nacionales, como la consultoría que realizó en 2022 Ana Vigna, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, denominada Maternidad, cárceles y medidas alternativas a la privación de libertad. El trabajo fue encargado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit.

    El informe final plantea que del análisis de las trayectorias de vida se desprende que las mujeres presas suelen provenir de contextos marcados por el abandono familiar, la temprana deserción del sistema educativo, la precariedad laboral, la inestabilidad habitacional y familiares también privados de libertad. En ese marco, es frecuente la maternidad temprana, junto con una debilidad de los apoyos institucionales y familiares para cumplir con las responsabilidades derivadas. El narcomenudeo “habilita a esas mujeres a continuar cumpliendo con el mandato de género relativo a las tareas de cuidados, al tiempo que les habilita un ingreso para mantener al núcleo familiar”.

    El diagnóstico realizado por la investigadora plantea la existencia de una “debilidad de la perspectiva de género”. Sobre ese punto, señala que se debe “fortalecer” el diseño y la implementación de las medidas no privativas de libertad y “tomar en consideración el rol de cuidadoras que ocupan las mujeres en la sociedad”.

    Consulta técnica

    Para tener una mayor participación del proceso que permita ir modificando los planes de intervención en situaciones de prisión domiciliaria, la Dirección Nacional de Medidas Alternativas reclama un cambio en la legislación, que los habilite a hacer una valoración sobre los casos puntuales. Rosano señaló que esto permitiría que informen sobre situaciones donde las medidas aplicadas a una persona podrían ser menos exigentes o, al contrario, donde deberían agravarse.

    “Podemos trabajar con evidencia para demostrar que las medidas alternativas tienen impacto y que la cárcel no es la solución para todos los casos. Queremos estimular a que el Poder Judicial y la Fiscalía crean más en la medida alternativa y la consideren como opción”, aseguró.