Dicen que aún mantiene el contacto directo con productores bolivianos de cocaína, pero consideran que posiblemente se le dificultó la coordinación con el resto de los engranajes para acopiar, trasladar y exportar la droga a Europa. Al menos en Uruguay, la última operación en la que detectaron con claridad su intervención fue en diciembre del año pasado: culminó en Salto con la incautación de una avioneta con 443 kilos de cocaína y la detención del piloto y el copiloto, dos ciudadanos bolivianos.
“Si vos tenés corriente no se te arriman”, aseguró un policía a Búsqueda para explicar por qué Marset puede haber visto disminuida su operativa. El intenso foco mediático del que es protagonista es evitado por quienes actúan en el mercado ilícito de drogas y, a pesar de ser uno de los narcos más importantes de la región, Marset no está al mando de estructuras criminales del peso económico y control territorial como el PCC de Brasil, el grupo venezolano Tren de Aragua o la mafia calabresa ‘Ndrangheta.
En la entrevista, Marset deslizó la posibilidad de entregarse en Uruguay a cambio de garantías para él y su familia. El fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, transmitió en las últimas horas un mensaje a través del vocero del Ministerio Público, Javier Benech, para asegurar que “la Fiscalía no negocia con narcotraficantes”. El discurso estuvo alineado con el pronunciamiento de Luis Lacalle Pou el martes. “El gobierno no negocia con narcotraficantes. Eso está claro”, fueron las palabras del presidente en rueda de prensa.
En una entrevista a Subrayado, Gómez añadió que la Fiscalía General de la Nación “está para cumplir las normas” y que “ningún fiscal podría pasar por encima de la ley y los tratados internacionales”. Si hay una alerta roja de Interpol que obliga a su detención, “se actuará como debe ser”, declaró.
Se refirió así a la regulación de los procesos de extradición, como la vigente entre países del Mercosur suscrita en 1998 y promulgada en Uruguay en 2002. Fue acordada luego de una reunión de ministros de Justicia del bloque regional con el objetivo de compatibilizar las normas, acordar soluciones jurídicas comunes y fortalecer el proceso de integración y cooperación internacional.
En el documento se establecen las condiciones para las extradiciones a las que están obligados los países cuando personas son requeridas por otro miembro del Mercosur por cometer algún delito, mientras que esté tipificado en los dos ordenamientos. Es un pedido que para concretarse debe ser realizado por “vía diplomática” y “cualquier decisión denegatoria, total o parcial” debe ser “fundada”. Según la normativa, “la nacionalidad de la persona reclamada no podrá ser invocada para denegar la extradición, salvo que una disposición constitucional establezca lo contrario”. Sí es un motivo para rechazar el pedido que la persona “esté siendo juzgada en el territorio del Estado parte requerido a causa del hecho o los hechos en los que se funda la solicitud”.
En caso de conceder la extradición, la normativa del Mercosur establece como condición que la pena máxima privativa de la libertad a la que se enfrenta la persona sea de dos años o superior. En la página de Interpol, Sebastián Enrique Marset Cabrera aparece como uno de los 43 ciudadanos uruguayos con alerta roja por tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas, asociación criminal y lavado de dinero, delitos que tienen una pena máxima que habilitarían la extradición, en caso de que sea solicitada.
La entrega de la persona requerida puede aplazarse cuando está “sujeta a proceso o cumpliendo una condena” por un “delito diferente del que motiva la extradición”. En esos casos puede postergarse hasta que termina el proceso penal o es cumplida la pena, salvo que el delito que intente justificar el aplazamiento tenga una pena menor a la antes mencionada y deba ser entregada “sin demora”.
Mientras que frente a solicitudes de varios países, referidas a una misma persona y delito, la preferencia se determina según un orden establecido: primero la tiene el país donde se haya cometido el delito, segundo donde reside habitualmente y tercero el que haya presentado primero la solicitud. Sin embargo, cuando sea por delitos diferentes, debe dar preferencia para la extradición “al Estado que tenga jurisdicción respecto al delito más grave” y, a igual gravedad, al que haya presentado la solicitud primero.
Juan Gómez en conferencia de prensa en Fiscalía, en Montevideo. Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS
Ningún acuerdo
Aunque el fiscal de Corte puso énfasis en que Uruguay no negocia con narcotraficantes, durante el proceso de investigación para llevar a la Justicia a personas vinculadas con el tráfico internacional a gran escala una de las técnicas más utilizadas por la Fiscalía es la figura del colaborador, según confiaron fuentes cercanas a las investigaciones fiscales.
A cambio de aportar datos, pueden acordar de forma “protocolizada” la reducción de la pena (hasta la mitad del mínimo y del máximo) o incluso no penar. Esta herramienta está prevista en el artículo 63 de la Ley 19.574 contra el lavado de activos. En esos casos, se tiene en cuenta la importancia de la información, que puede ser la revelación de la identidad de los autores o encubridores y, por tanto, la declaración permite su imputación o un “progreso significativo” de la investigación. También puede tratarse de información que permita incautar drogas, dinero, armas u otros elementos. Para la exención de pena, “se valorará especialmente la información que permita desbaratar una organización”, establece la normativa.
Consultado al respecto, Gómez consideró que la situación en la que se encuentra Marset “es diferente”, porque es definido como líder de una poderosa organización vinculada al crimen organizado, y “una cosa es acordar una pena con uno dedicado al microtráfico”, pero otra “muy distinta es acordar con un capo narco”. “Uruguay no se merece ese tipo de acercamientos” y “definitivamente no admitiría ningún tipo de acuerdo con un narco, más un reconocido jefe de un gran grupo criminal”, reafirmó.
A nivel policial también destacan la imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de vínculo con Marset, especialmente porque es su principal sospechoso detrás del atentado en 2020 contra la sede de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas y, el mismo año, de la amenaza de muerte a Mónica Ferrero, la fiscal de estupefacientes que ha construido una relación muy cercana con distintos oficiales.
La defensa de Marset maneja como parte de la estrategia —al menos para su esposa, Gianina García Troche— apelar a la Convención sobre Extradición, firmada por varios países de la región en 1933 en Montevideo durante la Conferencia Internacional Americana. Sobre García Troche también hay una alerta roja de Interpol por narcotráfico. El objetivo de la defensa es que, mediante esa convención, Uruguay haga una excepción y niegue a Paraguay la extradición de la mujer, que sería juzgada y cumpliría la sentencia aquí.
Fuentes policiales advirtieron que si se acepta esta posibilidad o similares, indirectamente conlleva el riesgo de que Marset intente ingresar y blanquear dinero ilícito en el país —a través de la compra de inmuebles o la creación de empresas, por ejemplo— para mantener económicamente a su mujer y sus hijos.
Pedido de captura de Sebastián Marset y su esposa difundido por la policía boliviana
Antecedentes
José Peirano Basso fue el último caso de gran relevancia pública de un uruguayo que fue extraditado a Paraguay, acusado de fraude y otros delitos cometidos contra ahorristas del Fondo Mutuo Banalemán, propiedad del Grupo Velox, por unos US$ 40 millones. El proceso se concretó el 29 de mayo de 2023, pero la extradición había sido concedida en 2008 por la Justicia. Durante ese tiempo, Peirano Basso estuvo cumpliendo una pena en Uruguay por “insolvencia societaria fraudulenta”, tras el desvío de varios millones de dólares del Banco Montevideo a empresas del grupo familiar, en medio de la grave crisis económica de 2002.
Años atrás hubo otro pedido de extradición que se hizo desde Paraguay, que también se pospuso porque la persona estaba cumpliendo una condena en Uruguay, y tuvo similitudes con la situación de Marset. El caso involucró al tío del expresidente paraguayo Horacio Cartes, Juan Domingo Viveros Cartes, conocido como Papacho, un “narcopiloto” que fue detenido a mediados de 2013 y enviado a la cárcel. La jueza uruguaya Adriana de los Santos aceptó que fuera extraditado para terminar una condena que tenía pendiente, tras cumplir la pena en Cárcel Central por traficar marihuana en una avioneta.
En enero de 2016, agentes paraguayos de Interpol llegaron a Uruguay para extraditarlo y estaba todo preparado para que se concretara el proceso, pero faltaron documentos que impidieron que viajara. Una vez vencido el plazo, Papacho quedó libre en Montevideo. El vínculo de Viveros Cartes con Marset trasciende las cuestiones de la extradición, porque eran conocidos de la prisión, cuando ambos estaban condenados en Uruguay por traficar marihuana.
