Un cónclave en Colonia Suiza, primero, y luego en Solís, convencieron al gobierno de facto de Aparicio Méndez de que era necesaria una revisión del régimen de jubilaciones y pensiones. En esos encuentros se definió que había que ponerle fin a las bonificaciones que habían “transformado el orden” y a los “privilegios”, que se debían racionalizar las causales de jubilación y que los parámetros requerían ser adecuados a “las necesidades de la población”. Esas consideraciones de los dictadores dieron origen al Acto Institucional N° 9, la gran reforma de la seguridad social del régimen militar. Uno de sus 90 artículos fue el germen del subsidio que hasta hoy cobran los funcionarios que tienen cargos electivos, políticos o de confianza cuando renuncian a su cargo.
El acto de Méndez establecía que el presidente de la República se podía jubilar cuando dejara su cargo y otorgaba el beneficio de la jubilación anticipada a quienes tuvieron cargos de confianza o políticos durante al menos 20 años y no cesaran “por omisión o delito”. La norma tuvo varios cambios en distintos gobiernos democráticos. Una ley de la primera gestión de Julio María Sanguinetti (1985-1990), por ejemplo, creó un subsidio para estos funcionarios renunciantes y un decreto posterior lo fijó en el equivalente al 85% de la remuneración. Con el paso del tiempo se fueron agregando limitaciones.
El último instructivo sobre este subsidio lo publicó en febrero de 2020 la Contaduría General de la Nación (CGN). La normativa vigente establece que tienen derecho a percibir la prestación todos los titulares de cargos electivos, políticos y de particular confianza de la administración central, los entes autónomos, servicios descentralizados y de otras oficinas estatales. El monto que se paga corresponde al 85% del total de la remuneración y no lo pueden cobrar quienes reciban otros ingresos públicos (salvo la docencia). El Estado paga el subsidio durante un año. El fundamento del pago es el de procurar o facilitar la reinserción en la vida laboral de quien se dedica por completo a un cargo público o de confianza.
Son al menos nueve los subsidios que actualmente paga la CGN, según surge de un pedido de acceso a la información pública realizado por Búsqueda. A esta cantidad se le deben sumar los renunciantes a los servicios descentralizados y entes autónomos, que no están alcanzados por los pagos de la administración central.
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Reunión entre Gabriel Gurméndez y Pablo Mieres en la sede del Partido Independiente en el centro de Montevideo, junio 2024.
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Los pagos
Santiago González debió renunciar a la Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana luego de que se supiera que se atendió y recibió medicación del Hospital Policial. El exfuncionario del Ministerio del Interior cobró el subsidio hasta el mes pasado, un año después de dejar el cargo. Durante este período, González recibió $ 90.792 mensuales. Luis Calabria, el director general de la cartera, había renunciado por un motivo similar en agosto de 2022. Cobró $ 187.799 por mes hasta marzo, cuando asumió en Presidencia como asesor.
El exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Isaac Alfie cobra $ 290.686 desde el 16 de diciembre, cuando renunció para volver a la actividad privada y ser asesor del precandidato Gabriel Gurméndez. El también colorado Carlos Rydström tiene un subsidio por $ 174.412 desde diciembre, cuando se fue del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El Estado le paga el mismo monto al exdirector de Telecomunicaciones Guzmán Acosta y Lara, quien renunció para dedicarse a su precandidatura a la Presidencia, que luego bajó.
Pero el acceso al subsidio no es algo propio de los funcionarios de la coalición de gobierno. Los exjerarcas frenteamplistas que trabajaron en la administración y luego no asumieron otro rol público también lo solicitaron. En el listado aparece el ex prosecretario de Presidencia Juan Andrés Roballo ($ 201.060) o los funcionarios del gobierno de Mujica Diego Cánepa ($ 135.547) y Alberto Breccia ($ 120.100). Álvaro García, exdirector de la OPP, cobró durante un año $ 236.121 y su subdirector, Santiago Soto, $ 200.292.
Cuando se fue del Ministerio de Interior, Gustavo Leal tuvo un subsidio mensual de $ 74.023 y el ex jerarca de ese ministerio Jaime Saavedra cobró un monto similar. El exministro de Economía y Fernando Lorenzo y el exsubsecretario —y hoy asesor de la precandidata Carolina Cosse— Pablo Ferreri también recibieron la prestación, al igual que los exjerarcas frenteamplistas de esa cartera Pedro Buonomo y Pedro Apezteguia. Ferreri ya lo había cobrado entre 2014 y 2015, cuando dejó la Dirección General Impositiva.
En la lista de la CGN también aparecen como que fueron beneficiarios los exministros Carlos María Uriarte y Tabaré Aguerre (Ganadería), Guillermo Moncecchi, Roberto Kreimerman, Sendic y Daniel Martínez (Industria), Benjamín Liberoff (Turismo), Victor Rossi (Transporte y Obras Públicas), Ricardo Ehrlich (Educación y Cultura), Daniel Salinas, María Julia Muñoz y Jorge Venegas (Salud Pública), Ernesto Murro (Trabajo y Seguridad Social), y Pablo Bartol y Daniel Olesker (Desarrollo Social).
Si bien Búsqueda pidió los datos históricos, los registros que entregó la CGN alcanzan hasta el 2010. En la lista se contabilizan 201 ex funcionarios. El repaso anterior, por tanto, es arbitrario.
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Carolina Cosse tras reunirse con la Departamental de Montevideo del Frente Amplio para tratar su candidatura para las elecciones municipales 2020.
Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS
Los precandidatos
Cosse renunció a fines de enero de 2019 como ministra de Industria, Energía y Minería. La motivaba dedicarse a la campaña electoral, en la que se estrenaba como precandidata a la Presidencia por el Frente Amplio. Durante sus actividades hacia las elecciones internas, la campaña por su postulación al Senado y el inicio de la candidatura a la Intendencia de Montevideo cobró un subsidio mensual de $ 217.043.
Ahora, como para esta campaña electoral Cosse no renunció a la intendencia sino que pidió licencia sin goce de sueldo, no le corresponde cobrar el susbsidio. Varios de sus competidores sí cumplen con los requisitos para recibirlo y a ellos Búsqueda les envió tres consultas: si lo cobraron, si le parece correcto que la persona perciba esa prestación si tiene otros ingresos y si promovería modificaciones a este régimen.
Álvaro Delgado no respondió la consulta, pero de la información de la CGN surge que accedió al beneficio el 21 de diciembre de 2023, cuando renunció como secretario de la Presidencia para dedicarse a la campaña por el Partido Nacional. Cobra $ 293.380 por mes, según los datos oficiales.
El exintendente de Canelones y precandidato por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, también cobra el subsidio. Aseguró que no recibe otros ingresos ni rentas y consideró que no es correcto que lo cobre quien tiene otras entradas. “Luego del cese, entiendo que debería ser impertinente el cobro, que es lo que le pasa a cualquier trabajador en la actividad privada que pasa al seguro de paro y que no puede cobrar el subsidio si tiene otro ingreso”, declaró a Búsqueda y recordó que este punto está legislado “parcialmente” al excluir del beneficio a quienes tienen otras remuneraciones estatales.
Orsi señaló que es necesario “un nuevo debate” sobre las características de este subsidio. “Estoy dispuesto a impulsarlo en busca de los necesarios consensos que el punto requiere, y con un gran debate público de por medio”, expresó.
Al igual que Orsi, la precandidata colorada Carolina Ache consideró que este subsidio debe ser equiparado “a los parámetros que rigen en la actividad privada”, declaró a Búsqueda. La ex vicecanciller cobró este beneficio durante un año luego de renunciar a su cargo tras perder el respaldo político por la polémica entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.
Gurméndez también cobra el subsidio por ser expresidente de Antel. Al precandidato colorado no le parece correcto que alguien que tiene otros ingresos acceda al beneficio, pero aseguró que no es su caso. “Abandoné la actividad privada y profesional para dedicarme a la presidencia de Antel y no percibo ni percibí otros ingresos más que mi sueldo”, declaró. El postulante no promovería cambios en el sistema.
Los otros dos candidatos colorados que tuvieron cargos políticos son Robert Silva y Tabaré Viera, pero ambos siguen percibiendo sueldos del Estado.
El exministro de Trabajo Pablo Mieres cobra el subsidio. El candidato del Partido Independiente tampoco promovería cambios en el régimen y destacó que fue un buen cambio cuando se pasó de tres años a uno el plazo máximo de cobro del beneficio.
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Carolina Ache formaliza su precandidatura presidencial en la sede del Partido Colorado en Montevideo, marzo 2024.
Mauricio Zina / adhocFOTOS
En organismos multilaterales
“Me dirijo a usted para solicitar que, en virtud de la renuncia que presenté a mi cargo de Director Nacional de Energía, se analice la pertinencia de percibir el subsidio legalmente correspondiente. Como es de su consentimiento, mi renuncia obedece a iniciar tareas en la Organización Latinoamericana de Energía. La normativa expresa que el subsidio no corresponde en la hipótesis que se perciba una remuneración con cargo a fondos públicos, que claramente no es mi situación”. La carta, a la que accedió Búsqueda, la dirigió el colorado Fitzgerald Cantero a la ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio. Era una simple formalidad y, a los pocos días, el subsidio del exdirector de Energía fue aceptado. Si no asume ningún cargo público, cobrará $ 184.180 por mes hasta marzo de 2025.
Cantero renunció para asumir un cargo que exigía al menos siete años de experiencia en el sector, cuando él llevaba cuatro como director de Energía y presidente de la Administración del Mercado Eléctrico (Adme). Si bien Olade no es una institución pública uruguaya, en su página web se define como un organismo de “carácter público intergubernamental”. Uruguay es uno de sus países miembro y tiene una alianza con UTE.
Lo mismo sucede con Conrado Ramos, el exdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil, quien renunció a fines del año pasado para irse como secretario del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), un “organismo público internacional, de carácter gubernamental”. El subsidio que cobra Ramos es de $ 261.692.
Algunos jerarcas del Frente Amplio también cobraron el subsidio mientras desempeñaban cargos en organismos multilaterales. Miguel Fernández Galeano, por ejemplo, fue consultor para la Organización Panamericana de la Salud entre 2010 y 2014. Entre 2010 y 2011 cobró $ 57.978 por mes por haber sido funcionario en Salud Pública.
