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Antes de comenzar el actual período de gobierno, las futuras autoridades del Ministerio del Interior (MI) insistían en la necesidad de que la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) de Estados Unidos vuelva a instalar una oficina en Montevideo.
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Lo manifestó públicamente Jorge Larrañaga, tras la salida del equipo de la DEA del país en 2019 y el restablecimiento de Buenos Aires como centro de operaciones para Uruguay. Su sucesor, Luis Alberto Heber, mantuvo la misma postura, así como el actual ministro, Nicolás Martinelli.
Pese a la persistencia, el regreso está en stand by, pendiente no solo de esfuerzos diplomáticos sino de trámites administrativos, económicos y parlamentarios en Estados Unidos. Con esa posibilidad por el momento en conversación, desde marzo de 2020 ambos países han profundizado su relación en seguridad pública mediante otros caminos, al punto que hoy Estados Unidos es uno de los principales aliados internacionales del MI. El miércoles 4 las dos partes consolidaron esa alianza con un nuevo acuerdo.
“Firmamos un memorando de cooperación con la DEA que certifica el compromiso mutuo en la lucha contra el narcotráfico”, anunció Martinelli en su cuenta de X. “El trabajo conjunto, que llevamos adelante desde 2020, nos permitió oficializar la relación y estrechar los lazos para intensificar el intercambio de información y realizar operaciones conjuntas dentro del marco de la legislación vigente en ambos países”.
Martinelli viajó a Washington D.C. para cerrar el convenio. Junto a él estuvo el director de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, Alfredo Rodríguez. Por el lado norteamericano participaron el principal director adjunto de la DEA, George S. Papadopoulos, y la embajadora estadounidense en Montevideo, Heide B. Fulton. Según informó El Observador, el acuerdo prevé asistencia en temas de lavado de activos y flujo ilícito de dinero.
Oficiales de la DEA
“Es un acuerdo centrado en fortalecer los esfuerzos contra las drogas y la aplicación de la ley”, dijo a Búsqueda la consejera de Prensa, Educación y Cultura de la Embajada de Estados Unidos, Kerri Spindler-Ranta. “Estos acuerdos fortalecen considerablemente la capacidad de cada país para proteger mejor sus fronteras y cooperar estrechamente en investigaciones. Continuamos buscando oportunidades para mejorar la cooperación en seguridad”, añadió.
En enero el ministerio y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento para mejorar la cooperación en seguridad fronteriza. El acuerdo apuntó a prevenir la entrada de criminales y terroristas en el territorio de cada país mediante el intercambio de información biométrica y datos asociados. En 2020 ya se había alcanzado otro memorando de entendimiento que permitió compartir información de viajes internacionales para mitigar los riesgos asociados con la explotación criminal y otros delitos transnacionales.
La cercanía con Estados Unidos también incluye relaciones con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la principal rama de investigación del Departamento de Justicia estadounidense. Durante la gestión de Heber, el gobierno fue asesorado por este organismo para reducir los homicidios vinculados a enfrentamientos entre bandas locales de tráfico de droga. En Centroamérica, el FBI lidera programas para combatir el crecimiento de pandillas. Aunque con diferencias, la situación tiene algunas similitudes con el contexto de Uruguay, donde pequeños clanes familiares se enfrentan por el dominio de barrios para la venta de pasta base. Fuentes policiales indicaron que con el FBI se mantienen “contactos de forma frecuente”.
El mes pasado el FBI desembarcó de una manera mucho más operativa en la región tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional de Paraguay. Aunque directamente no involucra a Uruguay, el grupo estará encargado no solo de la seguridad interna de Paraguay sino también de la regional. El narcotráfico, el tráfico de armas y el terrorismo serán algunos de los blancos del FBI en Paraguay, con especial interés en el movimiento del Primer Comando de la Capital (PCC), una organización originaria de Brasil que se ha expandido en todo el continente, incluido Uruguay.
Óscar Pereira, viceministro de Seguridad Interna de Paraguay, indicó a ABC Color que el FBI se instalará en Asunción con tecnología y recursos humanos propios para formar y trabajar junto con policías paraguayos, “en una extensión” de su presencia en Buenos Aires. Al igual que ocurre con la DEA, actualmente es en esa ciudad donde el FBI tiene su sede internacional con agentes oficiales para cubrir a Argentina, Paraguay y Uruguay.
