—Por ahora la Unión Europea no está asesorando directamente al gobierno uruguayo en materia de IA, pero sí existe un intercambio creciente. Desde Uruguay hay un interés cada vez mayor por conocer el marco regulatorio europeo, y hemos comprobado una gran coincidencia en valores y objetivos con las autoridades locales, especialmente con Agesic (la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento).
Uruguay y la Unión Europea comparten una visión muy similar sobre la necesidad de que la IA se desarrolle con garantías para los derechos humanos y la democracia. De hecho, Uruguay es el primer país latinoamericano en adherirse al tratado del Consejo de Europa sobre IA, algo que celebramos especialmente. Por eso, nuestra intención es seguir profundizando ese vínculo, ofrecer espacios de cooperación, traer expertos y legisladores europeos, y compartir las experiencias regulatorias para fortalecer el debate sobre la gobernanza de esta tecnología y la gestión de sus riesgos.
—¿Qué implicancias tiene para Uruguay firmar este tratado internacional de cumplimiento obligatorio sobre IA?
—Más allá del aspecto jurídico, creemos que la firma tiene un gran valor simbólico. Para Uruguay significa reafirmar su compromiso con los mismos valores que inspiran la legislación europea en esta materia: la defensa de los derechos humanos, la transparencia y la democracia. Es una manera de reconocer que el desarrollo de la IA debe tener a la persona en el centro, fomentando la innovación y la industria, pero sin perder esos principios esenciales.
En los distintos debates multilaterales que ocurren en Naciones Unidas hemos visto posiciones muy diversas y, en algunos casos, con riesgo de que la competencia por avanzar más rápido en innovación haga que se dejen de lado estos valores. Por eso nos parece muy positivo que Uruguay se sume a este marco, porque contribuye a mantener esa mirada ética y responsable.
Además, el tratado abre desafíos importantes, como la evaluación, el monitoreo, la capacitación y la infraestructura, en los que Uruguay, como muchos otros países, tendrá que seguir avanzando.
Uruguay es el primer país latinoamericano en adherirse al tratado del Consejo de Europa sobre IA, algo que celebramos especialmente. Por eso, nuestra intención es seguir profundizando ese vínculo: ofrecer espacios de cooperación, traer expertos y legisladores europeos, y compartir las experiencias regulatorias para fortalecer el debate sobre la gobernanza de esta tecnología y la gestión de sus riesgos.
—¿De qué forma puede materializarse esa cooperación?
—Por ejemplo, en el marco de la próxima cumbre UE-América Latina (Celac), que se celebrará el 9 y el 10 de noviembre en Santa Marta, una de las áreas de trabajo será la agenda digital regional. En ese contexto, Uruguay cumple un papel muy relevante, especialmente en materia de gobernanza de datos, donde lidera uno de los grupos de trabajo. En IA también hay un seguimiento muy cercano y colaboraciones en curso con otros países, como Chile.
La idea es seguir profundizando esa cooperación a través de instancias de formación y capacitación. Desde la Unión Europea podemos aportar expertos en áreas como ciberseguridad y ciberdelitos, temas sobre los que venimos dialogando con la Secretaría de Inteligencia del Estado y otras instituciones uruguayas.
Además, contamos con la iniciativa LAC4 (Centro de Cibercapacidades de Latinoamérica y el Caribe), un centro regional de educación y formación en ciberseguridad impulsado por la Unión Europea que ya ha desarrollado varias actividades en Uruguay. Este programa ofrece capacitaciones a nivel subnacional, por ejemplo, con la Intendencia de Montevideo, y busca extenderlas a otras intendencias para fortalecer la preparación frente a los riesgos de ciberseguridad en infraestructuras críticas.
—¿Y eso forma parte del tratado firmado recientemente?
—No directamente, aunque sí está relacionado. Es decir, la firma del tratado coloca a Uruguay en un nivel de cooperación más estrecho, y estas iniciativas se inscriben dentro de esa lógica. Podríamos decir, usando una metáfora futbolística, que Uruguay está entrando a jugar en otra división, con nuevos espacios de colaboración y formación.
Un ejemplo claro es el Convenio de Budapest, sobre ciberdelito, que Uruguay aún debe ratificar —tiene tres años para hacerlo—. Cuando eso ocurra, el país podrá integrarse a un marco más amplio de cooperación internacional, como ya lo hicieron Chile y República Dominicana. De hecho, en los próximos días habrá reuniones con Cancillería para avanzar en ese proceso, que permitirá fortalecer los mecanismos legales y técnicos de colaboración en materia digital y de ciberseguridad.
—¿Cree que este tratado podría acelerar la creación de una ley de IA en Uruguay?
— Sí, creo que puede contribuir en esa dirección, aunque no sería una obligación explícita. En el convenio no se establece que Uruguay deba aprobar una ley, pero sí marca un camino y refuerza el interés que el país ya ha manifestado en desarrollar su propia regulación.
En Uruguay, como sabemos, suelen privilegiar el consenso, así que será necesario generar un debate amplio entre las fuerzas políticas. Sin embargo, hasta ahora no se perciben grandes divergencias entre los partidos mayoritarios en relación con estos valores y al enfoque sobre IA. Por eso pensamos que la firma del tratado puede dar un impulso concreto, un “empujoncito”, para avanzar hacia la legislación, y desde la Unión Europea lo vemos con muy buenos ojos, porque confirma que Uruguay está muy activo en estos temas y dispuesto a participar en los debates internacionales sobre IA.
Hay que capacitar a funcionarios y a la población. Por ejemplo, en los departamentos de Uruguay, habría que formar a la gente para que luego puedan enseñar a los ciudadanos consejos prácticos de seguridad digital: ‘Cuidado al activar filtros, cuidado al conectarte a redes públicas o privadas, protege tu wifi cuando envías información personal, y no compartas datos sensibles en aeropuertos o hoteles’. Son medidas básicas que todavía no han calado en la conciencia del ciudadano promedio.
—¿Qué implicancias puede tener este acuerdo para las empresas europeas interesadas en invertir en Uruguay?
—En términos concretos, no diría que la firma del acuerdo implique automáticamente nuevas inversiones, pero sí contribuye a crear un entorno más favorable. Cuando un país cuenta con una legislación clara, con valores y principios compartidos con la Unión Europea, genera confianza y previsibilidad, que son condiciones muy valoradas por las empresas europeas.
Uruguay tiene mucho potencial en ese sentido. Cuenta con talento, estabilidad institucional y un marco normativo que se está consolidando. Si a eso se suma una regulación en materia de IA alineada con los estándares europeos, el país puede convertirse en un punto de referencia regional.
No se trata solo del tamaño del mercado, sino de la posibilidad de desarrollar desde Uruguay proyectos tecnológicos y de innovación con alcance regional.
—En un contexto donde Estados Unidos permite un desarrollo casi sin límites, China controla y dirige fuertemente la IA desde el Estado, y la UE regula su uso, ¿qué mensaje envía Uruguay al alinearse con ustedes?
—Una señal muy clara y positiva. Uruguay ha elegido asociarse con la Unión Europea, y eso demuestra una coincidencia de valores. Somos conscientes de que algunas grandes empresas tecnológicas consideran que la regulación europea puede ser demasiado estricta, pero nuestro objetivo es encontrar un punto de equilibrio entre el desarrollo empresarial y la innovación, por un lado, y la protección de los derechos del ciudadano y de la democracia, por el otro. Desde nuestra relación de muchos años con Uruguay, creemos que está en ese mismo camino, busca atraer inversión y promover innovación, pero siempre respetando valores. En eso coincidimos plenamente. Y si a eso se suma el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, hay detrás una red de colaboración mucho más amplia, como inversiones, cooperación digital, intercambio comercial. Porque es un acuerdo tanto comercial como político. La parte comercial se ocupará de las cuotas, los códigos o las tarifas; pero la parte política incluye algo igual de importante: la cooperación internacional, los intercambios académicos, los vínculos entre legisladores y todo lo relacionado con los temas digitales.
Desde nuestras embajadas seguimos insistiendo en los riesgos de la desinformación, en los desafíos de la ciberseguridad y en la necesidad de proteger los datos personales. Es fundamental capacitarse y contar con un marco regulatorio sólido. Y claro, entendemos que en países con un mercado más pequeño, como Uruguay, pueda surgir la duda de si una regulación demasiado estricta puede cerrar puertas a inversores.
—¿El gobierno uruguayo o sus agencias ya han comenzado a trabajar en la implementación de normativa a raíz del convenio?
—Hasta donde tenemos conocimiento, en materia de legislación aún no se han iniciado acciones concretas.
—¿Alguna agencia se ha manifestado sobre medidas específicas hacia una futura legislación a partir de este convenio?
—No han tomado contacto con nosotros directamente, pero nosotros hemos expresado nuestro interés y estamos plenamente disponibles para colaborar. En cuanto el gobierno o alguna agencia lo consideren oportuno, estamos listos para facilitar información, intercambiar experiencias y ponerlos en contacto con expertos en Bruselas.
Si hay interés en avanzar a nivel técnico antes de que comience el debate político, podemos apoyar preparando un primer borrador o compartiendo análisis y buenas prácticas. La idea es que quienes estén trabajando en IA tengan acceso a toda la información necesaria para fundamentar una futura legislación, incluso antes de que se abra la discusión parlamentaria.
En los distintos debates multilaterales que ocurren en Naciones Unidas hemos visto posiciones muy diversas, y en algunos casos con riesgo de que la competencia por avanzar más rápido en innovación haga que se dejen de lado estos valores. Por eso nos parece muy positivo que Uruguay se sume a este marco, porque contribuye a mantener esa mirada ética y responsable. En los distintos debates multilaterales que ocurren en Naciones Unidas hemos visto posiciones muy diversas, y en algunos casos con riesgo de que la competencia por avanzar más rápido en innovación haga que se dejen de lado estos valores. Por eso nos parece muy positivo que Uruguay se sume a este marco, porque contribuye a mantener esa mirada ética y responsable.
—En la “carrera” global por la IA frente a Estados Unidos y China, ¿qué desafíos enfrenta Europa?
—Claramente, en esta nueva industria y en esta nueva era se requiere muchísima inversión, y todavía no conocemos todos los detalles sobre hacia dónde se dirige el mercado. Por eso, hay una carrera por atraer capital. El desafío para Europa va a ser tranquilizar al inversor, demostrar que nuestra legislación ofrece un marco previsible y estable dentro de toda la imprevisibilidad que vemos a nivel global. Es decir, hay universidades, hay capital, pero también un marco legal que no mata la innovación, sino que la enmarca y la orienta.
—Algunos críticos dicen que la regulación de la IA en la Unión Europea puede ser excesiva. ¿Cómo la ve usted?
—Si lo pensamos con un ejemplo de otra área, como los temas medioambientales, no son caprichos los acuerdos de París, obedecen a expectativas reales de la población europea. Lo mismo pasa con la IA y la privacidad de datos. Según los últimos datos del Eurobarómetro, la preocupación de los ciudadanos por cómo se gestionan sus datos personales está creciendo mucho. Y esa preocupación no surge de juristas encerrados en un despacho, sino de escuchar a la gente, leer la prensa y analizar la experiencia de los últimos años, como el Brexit de 2016.
—¿Se refiere a la influencia de la desinformación y los bots en procesos políticos?
—No se trató solo de desinformación; hablamos de cómo funcionaron esos bots, cómo se organizaron y se estratificaron para influir en las personas. Lo que vimos en la práctica es que se desarticulaba y clasificaba a la sociedad de manera muy precisa: te gusta Peñarol, eres vegano, y a partir de eso recibías información diseñada para empujarte y orientar tu comportamiento. Otro bot, con datos distintos, te enviaba mensajes adaptados al mismo objetivo: moldear tu voto, tu actitud o incluso tu estado de ánimo, aprovechando tu nivel de ansiedad, desconfianza en las instituciones o hartazgo con la política. Todo esto se hace de forma sistemática gracias a la enorme cantidad de datos personales que manejan empresas como Cambridge Analytica y otras. Con esa información, lograron influir en decisiones geopolíticas de gran magnitud, como la salida del Reino Unido de la Unión Europea. También se han visto casos similares en otros países, por ejemplo, en Rumania y Moldavia, donde candidatos poco conocidos o extremistas casi ganan elecciones.
En esencia, esto representa una “jungla” en la gestión de datos y patrones de comportamiento que consideramos condenable, porque debilita pilares fundamentales de la sociedad. No es simplemente sobre preferencias de consumo o elecciones locales; afecta la manera en que funciona la democracia.
Todavía estamos viviendo el entusiasmo por su potencial, pero cuesta explicar a la gente que hay peligros reales. Necesitamos generar conciencia de que la IA y la acumulación de datos personales con fines comerciales o políticos pueden tener consecuencias profundas no solo en la seguridad individual, sino en el funcionamiento de la sociedad y de la democracia.
—Recientemente se canceló en Uruguay un plan piloto de reconocimiento facial en un liceo de Piriápolis tras críticas sobre el uso de datos biométricos. ¿Qué le sugiere este caso sobre la protección de los datos personales?
—Sí, por eso estamos muy contentos de que Uruguay haya ratificado este tratado. No quiero dar lecciones, pero me parece que en general en Latinoamérica todavía no hay suficiente conciencia sobre lo importantes que son los datos y lo fácil que es actualmente robarlos o utilizarlos de manera indebida.
Mencionaste el caso de las cámaras, ahí estás metiendo el dedo en la llaga. Cuando compramos cámaras para mejorar la seguridad de la ciudad, lo hacemos con buena intención, ¿pero están esos datos realmente protegidos? ¿Quién los está usando y con qué propósito? Eso muestra que hace falta educación sobre los riesgos de la enorme cantidad de datos que se manejan en el ciberespacio y que se seguirán manejando con IA.
—¿Qué tipo de educación considera necesaria?
—Hay que capacitar a funcionarios y a la población. Por ejemplo, en los departamentos de Uruguay, habría que formar a la gente para que luego puedan enseñar a los ciudadanos consejos prácticos de seguridad digital como: “Cuidado al activar filtros, cuidado al conectarte a redes públicas o privadas, protege tu wifi cuando envías información personal, y no compartas datos sensibles en aeropuertos o hoteles”. Son medidas básicas que todavía no han calado en la conciencia del ciudadano promedio.
Es un esfuerzo que debemos hacer todos, no solo en este continente. Europa, por ejemplo, está viendo un crecimiento lento pero constante de la preocupación sobre estos temas. Al principio, cuando llegó internet, hubo un entusiasmo enorme, pensábamos que todo sería fantástico, con acceso a conocimiento y conexión con el mundo, pero nos olvidamos de los riesgos.
—¿Estamos hoy en una situación similar con la IA?
—Todavía estamos viviendo el entusiasmo por su potencial, pero cuesta explicar a la gente que hay peligros reales. Necesitamos generar conciencia de que la IA y la acumulación de datos personales con fines comerciales o políticos pueden tener consecuencias profundas no solo en la seguridad individual, sino en el funcionamiento de la sociedad y de la democracia.
—En varios países europeos se está replanteando el acceso temprano a la tecnología y a internet para niños. ¿Qué aprendizajes hay sobre los riesgos de exponerlos demasiado pronto a estas herramientas digitales?
—En efecto, en países como Polonia, Francia, Bélgica o Suecia, donde en su momento se promovió un acceso muy temprano a computadoras e internet, ahora se observa un movimiento hacia la prudencia. Se percibe que, de alguna manera, nos excedimos. Está muy bien que los niños aprendan y exploren la tecnología desde pequeños, son intuitivos y aprenden rápido cómo funcionan las cosas, pero el problema es que aún no cuentan con las herramientas cognitivas ni con las salvaguardas necesarias para discernir entre información confiable y manipulación.
La discusión pública en Europa se centra en proteger a los menores de los riesgos asociados a las redes sociales, como el bullying, la depresión o la dificultad para comunicarse de manera efectiva. Hoy se reconoce que el uso temprano y sin guías puede afectar incluso la capacidad de pensar y expresarse de forma articulada, ya que los niños tienden a condensar su pensamiento en formatos como Instagram o TikTok, en lugar de desarrollar habilidades de comunicación más completas.
