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La invitación que recibió el gobierno podría ser para el presidente Orsi una oportunidad inigualable de mostrarse como líder de un proceso de reformas sustantivas que saquen al país del letargo
En las últimas semanas Uruguay volvió a recibir aplausos por su estabilidad institucional y respeto a las reglas de juego, ahora de parte de autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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De visita por Montevideo, describieron al país como “maravilloso” y “resiliente”, a la vez que pasaron el mensaje de que esas condiciones son insuficientes para ascender en la escalera del desarrollo y para garantizar altos estándares de bienestar social a largo plazo; hay que crecer más. Señalaron que para que eso ocurra Uruguay debe ser “más valiente” y más “audaz” en términos de políticas públicas y de reformas.
Ni uno ni otro son diagnósticos novedosos y, de hecho, se trata de una observación frecuente advertida por economistas, analistas políticos y hasta gobernantes, críticos con un país que navega sin barquinazos pero también a ritmo de remo. Como afirma el economista Juan Carlos Protasi en un libro de reciente publicación, “el país se arriesga a pasar de ser un ejemplo de superestrella a ser un ejemplo de decadencia estable”.
Pero podría avizorarse en el horizonte una oportunidad para cambiar el rumbo de navegación y, quizás, poner a Uruguay en las orillas del desarrollo.
Búsqueda informó el último jueves, citando declaraciones del ministro de Economía, Gabriel Oddone, que en junio pasado, cuando estuvo en París, él recibió de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el planteo de si el gobierno estaría dispuesto a firmar un MOU —sigla del inglés de memorandum of understanding—. Ello habilitaría posteriores conversaciones para una posible membresía de Uruguay a ese club.
La OCDE es una organización orientada al desarrollo económico fundada en la década de 1960 por 20 países y que actualmente reúne a 38 miembros —la mayoría, avanzados— de Europa, América del Norte y América del Sur, y de Asia-Pacífico. Otros ocho países tienen en curso conversaciones de adhesión; Uruguay podría entrar en una fase como esa, pero primero debe haber una decisión gubernamental en tal sentido.
El país participa ya desde hace algunos años en varios comités de la OCDE, en pasos resueltos por administraciones de distinto color político, incluso frenteamplistas. Aspirar a la membresía en esa organización es algo más audaz —justamente, lo que aconsejaron la jefa del FMI y el presidente del BID—, que le permitiría ponerse a tiro de varias buenas prácticas y reforzaría la reputación internacional, potenciando la tan necesaria atracción de inversiones.
El ministro Oddone ha dicho que, personalmente, está a favor de que Uruguay se incorpore a la OCDE, pero seguramente deberá realizar un esfuerzo de convicción dentro del gobierno, en el Frente Amplio y en la dirigencia de organizaciones sociales, como el PIT-CNT, que tienen peso en la opinión del oficialismo.
Para el presidente Yamandú Orsi, la invitación que recibió el país podría ser una oportunidad inigualable de mostrarse como líder de un proceso de reformas sustantivas que, de la mano de la OCDE, saquen al país del letargo.
A fines de setiembre llegará a Montevideo el secretario general de la organización, Mathias Cormann, para participar en un foro de nivel ministerial de sus países miembros que tratará temas como productividad, competitividad e inteligencia artificial. Será una buena ocasión para que el gobierno transmita un mensaje a favor de un mayor acercamiento de Uruguay a la OCDE. Sin precipitar una decisión final que necesariamente debe ser estudiada y meditada con profundidad, debería señalar con claridad que los uruguayos pretendemos ir a más y que, como dice Protasi, queremos salir de nuestro actual “estado de parálisis”.
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