A Javier Donnangelo, responsable de la División Estadística que elabora esos números, se le inició la semana pasada un sumario debido a declaraciones públicas en contra de una serie de categorías nuevas para estudiar los asesinatos que el gobierno comenzará a aplicar. Se trata de un modelo que el Observatorio incluirá en su próximo informe trimestral (julio-setiembre 2024) y en los que les siguen, a pedido del ministerio.
Este modelo fue sugerido por un equipo de tres académicos uruguayos que elaboraron un informe que relativiza la incidencia del ajuste de cuentas en la cantidad de asesinatos que registra Uruguay. A partir de evidencia científica internacional, la investigación aconseja agregar otras causas que considera más relevantes. La propuesta fue apoyada meses atrás por el ministro Nicolás Martinelli, quien ahora volvió a defenderla pese al desacuerdo de Donnangelo.
“Si queremos trabajar en serio sobre la baja de homicidios, tenemos que lograr una apertura de categorías para que los homicidios los tengamos bien categorizados. De nada sirve tener una gran categoría que se llama ajuste de cuentas si no sabemos lo que está ahí adentro”, afirmó Martinelli el lunes 15.
Ese día, el ministro encabezó una conferencia de prensa para presentar los datos semestrales de delitos que recogió de enero a junio el Observatorio, liderado por Donnangelo. En comparación al mismo período del año pasado, hubo una reducción en las denuncias de rapiñas, hurtos y abigeatos, y también de los homicidios consumados: 180 en 2024 ante 191 en 2023, un 5,8% menos.
El informe semestral del Observatorio se realizó bajo su metodología tradicional, que exhibe una tipología de seis causas para los asesinatos: los conflictos entre grupos criminales, tráfico de drogas y ajuste de cuentas fueron la razón principal de las muertes (51%), seguida de los altercados espontáneos —no domésticos— (20%), motivo desconocido (11%), violencia intrafamiliar y situaciones relacionadas (11%), rapiña, copamiento y similares (6%) y otros motivos (1%), que incluyen violación, prostitución, delincuente abatido por particular y abuso de funciones.
Desde que asumió la titularidad del ministerio en noviembre del año pasado, Martinelli ha insistido en que el debilitamiento de la convivencia social es uno de los principales factores que explican las muertes violentas. La misma postura mantiene el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya. Esta mirada difiere de la de sus antecesores antiguos e inmediatos —como Luis Alberto Heber y Diego Fernández—, quienes argumentaban que el enfrentamiento entre bandas criminales por el microtráfico de drogas y el narcomenudeo era la clave detrás de los homicidios.
Dentro del esquema metodológico actual del Observatorio, la posición de Martinelli y Azambuya encaja en la figura de “altercados espontáneos”, sobre la cual el ministro profundizó en su conferencia de prensa. “Es una categoría bien importante de los homicidios, que tiene cerca de un 30% de las causas. Tiene que ver con los homicidios de relaciones interpersonales: personas que salieron de un boliche, se pelearon y uno mató a otro; tres personas que estaban bebiendo en un bar, se pelearon y una termina matando a la otra; una persona que está paseando a un perro y otra a un gato en una plaza y el gato muerde al perro, el perro muerde al gato y termina una persona matando a la otra. Ahí estamos viendo un aumento de violencia, una forma de resolver los conflictos muy distinta a como pasaba unos años atrás”, planteó.
La nueva calificación de homicidios del Ministerio del Interior
A inicios de año, los académicos Emiliano Rojido, Ignacio Cano y Doriam Borges presentaron un estudio encargado por el Ministerio del Interior a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. El trabajo afirma que las categorías para homicidios que usa actualmente el Observatorio tienen limitantes, al ser vagas, infrecuentes, demasiado amplias y no excluyentes entre sí, lo que en última instancia “puede llevar a sobrestimar el peso del crimen organizado en la violencia letal” del país.
“No es difícil imaginar que muchos de los homicidios cometidos por criminales individuales que no pertenecen a grupos o por personas que no eran criminales profesionales pero decidieron vengarse de alguien por un conflicto privado, pueden perfectamente satisfacer estas condiciones y, con ellas, tener su caso reclasificado en esta categoría ambigua pero que es interpretada como responsabilidad del crimen organizado”, indican los autores. “Asigna casos originalmente sin motivo conocido al tipo 'conflicto entre grupos criminales/tráfico drogas/ajuste cuentas', que parece destinado a monitorear la presencia del crimen organizado. La alarma social generada y relacionada con el crimen organizado podría verse reforzada por la difusión mediática de algunas muertes espectaculares o con signos de ensañamiento, y a su vez, ser atractiva para sectores políticos interesados en instalar una narrativa de 'guerra al crimen'”, añaden.
Este análisis fue compartido por Martinelli y por Diego Sanjurjo, asesor del ministro que ha insistido en incorporar a la academia en las estrategias de seguridad pública a partir de su propia experiencia como doctor en Ciencia Política especializado en criminología. “La idea es tomar la recomendación, que propone una tipología diferente, que además esté enfocada en elaborar políticas para prevenir los homicidios”, había dicho Sanjurjo a Búsqueda en abril.
Esa intención se transmitió a Donnangelo, quien, sin embargo, discrepó con el pedido y con los contenidos del informe de Rojido y sus colegas. El sábado 6, El Observador informó que en el mismo mes de abril Donnangelo entregó un documento a Pablo Abdala —subsecretario del Ministerio del Interior, de quien depende jerárquicamente el Observatorio— en el que ahonda sobre las razones técnicas por las cuales disiente con la investigación académica.
En declaraciones al diario, Donnangelo opinó que "la metodología seguida por Rojido tiene serios problemas que hacen que llegue a una estimación que no resiste un análisis" e insinuó que el apoyo del ministerio a la investigación pueda querer “tapar el sol con el dedo” respecto a la importancia que el tráfico de drogas tiene en los asesinatos.
El jueves 11, Abdala dispuso el inicio de un sumario para determinar si jurídicamente Donnangelo incurrió en una falta administrativa al manifestarse públicamente. “Desde el punto de vista de la actuación administrativa, era la decisión que correspondía”, dijo Abdala a Búsqueda.
De profesión sociólogo, Donnangelo ingresó en 2009 al Ministerio del Interior para integrar su área estadística y dirige el Observatorio desde las administraciones del Frente Amplio. Justamente este carácter técnico y apartidario fue destacado por el actual gobierno cuando desde la oposición se apuntó contra un supuesto “maquillaje” de las cifras de delitos durante la pandemia de Covid-19.
Tras ser informado sobre el inicio del sumario, Donnangelo no esgrimió ningún alegato ante Abdala y permanece en el cargo. Rojido, por su parte, escribió un largo hilo en su cuenta de X en el que explica el porqué de su recomendación técnica y cuestiona la actitud de Donnangelo.
"El Ministerio del Interior acusó recibo de las críticas y se dispuso a trabajar para revertir los problemas identificados. El Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad no parece compartir la misma actitud, ya que el funcionario a cargo descalificó el estudio y optó por suspicacias en la oportunidad año electoral", publicó el jueves 11 en la red social. Afirmó además que "desde hace varios años" el Observatorio no publica datos "en formatos adecuados para su reutilización, ni realiza estudios para informar las políticas públicas y mejorar la comprensión ciudadana de los problemas de seguridad".
Por lo pronto, al Observatorio se le asignarán tres nuevos funcionarios para, entre otras tareas, cumplir con las sugerencias propuestas por el equipo académico que lideró Rojido.
A la clasificación habitual de seis móviles de homicidios se le incorporarán otras 15 causas: rapiña, hurto o copamiento; homicidio de pareja o expareja; conflicto familiar; homicidios por motivación sexual/sentimental; conflicto interpersonal entre conocidos; conflicto interpersonal entre desconocidos; homicidio por persona acometida de enfermedad mental; homicidio entre grupos de traficantes; otros homicidios vinculados al tráfico de drogas; homicidios entre otros grupos; ejecución sumaria (otros); reacción contra un criminal; en establecimiento penitenciario; otros e indeterminado.
“En la categoría tradicional hay un grupo muy grande, el ajuste de cuentas, que se lleva el 50% de los homicidios. La bibliografía internacional y los observatorios más modernos a nivel mundial lo que sugieren es ampliar estas categorías de forma tal que nos permita focalizar más correctamente las políticas públicas para poder abordar una temática como la de los homicidios en forma más correcta. Tenemos una sociedad muy violenta, no solo en Uruguay sino en el mundo, y por eso también es importante entender bien cuando categorizamos a los homicidios”, justificó Martinelli.
