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Con el futuro contrato de TV como anzuelo, la AUF invitó a un billonario a comprar un club uruguayo
La AUF está comprometida “a mejorar significativamente” los derechos de televisión, le comunicó Ignacio Alonso al empresario estadounidense John Textor
John Textor, el magnate que la AUF quiere en el fútbol uruguayo, tras el partido de Copa Libertadores disputado la semana pasada entre Botafogo y Palmeiras
La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) invitó oficialmente al país a un multimillonario estadounidense para que pueda adquirir un club de fútbol uruguayo en régimen de sociedad anónima deportiva (SAD). Se trata de John Textor, empresario tecnológico que ya es propietario de cinco instituciones en América y Europa.
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“Nuestra federación está comprometida a mejorar significativamente la venta de derechos comerciales y televisivos mediante las mejores tecnologías, así como a buscar inversores y formar alianzas para la gestión de los equipos de nuestra liga”, escribió Ignacio Alonso en una carta enviada a Textor en julio. El argumento de oferta presentado por el presidente de la AUF se da en un contexto particular: los derechos sobre la liga local vencen en 2025 y los clubes están divididos entre quienes pretenden renovar con Tenfield y los que no. La AUF prevé abrirse de la empresa de Francisco Casal, que en medio del conflicto prepara una demanda por apropiación indebida contra la directiva encabezada por Alonso.
De 58 años, Textor nació en Misuri, Estados Unidos, y se dedicó sobre todo a la inversión en capital de riesgo. Inicialmente enfocado a colocar dinero en medios tecnológicos y creativos de la industria del entretenimiento, en 2021 formó Eagle Football Holdings para la compra y la administración de clubes de fútbol. En la actualidad es dueño, con distintos porcentajes, del Crystal Palace de la Premier League de Inglaterra, del Olympique Lyonnais de la Ligue 1 de Francia, del Racing White Daring Molenbeek de la Challenger Pro League —segunda división— de Bélgica, del Botafogo del Brasileirão de Brasil y de la academia juvenil FC Florida de Estados Unidos. En total pagó alrededor de US$ 1.000 millones por todas esas instituciones.
Meses atrás un empresario brasileño, representante de Eagle Football Holdings, estuvo en Uruguay para mantener encuentros con posibles inversores, firmas de abogados y directivos del fútbol uruguayo.
“Como una figura altamente influyente en el mundo del fútbol y un notable inversor, nos encantaría tener la oportunidad de reunirnos con usted. Nuestro objetivo es presentarle nuestra cultura futbolística directamente e invitarlo a participar en el fútbol uruguayo”, añadió Alonso en la misiva.
Las SAD, el objetivo estratégico de la AUF
Textor no es el único empresario que la AUF busca atraer. Esta semana llegó a Argentina otro ejecutivo estadounidense, Foster Gillett, quien integró de 2010 a 2020 el directorio del Liverpool de Inglaterra, al cual arribó cuando su padre lo compró en 2007. Gillett se reunió con Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de Argentina, y con otros miembros del gobierno de Javier Milei, que impulsó personalmente la normativa para que a partir de noviembre las SAD (sociedades anónimas deportivas) puedan operar en ese país, donde están hoy prohibidas y cuentan con la oposición de Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.
Una de las personas que facilitó la llegada de Gillett a Buenos Aires es Guillermo Tofoni, un argentino que se desempeña como agente oficial FIFA para la organización de partidos amistosos de selecciones nacionales. Tofoni ha gestionado partidos para Uruguay durante las ventanas de fechas FIFA y la AUF pretende que sea el puente para una conversación con Gillett sobre la posibilidad de que pueda atraer a grupos privados para adquirir clubes uruguayos.
River Plate es uno de los clubes interesados en un posible acuerdo con una sociedad anónima deportiva
Pablo Vignali/adhocFOTOS
Desde la llegada de Alonso a la presidencia de la AUF en 2019, las autoridades del fútbol uruguayo promocionan la conversión de las instituciones de asociaciones civiles a sociedades deportivas. “Nuestra visión es elevar nuestra liga nacional. Para 2026, nuestra aspiración es entrar en una nueva era para nuestra liga y convertirla en una de las mejores de nuestro continente”, sostuvo Alonso en su carta dirigida a Textor.
El presidente de la AUF ha mencionado ese objetivo en foros internacionales, incluso al visualizar el campeonato uruguayo como una liga boutique comparable a la de Portugal. El objetivo es especialmente complicado teniendo en cuenta las habituales fallas de organización en la gestión de la liga local. Alonso, sin embargo, le aseguró a Textor que puede lograrse con “el proceso” de conversión de clubes en SAD que ya abarca “casi la mitad” de las 30 instituciones profesionales de Primera y Segunda División.
Hoy son 15 los clubes que actúan bajo régimen de sociedad anónima deportiva y pueden ser 16 si Atenas de San Carlos concluye un acuerdo con el Middlesbrough FC de Inglaterra. Junto con Atenas —que aún es asociación civil—, permanecen en control de sus socios Cerro, Cerro Largo, Danubio, Defensor Sporting, Fénix, Liverpool, Montevideo Wanderers, Nacional, Peñarol, Progreso, Rampla Juniors, River Plate, Tacuarembó y Uruguay Montevideo.
La mayoría de estas instituciones cuestionan públicamente a la AUF por intentar separarse de Tenfield y por comercializar a los clubes del fútbol uruguayo a capitales extranjeros. Otras, sin embargo, no tienen esa posición tan arraigada entre sus dirigentes y han explorado la posibilidad de acuerdos con SAD. Montevideo Wanderers y River Plate, por ejemplo, mantuvieron contactos con Red&Gold Football, una empresa formada por el FC Bayern München de Alemania y Los Angeles Football Club de Estados Unidos que en diciembre se transformó en socia mayoritaria de Racing de Montevideo. Fuentes del fútbol uruguayo afirmaron a Búsqueda que algunos directivos de Wanderers y River Plate quieren contactar al grupo de Textor para conocer sus intenciones.
Las medidas del gobierno
Los clubes que cuestionan la política de Alonso argumentan que la mayoría de los grupos inversores pretenden el lucro individual de sus accionistas a través de la exoneración de impuestos que el Estado otorga a las SAD y también mediante la transferencia de futbolistas al exterior; sostienen que la competitividad, el desarrollo social y el logro colectivo de las instituciones no están dentro del esquema de negocios de las sociedades deportivas, cuyos inversores están dispuestos a desestimar los contratos que firman si a corto plazo los objetivos de ingresos económicos no se cumplen.
El clima político estable, las leyes que avalan las SAD, un costo económico menor para adquirir un equipo en comparación a otros países de Sudamérica y la generación constante de talento de exportación son los ítems a favor de las sociedades deportivas en el fútbol uruguayo.
Pero la llegada de estos capitales puede verse disminuida a partir del decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo de Argentina, que ordenó que “debe aceptarse la participación de las asociaciones civiles y fundaciones como accionistas en sociedades anónimas y la transformación de las asociaciones civiles en asociaciones anónimas”. El gobierno de Milei calcula que desde noviembre pueden ingresar al país entre US$ 2.500 y US$ 3.000 millones en inversiones, según manifestó el propio presidente a inicios de año. “Está la voluntad por parte del Chelsea de querer comprar Boca, Racing, Estudiantes, Newell’s o Lanús. Es dinero rápido. Las inversiones entran muy rápido. Es un negocio muy fácil, no tenés que esperar dos años como si fueras a montar una fábrica”, indicó en enero a Radio Mitre.
El gobierno uruguayo, mientras tanto, estableció modificaciones al funcionamiento de las SAD el año pasado en la Rendición de Cuentas. Tras una propuesta elevada por la Secretaría Nacional del Deporte, pasaron a ser sujetos obligados del sector no financiero a reportar operaciones sospechosas al Banco Central del Uruguay y tienen que registrarse ante la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Además, con la nueva ley los accionistas pueden aportar a las SAD tanto en efectivo como en bienes muebles o inmuebles o cualquier otro bien o derecho con contenido económico o patrimonial.
