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La Fuerza Aérea aún no usó la ley de derribo, que suscita dudas en el sistema político e incluso en Estados Unidos
De acuerdo al Ministerio de Defensa, en los últimos cuatro años de gobierno la Fuerza Aérea no estuvo obligada a utilizar la fuerza contra ninguna aeronave
La Fuerza Aérea controla los vuelos no autorizados desde su brigada en el departamento de Durazno
“La ley de derribo de aviones yo quiero analizarla. Quiero revisarla”, afirmó el candidato presidencial del Frente Amplio, Yamandú Orsi, durante una charla en setiembre en la Cámara Española de Comercio, Industria y Navegación. Se refería al protocolo que habilita a la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) a disparar contra aeronaves que incumplen las normas de navegación en el país.
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La ley está vigente desde diciembre de 2020, cuando el Poder Ejecutivo aprobó su decreto reglamentario y así cumplió con una promesa realizada en la campaña electoral. La norma se anunció como una herramienta para luchar contra los grupos de narcotráfico y crimen organizado que emplean rutas aéreas clandestinas en la descarga de droga en el país, principalmente proveniente de Brasil. Su reglamentación estableció un protocolo de cinco fases que protege el espacio aéreo uruguayo con el objetivo principal de disuadir a los narcotraficantes y la posibilidad final de neutralizarlos vía respuesta armada.
Algunos dirigentes de la oposición se manifestaron en contra por entender que la norma podía generar una escalada de violencia con el crimen organizado y porque existía el riesgo de atacar por error a una aeronave inofensiva. Además, se objetó que la ley no era necesariamente efectiva para reducir el tráfico de droga ante grupos delictivos que pueden cambiar sus rutas y mejorar su tecnología y ante la flota debilitada que tiene en la actualidad la Fuerza Aérea Uruguaya.
En esa línea se manifestó incluso el comisario general retirado Gustavo Sánchez Paleo, integrante del equipo asesor de seguridad pública de Cabildo Abierto, quien dijo que la ley de derribo “es una estupidez, una grandísima tontería y un saludo a la bandera” porque el país no tiene el poder militar para enfrentar al narcotráfico.
Los datos parecen avalar la opinión de Sánchez Paleo. En octubre del año pasado El País informó que desde diciembre de 2020 hasta esa fecha la FAU aplicó la ley de derribo en 13 ocasiones sin nunca alcanzar las últimas dos fases del protocolo, que son las que habilitan al combate una vez que las advertencias son ignoradas: persuasión, disparo de ráfagas con munición trazadora y neutralización con disparo directo que provoque los daños suficientes para que el avión irregular no pueda proseguir el vuelo.
Las cifras se mantienen al día de hoy, según la respuesta del Ministerio de Defensa Nacional a un pedido de informes realizado por la diputada Elsa Capillera, a la cual accedió Búsqueda.
Por el momento la FAU solo actuó en 13 ocasiones en cuatro años. Fue para alcanzar contacto visual y obtener registros fotográficos de aeronaves —por lo general, avionetas— que se apartaron del cumplimiento de las normas de navegación aérea: no se identificaron ante las autoridades, volaron en forma errática, lo hicieron sin plan de vuelo aprobado o sin la autorización para volar. Solo un procedimiento llegó a la fase 3, que establece el guiado al aterrizaje del avión por parte de una aeronave de la FAU que se le coloca al lado en la maniobra. Fue un hecho ocurrido el 29 de marzo de 2022: el avión irregular aterrizó sin inconvenientes y se dio aviso a la Brigada Aérea II ubicada en Durazno, a la Policía Aérea Nacional y al Servicio de Información (SIFA).
¿Qué aviones tiene la Fuerza Aérea para detener al narcotráfico?
La FAU espera solucionar parte del problema de equipamiento con la reciente compra de seis aeronaves nuevas de combate, adquiridas a la empresa brasileña Embraer. Los aviones se emplearán en la Brigada Aérea II de Durazno, donde funciona el Escuadrón Aéreo 2 (Caza), destinado a la custodia y el control del espacio aéreo uruguayo y en el que actualmente vuelan los únicos aviones de combate de los que dispone Uruguay: el modelo A-37 Dragonfly de Cessna, un biplaza en servicio desde 1976 y con muchas dificultades para permanecer operativo.
La adquisición era largamente esperada por el comandante en jefe de la FAU, Luis Heber de León, quien ha insistido en la importancia de contar con nuevos aviones de combate al Ministerio de Defensa Nacional. “Esta capacidad nos va a brindar una seguridad en la defensa del espacio aéreo. Tecnológicamente, vamos a avanzar hacia una capacidad significativa. Esta aeronave tiene la capacidad para la interceptación de aeronaves de baja performance que hoy están acosando a Uruguay. Va a reducir la posibilidad de que aeronaves irregulares estén cruzando por Uruguay”, dijo el 28 de agosto durante una conferencia en la Torre Ejecutiva en la cual se anunció la compra de los seis aviones A-29 Super Tucano.
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Las entregas de las primeras aeronaves están previstas para 2025. Pero, más allá de la compra, dirigentes de otros sectores del oficialismo, además de Cabildo Abierto, creen que la ley de derribo debe analizarse, como planteó Orsi.
En su pedido de informes, Capillera (que pertenecía a Cabildo Abierto pero en febrero se incorporó al Partido Colorado) solicitó conocer la cantidad de veces que se procedió a la implementación de la norma, los pasos tomados en cada procedimiento, los datos de las aeronaves que participaron, las intercepciones llevadas a cabo y los derribos que se produjeron. También consultó por los “beneficios que le brindó al Estado la entrada en vigencia” de la ley, un punto que no obtuvo respuesta.
Los reparos a la ley de derribo también existen y han existido desde la Embajada de Estados Unidos en Montevideo, según señalaron a Búsqueda fuentes oficiales. Se trata de una postura global que el país norteamericano tiene en la materia a partir de un caso ocurrido en 2001 en Perú.
En aquel momento Estados Unidos operaba en Perú un programa antinarcóticos enfocado en aeronaves a través de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), denominado ABDP por sus siglas en inglés. Se centraba en el aporte de información sobre vuelos sospechosos y derivó en el derribo de una decena de avionetas que trasladaban cocaína. Sin embargo, un error de comunicación entre organismos de seguridad estadounidenses y peruanos causó que se dispare contra una aeronave equivocadamente clasificada como sospechosa de narcotráfico: el piloto fue herido y fallecieron los dos pasajeros, una misionera bautista y su hija, todos de nacionalidad estadounidense.
Aunque en 2003 Estados Unidos reinició un proyecto similar con Colombia, sus diferentes administraciones han mostrado resistencia a ciertas leyes de derribo que los países sudamericanos promueven para combatir el narcotráfico, en especial aquellas centradas más en la agresión que en la precaución. Este enfoque incluso determina el grado de cooperación que Estados Unidos otorga a los países en tecnología y equipamiento aéreo.
En agosto del año pasado Perú alcanzó un acuerdo por el cual Estados Unidos, por primera vez desde 2001, levantó un bloqueo y volvió a aportarle radares, aeronaves, presupuesto, equipamiento y capacitación para actividades de intercepción aérea. “La interdicción aérea no está permitida bajo este acuerdo. La asistencia de los Estados Unidos no se utilizará para dañar, destruir, inutilizar o amenazar aviones civiles en servicio”, aclaró la Embajada de Estados Unidos en Lima, que en un comunicado de prensa advirtió que la expresión interceptación aérea significa “acto de un avión de rastreo o interceptor de acercarse y permanecer cerca de un avión, con el objetivo de identificar ese avión y, si es necesario, dirigirlo de regreso a su ruta planificada, escoltarlo fuera de espacio aéreo restringido o prohibido, o instruirlo para que aterrice”.
Paraguay, por su parte, gestiona la adquisición de aviones caza a Embraer por alrededor de US$ 100 millones, además de la incorporación de radares para mejorar el control al narcotráfico aéreo. El gobierno pretende enmarcar este equipamiento con la elaboración de una ley de derribo. En el período legislativo pasado el Congreso paraguayo ya había discutido una norma que habilitaba solamente a disparos intimidatorios. Según ABC Color, esta exigencia se debió a la postura de varios actores, entre ellos, la Embajada de Estados Unidos.