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Las empresas de telecomunicaciones tendrán beneficios fiscales para comprar equipos de vigilancia electrónica
La tecnología es para que las operadoras de telefonía obtengan información de usuarios investigados por la Policía y la Fiscalía en casos de lavados de dinero
Los proveedores de servicios de telecomunicaciones son los que habilitan a la Policía a interceptar una línea móvil
Las empresas de telecomunicaciones recibirán exoneraciones fiscales para la adquisición de bienes de “alta tecnología” que mejoren sus actividades de vigilancia electrónica, de acuerdo a un decreto del Ministerio del Interior y del Ministerio de Economía y Finanzas firmado por el presidente Luis Lacalle Pou.
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El documento señala que los beneficios son otorgados debido “a su importancia para el combate al delito” y abarcan únicamente inversiones en soportes lógicos y equipos de procesamiento electrónico de datos. Esta tecnología permitirá “cumplir en forma eficiente con las tareas de investigación” relacionadas con actividades ilícitas precedentes al lavado de activos, así como con los delitos de conversión, transferencia, posesión, tenencia, ocultamiento y asistencia derivados de esas actividades. Las compras incluyen la exoneración del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) por un monto máximo del 100% del monto efectivamente invertido en los bienes, que no podrá superar los 12 millones de unidades indexadas; también la exoneración del Impuesto al Patrimonio por el término de la vida útil de los bienes.
La Ley Integral contra el Lavado de Activos (Nº 19.574 de 2017) establece que para el esclarecimiento de determinados delitos se podrá realizar una vigilancia electrónica que será ordenada por el tribunal penal a cargo del caso. A requerimiento del fiscal, el juez libra un oficio para que los operadores de telecomunicaciones provean cierta información acerca de sus usuarios que son sujetos de una investigación: entre otras cosas el contrato del abonado, el número telefónico, el IMEI del dispositivo móvil, el número de serie del dispositivo y los listados de tráfico de al menos los últimos 30 días. Los datos sirven como base para que la Justicia determine si corresponde proceder con la interceptación legal del dispositivo.
Para la vigilancia electrónica, las empresas telefónicas se rigen por un protocolo de 2014 que fue actualizado en 2021, en el marco de la Ley Integral contra el Lavado de Activos y en respuesta a los avances tecnológicos disponibles en la Policía Nacional. Esta actualización también buscó agilizar las actuaciones policiales al eliminar, por ejemplo, la obligatoriedad de que los investigadores soliciten a las telefónicas la información de sus usuarios en investigaciones de gravedad como secuestros, privación de libertad, retención de menores y toma de rehenes.
El procedimiento indica que los operadores deben tener equipos configurados para facilitar el acceso policial a todas las comunicaciones transmitidas, generadas para su transmisión o recibidas por el sujeto de una interceptación legal y los datos de tráfico asociados a dicha comunicación. También tienen que proporcionar información de la localización geográfica del terminal o punto de terminación de red de origen de la llamada y de la del destino de la llamada. En caso de servicios móviles, darán una posición lo más exacta posible del punto de comunicación y, en todo caso, la identificación, la localización y el tipo de la estación base afectada. Una vez recolectados los datos de la interceptación, el tribunal penal competente decidirá qué material puede ser destinado como prueba y cuál se descartará.
Las interceptaciones de comunicaciones en Uruguay se realizan bajo el Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales (SAIL), ejecutado en coordinación por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Poder Judicial. El sistema procesa las solicitudes de interceptación de los fiscales, las decisiones de los jueces penales y las respuestas de las operadoras.
En 2021 la bancada de senadores del Frente Amplio presentó un pedido de informes en el Parlamento para conocer qué herramientas de interceptación legal tiene el ministerio, qué reparticiones los utilizan, cuánto personal los tiene a su cargo, en qué lugares físicos están instalados y cuál es el destino de la información privada que pueda surgir de forma colateral en una interceptación.
El SAIL tenía desde hace casi una década al Guardián Web como su herramienta principal. Se trata de un producto de la empresa brasileña Dígitro enfocado en las llamadas telefónicas de línea fija. En 2022 el Ministerio del Interior compró a Dígitro una versión más moderna del producto, denominada Guardián Online, que integra datos procedentes de los sistemas operacionales Android e IOS, sitios webs y dispositivos móviles, e-mails, agenda, datos de navegación, geolocalización, redes sociales, además de fuentes específicas y operadoras de telefonía. A inicios de año el ministerio completó la compra de otra tecnología de vigilancia, en este caso a la compañía italiana Innova, enfocada en recopilar información a partir de los sonidos o las conversaciones presentes en el entorno.
Durante la actual administración, el acceso sin autorización a las plataformas Guardián por parte de la Policía provocó el relevo de la directora de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, Mariana Moura. Su salida fue ordenada el año pasado por el entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, luego de que un subcomisario y un oficial principal —dependientes de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial— accedieran irregularmente al sistema con la intención de obtener datos referentes a la Operación Navarino, que investigó el asesinato en 1978 de Cecilia Fontana, madre de Heber.
El ministerio abrió un sumario sobre el jefe del Departamento Antiterrorismo y Enlace Exterior, John Giménez, quien declaró que para resolver diferentes obstáculos operativos es habitual en la Policía el uso compartido de claves en diferentes sistemas de información.
