El gobierno redefine la política de ciencia y tecnología en el marco del Presupuesto

El proyecto legislativo introduce modificaciones en la estructura de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), con la intención de “contribuir a la mejora de la productividad y la competitividad a través de la introducción de la innovación”, señala el texto.

U+I tendrá un responsable designado por el Poder Ejecutivo, cargo que ocupará Bruno Gili.

FUI: el brazo financiero de la innovación

El artículo 40 crea el FUI como “una herramienta de coordinación del ecosistema de innovación, a través del financiamiento de proyectos interinstitucionales e interdisciplinarios que promuevan una asignación más eficiente de los recursos públicos de apoyo a la innovación y el apalancamiento de los recursos de ministerios, personas públicas no estatales, entes autónomos y servicios descentralizados del dominio comercial e industrial del Estado y del sector privado”.

Los recursos estarán destinados principalmente a “la creación y consolidación de capacidades de investigación e innovación orientadas a la valorización del conocimiento generado, procurando resultados en términos de nuevos bienes, servicios, procesos o modelos de negocios”.

El FUI también priorizará proyectos vinculados a “los desafíos estratégicos nacionales en relación con los cambios en la matriz productiva, transformaciones innovadoras basadas en nuevas tecnologías transversales o mejoras significativas en el bienestar resultantes de la introducción de innovación”.

La administración y ejecución del FUI quedará a cargo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), mientras que el Consejo Estratégico Ministerial de U+I será el responsable de definir prioridades. Su financiamiento se integrará con partidas presupuestales, fondos de organismos internacionales, contribuciones de entes públicos, donaciones privadas y “todo otro recurso que le sea atribuido”.

Torre-Ejecutiva.jpg

Fachada de la Torre Ejecutiva, sede de la Presidencia de la República.

AFP

Nace la Secretaría Nacional de Ciencia y Conocimiento

Para la ejecución de la estrategia, el artículo 41 del proyecto establece la creación de la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización de Conocimiento, también bajo la dependencia de laPresidencia. Su función principal será “proponer las políticas científicas nacionales, promover la formación de capital humano especializado y contribuir a la valorización y transferencia de conocimiento, en todo el territorio nacional”.

Esta Secretaría asumirá las competencias de la actual Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura, que, según el artículo 45, será suprimida.

El artículo 43 detalla sus cometidos específicos, que incluyen proponer políticas y planes en CTI con un enfoque “de equilibrio territorial y de género”, y fomentar la investigación en un amplio rango de disciplinas. Además, deberá “fomentar la formación de profesionales” en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y su inserción laboral, así como “contribuir a la transferencia de los resultados de investigación hacia los sectores productivos y el sector público”.

$ 30 millones para el nuevo Plan Estratégico Nacional de CTI

Una de las tareas de la nueva Secretaría, en coordinación con U+I, será elaborar un nuevo Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCTI).

El primer PENCTI fue creado en febrero de 2010, durante el final del gobierno de Tabaré Vázquez, con la idea de “orientar y coordinar las políticas nacionales de ciencia, tecnología e innovación en Uruguay”. Posteriormente, fue revisado en 2020.

El proyecto de ley establece que la presentación del nuevo plan al Poder Ejecutivo deberá realizarse antes del 30 de junio de 2027. Para financiar la elaboración del nuevo PENCTI y otras políticas, el artículo 42 asigna una partida anual de $ 30 millones.

Nuevos programas para retener talento y potenciar la educación

Complementando la reestructura institucional, el proyecto de ley introduce tres iniciativas con efecto en la innovación. Por un lado, el artículo 51 crea en la órbita de la ANII el “Programa Central de Alta Dedicación a la Investigación”. Su objetivo es “incrementar el número de investigadores profesionales con nivel de doctorado y postdoctorado” y “promover la alineación de sus actividades con los desafíos estratégicos del desarrollo nacional”. Este programa busca establecer “un marco de evaluación común” para los investigadores, independientemente de si su inserción laboral es en instituciones públicas o privadas.

Por otro lado, el artículo 576 contempla una significativa inyección de recursos para el Plan Ceibal. Se le asignarán partidas incrementales que totalizan $ 1.150 millones en el período 2026-2029. Estos fondos, según el texto, tienen como destino “el desarrollo de un laboratorio de inteligencia artificial en educación, fortalecimiento de programas STEM y acompañamiento con tecnología de la iniciativa de expansión de becas de enseñanza media”. La asignación comenzará con $ 200 millones en 2026 y alcanzará los $ 400 millones en 2029.

Finalmente, el artículo 533 apunta a la descentralización educativa con una partida anual de $ 50 millones para la Universidad Tecnológica (UTEC). Los fondos se destinarán a retribuciones personales con el fin de “atender territorios con demanda insatisfecha” y “reducir desigualdades territoriales”. El desglose de la partida muestra un plan de crecimiento: $ 26 millones para la puesta en marcha del Instituto Tecnológico Regional Este, $ 14 millones para asegurar la operatividad de las sedes de San José y Cerro Largo, y $ 10 millones para iniciar actividades en Artigas.