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    Tras cambios en su directorio, la Institución de Derechos Humanos levanta su perfil

    Luego de que Mariana Mota y Juan Miguel Petit asumieran sus cargos de directores, la Institución Nacional de Derechos Humanos comenzó a posicionarse con más frecuencia en temas de debate público, lo que ocasionó roces con el sistema político

    Son días agitados en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh). No solo por las 30 o 40 denuncias que reciben por semana para investigar, diligenciar telefónicamente o archivar, que son apenas una parte del trabajo. También están los preparativos para el informe anual que deberán presentar al Parlamento a fines de abril.

    El movimiento se percibe en la casona de estilo art nouveau por bulevar Artigas, donde otrora funcionaba el Servicio de Información de Defensa del Ministerio de Defensa Nacional, que durante la dictadura fuera un centro clandestino de detención y tortura, y desde 2016 es sede de la Inddhh. Ese informe en preparación desde ya anticipa que el 2025 fue más activo que años anteriores, más allá del permanente incremento de trabajo —y funciones— de la institución. Pero en esta mayor actividad, y visibilidad, también tienen que ver las incorporaciones de Mariana Mota, el 31 de julio, y Juan Miguel Petit, el 18 de setiembre, a su Consejo Directivo, luego de las renuncias de Wilder Tayler y Bernardo Legnani.

    En los últimos meses la institución se posicionó en varios temas de debate público. En octubre se manifestó en contra del proyecto de la senadora frenteamplista Blanca Rodríguez de crear un comisionado para la niñez en el Parlamento, en el entendido de que esa función ya la cumple la propia Inddhh. Ese mismo mes presentaron un duro informe sobre las múltiples “vulneraciones” que sufren los menores bajo el amparo del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU). En noviembre advirtieron sobre el incremento de expresiones discriminatorias y antisemitas en el país.

    Este año, el mismo en el que lograron un incremento presupuestal de 16,5% (que aun así representó un 40% menos de lo que habían solicitado) con el voto en contra del Partido Nacional en bloque, la institución cuestionó fallas en el sistema de adopción del INAU, presentó un recurso de amparo para detener la prospección petrolera en aguas territoriales, advirtió sobre “cambios sustantivos” en la Ley de Salud Mental y denunció “la falla transversal del Estado” y “la necesidad urgente de reformar el sistema de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes” luego de la muerte de Jonathan Correa, de 15 años, en manos de su padre. Esto permite anticipar un informe anual para 2026 quizá todavía más sustancioso.

    Desde la propia Inddhh confirman que hay una intención de tener más visibilidad. Además de los cometidos para los que esta institución estatal independiente fue creada en 2008 —defender, promover y proteger los derechos humanos de las personas en su relación con el Estado—, tratan de pronunciarse “en temas que le preocupan a la gente”, dijo a Búsqueda una fuente del organismo. Las intervenciones recientes son una muestra. El hecho de que Petit y Mota sean nombres ya conocidos por la prensa puede haber jugado a favor de esa mayor presencia, añadieron las fuentes.

    “Supongo que es algo que simplemente se dio”, afirmó a Búsqueda Mota, hoy presidenta de la Inddhh, cargo rotativo que cambia todos los años. Esta jueza con 20 años de experiencia, de reconocida labor en delitos ocurridos durante la última dictadura, ya estuvo en el directorio del organismo en el período anterior, el de 2017-2022. En esta ocasión fue postulada por el Frente Amplio para ocupar ese cargo luego de la renuncia de Tayler y fue electa en la Asamblea General por 75 votos en 123.

    Petit, abogado y periodista vinculado al Partido Colorado, estuvo 10 años al frente del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario (2015-2025) —donde también mantuvo un perfil público alto al denunciar las malas condiciones carcelarias— antes de ser designado en la Inddhh con un importante respaldo interpartidario.

    Cada directorio dura cinco años y sus integrantes son designados por el Parlamento entre dos períodos, para que no esté directamente vinculado a un gobierno.

    Mota afirmó que no hay una decisión deliberada de posicionarse con más frecuencia, sino que hay un cambio de estilo respecto a los primeros años. La primera mitad del actual período de la institución, iniciado el 1º de setiembre de 2022, con Tayler, Legnani y los directores que siguen en funciones, Jimena Fernández, Marcos Israel y Carmen Rodríguez, “tuvo poca expresión hacia afuera”, opinó, y atribuyó ello a que hoy se percibe una institución más visible.

    Denuncias atrasadas

    Sí hay algo que a Mota le llamó la atención en su reingreso, meses atrás: “Había un cúmulo de resoluciones sobre denuncias atrasadas, que se habían resuelto o que estaban muy atrasadas en su tramitación”.

    Las denuncias son uno de los pilares de la institución (el otro es el Mecanismo Nacional de Prevención) y en el período anterior se había decidido que estas subieran al Consejo Directivo de la Inddhh con una información ya procesada del equipo técnico actuante (de áreas como salud mental, género, personas mayores, búsqueda de personas desaparecidas y un largo etcétera) sobre cómo intervenir. Sin embargo, la exjueza se encontró con unos 30 casos atrasados.

    “Algunas de esas resoluciones referían al año 2023, al 2024, había algunas de 2022. Ya estábamos en 2025. Eso era una barbaridad. A mí me resultó muy preocupante que la institución demorara tanto tiempo en resolver situaciones que no necesariamente eran complejas”, indicó Mota.

    La presidenta de la Inddhh no se puso a investigar el porqué. “Mi preocupación es que se resolviera lo antes posible, porque es vergonzoso que la institución demore tanto. De cualquier forma, yo no puedo decir por qué antes no se tenía la exposición que se debería tener; no estuve”.

    “Ruidos”

    Los posicionamientos de la institución han sabido de choques, por más que ese término no le guste a Mota. Sus reparos al proyecto de la senadora Rodríguez no solo causaron malestar en el oficialismo —sobre todo en el MPP, sector al que pertenece la experiodista—, sino en Unicef, que consideró que la Inddhh hizo una “mala interpretación” de la idea. “Nosotros no nos manifestamos en contra de ese proyecto”, recordó Mota, “solo dijimos que las funciones que se proponían ya se desarrollaban en la institución a través del Mecanismo Nacional de Prevención. Y tal vez es aconsejable fortalecer algo que ya existe en lugar de crear un organismo nuevo para hacer cosas similares”.

    El pedido de más presupuesto le provocó ruidos con la oposición. El senador nacionalista Sebastián da Silva dijo en sala que el dinero con el que contaban ya era “suficiente para el cumplimiento de sus objetivos”, más aún para un contexto donde los recortes son necesarios. Otros legisladores cuestionaron que se les votara un porcentaje de aumento mayor a ellos que a otros organismos. “Hubo ruido, lamentablemente. Esta institución cuenta con 50 funcionarios, algo así como el 0,5% de los funcionarios del Parlamento. Lo que se pedía era un refuerzo presupuestal para poder ir aumentando paulatinamente una plantilla de profesionales que trabajen en temas específicos. El refuerzo votado no cubrió lo que precisaríamos, seguimos siendo una institución montevideana, siendo nacional, sin otra sede en el resto del país. Pero así y todo hubo una mayor respuesta que en la administración anterior”, señaló la presidenta.

    En estos tiempos de mayor visibilidad hubo satisfacciones. Que sus cuestionamientos a los cambios realizados a la Ley de Salud Mental (19.529) de 2017 a través de la última Ley de Presupuesto Nacional (20.466), que incluyó la postergación del cierre de los establecimientos de internación psiquiátrica de 2025 a 2029, hayan motivado una acción parlamentaria para respetar el espíritu de aquella iniciativa es una de ellas. “Era un cambio de paradigma ir cerrando esos establecimientos. Es algo complejo, pero no imposible. No sé si tuvimos algo que ver en eso, pero no importa. Lo importante es que se volvió para atrás”.

    También hubo dolores. El pronunciamiento sobre la muerte de Jonathan, que motivó también el inicio de una investigación administrativa de oficio, es algo que nunca habrían querido hacer. “Lo que pasó generó una impotencia muy grande, que el chico murió porque el Estado no llegó a tiempo o no visualizó lo que pasaba. Jonathan no vivía en el medio del campo, el Estado intervenía, pero ninguno de sus organismos tuvo la capacidad de darse cuenta y evitar un desenlace. Hay que mirar en las infancias y adolescencias no solo en programas de largo aliento; también hay que actuar en la emergencia”.

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