Marset cumple dos años escapándole a medio continente mientras sus laderos caen presos

De a poco cayeron los cabecillas. A Conrado Insfrán lo detuvieron el mismo 22 de febrero. Su hermano Miguel Ángel, apodado Tío Rico y señalado como el jefe de la familia, fue arrestado un año después en Brasil y extraditado a Paraguay. El otro hermano, José, que se camuflaba como pastor de una iglesia cristiana, se entregó en noviembre. También terminó presa la segunda línea de la agrupación: Luis Sebriano González, encargado de logística que trabajaba con Marset, fue detenido en febrero de 2022 al igual que Alberto Koube Ayala, su hermana Fátima y Juan Carlos Ozorio, dedicados al lavado de dinero para los Insfrán. De la tercera línea quedaron detenidos en 2022 el piloto Job Von Zastrow Masi, y la pareja compuesta por Alexis Vidal e Irma Vergara, que figuraban como apoderados de una automora y taller mecánico de autos de lujo.

Sea cual fuera su situación, en la Policía Nacional de Uruguay tienen una convicción: Marset dispone de mucho dinero, contactos para corromper a funcionarios públicos, un sagaz equipo de seguridad que lo protege y la capacidad de participar de envíos de droga mientras se esconde. Pero también lleva la carga de dos años de fuga, con hijos menores de edad a su responsabilidad y órdenes de captura también sobre su mujer y madre de sus hijos, Gianina García Troche, sobre su cuñado Mauro García Troche y sobre su hermano Diego Marset.

La intención de la defensa de Marset, coordinada por el abogado Santiago Moratorio, es que los tres familiares se entreguen en Uruguay pese a que la requisitoria es de Paraguay y Uruguay no tiene pruebas ni delitos por los cuales arrestarlos. Pretenden que una vez aquí se niegue la extradición a Paraguay y se los juzgue en el país a partir de la interpretación legal sobre un acuerdo previo al de 1999 que rige actualmente en el Mercosur. Sin embargo, no prosperaron las negociaciones con el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación. “Por el momento se cayó, pero estamos dispuestos a seguir las conversaciones”, afirmó Moratorio la semana pasada en el programa Desayunos Informales de Teledoce.

Moratorio está al frente de un equipo de abogados que diseñan la defensa de Marset y su familia en tribunales de Montevideo, Brasil, Paraguay y Lyon, la ciudad francesa donde está la sede de Interpol. El viernes 9 el abogado defensor de Brasil logró que un juzgado de Foz de Iguazú liberara a Diego Marset, arrestado en diciembre en esa ciudad. Luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil denegara un pedido de extradición de Paraguay porque el hermano de Marset es ciudadano brasileño, la Justicia de ese país aceptó la revocación de la prisión provisoria y le impondrá a Diego Marset una medida cautelar.

“El tema con A Ultranza Py es que a Marset se lo busca imputar como máximo responsable y no hay elementos contundentes. Contra la familia no hay nada y contra él podría haber alguna evidencia, pero no para involucrarlo como el máximo autor intelectual de toda la operativa”, indicó Moratorio, quien aseguró que por el momento Marset no analiza entregarse, aunque desconoce “los pasos a seguir de él.”

Mientras, A Ultranza Py sigue abierta. En la pirámide de jerarquías, después de Marset el ojo policial está sobre Gilberto Sandoval Giménez, piloto paraguayo de aviación civil que según ABC Color desde 2019 realizó casi 1000 vuelos para llevar la cocaína producida en Bolivia a pistas clandestinas en estancias de Paraguay. Además de pilotear se encargaba de la flota de avionetas a disposición del grupo, tanto de la compra como del mantenimiento y la administración.

En los primeros días de febrero fue detenido Rodrigo Montalva, un paraguayo de 41 años con vínculos con Marset pero especialmente con Miguel Ángel Insfrán. Se encargaba de legalizar operaciones de comercio internacional para el envío de la droga a Europa.

En agosto había sido arrestado Federico Santoro, un uruguayo de 44 años que, según el comunicado de prensa de la Senad, era la mano derecha financiera de Marset. “Cumplió la función principal de recibir, en concepto de pago, el dinero proveniente del tráfico internacional”, afirmó la agencia de drogas paraguaya. Exempleado de una casa de cambio y a cargo de una agencia de turismo, también administraba las ganancias, gestionaba los pagos que les correspondían a los integrantes del grupo y realizaba transferencias a cuentas habilitadas en el extranjero, algunas probablemente en Estados Unidos.

“Federico Santoro se encargó de recibir, a favor de la organización criminal y por indicación de Sebastián Marset, maletas o bolsones cargados de fajos de billetes de dólares americanos, euro y otro tipo de moneda, en concepto de pago por las cargas, cuyo dinero lo guardaba para su correspondiente administración e inserción dentro del sistema económico y financiero nacional, entre otras formas, mediante el cambio de divisas, ya que el citado tenía los contactos adecuados en la frontera del país, específicamente en Ciudad del Este”.

Además de empleados, comerciantes, empresarios, pastores y delincuentes con trayectoria, A Ultranza Py también involucró a políticos. Juan Carlos Ozorio, uno de los lavadores de dinero que fue arrestado en febrero de 2022, era hasta ese momento diputado de Paraguay. A Erico Galeano, actual senador del gobernante Partido Colorado, se le otorgó en diciembre la libertad ambulatoria en el marco de un proceso por presunto lavado de dinero y asociación criminal.