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    Pese a críticas sobre la lentitud, principales investigaciones sobre corrupción tienen más fallos favorables al oficialismo

    Mientras dos denuncias del Frente Amplio fueron archivadas, derivaciones de las investigaciones sobre Alejandro Astesiano y Sebastián Marset todavía pueden traer dolores de cabeza a la coalición

    Con la campaña electoral instalada, la presión política para los fiscales que actúan en casos de presunta corrupción promete ir en aumento. La señal más reciente la dio el precandidato colorado Gabriel Gurméndez, quien siendo presidente de Antel presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades en la construcción del Antel Arena. En declaraciones a Canal 4 Gurméndez dijo que desde que asumió el caso el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 1er turno, Alejandro Machado, un año atrás, “no pasa nada” en la causa, mientras “otras denuncias muy posteriores en el tiempo tienen una velocidad de vértigo”.

    El trabajo de la Fiscalía, en particular en casos en los que se investigan posibles actos de corrupción o que involucran a políticos, ha recibido críticas de todo el espectro, pero sobre todo del oficialismo. Al analizar los procesos en curso o ya cerrados, no hay una tendencia clara contra los intereses del gobierno.

    De hecho, dos de las denuncias que presentó el Frente Amplio contra integrantes del gobierno fueron archivadas por el fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos de 3er turno, Gilberto Rodríguez. Tanto en el caso del exministro de Turismo Germán Cardoso como en el de los involucrados en la ampliación de la concesión del Puerto de Montevideo a Katoen Natie, el fiscal entendió que habían existido conductas irregulares, pero no delitos, por lo que dispuso su archivo.

    En los próximos meses los fiscales tomarán decisiones sobre otros casos que pueden impactar en el debate político electoral y afectar a oficialismo y oposición. Quedan pendientes definiciones sobre el Antel Arena; sobre las denuncias del Ministerio del Interior contra el senador y exdirector de Secretaría de la cartera Charles Carrera; derivaciones del “caso Astesiano” que pueden involucrar a jerarcas; cabos sueltos del “caso Cardoso”; la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset y el intento posterior de ocultar información a la Justicia.

    Consultado por Búsqueda, el experto en derecho constitucional Pablo Schiavi sostuvo que “no le hace bien al Estado que esas causas no se definan” durante mucho tiempo. Atribuyó las demoras, al menos en parte, a que no existe una sede especializada en temas de corrupción y a que los fiscales que los tratan no hacen una “adecuada priorización”.

    “Los fiscales los saben trabajar pero tienen 500 casos más, que a efectos de la opinión pública no son tan importantes”, añadió.

    Astesiano

    Antes de renunciar a su cargo y empezar a militar en el Partido Nacional, la entonces fiscal de Flagrancia de 12º turno Gabriela Fossati tuvo a cargo uno de los casos más complejos para el gobierno. El arresto el 26 de setiembre de 2022 de Alejandro Astesiano, jefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou, por su participación en una red que facilitaba pasaportes falsos a rusos, abrió varias líneas de investigación sobre posible corrupción que involucraba a jerarcas policiales. También requirió tomar declaraciones al mandatario, quien le pidió celeridad, y a otros jerarcas de Presidencia de la República.

    Luego de las primeras filtraciones que surgieron del “caso Astesiano”, la Fiscalía resolvió tratar las causas por separado para evitar que se siguieran generando situaciones de ese tipo.

    Más allá de su complejidad, la investigación directa sobre Astesiano fue la que concluyó más rápido. En febrero de 2023, la fiscal alcanzó un acuerdo abreviado con el excustodio, que se declaró culpable de varios delitos (asociación para delinquir, tráfico continuado de influencias, interés personal y público y revelación de secretos) a cambio de una pena de cuatro años y medio de prisión. La resolución fue cuestionada por la oposición porque consideró que hubo muchas líneas que no fueron investigadas por Fossati, puesto que Astesiano trabajaba desde el cuarto piso de la Torre Ejecutiva.

    Las causas están ahora a cargo de la fiscal Sabrina Flores, quien ocupa el cargo de Fossati desde marzo del año pasado. Son al menos nueve investigaciones en trámite, que incluyen alrededor de 140.000 hojas de pericias de celulares y de audios desgrabados que continúan siendo analizados por el equipo investigador, formado por Flores y dos adscriptos. Entre los casos está el espionaje contra los senadores frenteamplistas Carrera y Mario Bergara, por el cual en octubre de 2023 fue formalizado el gerente de la empresa Vertical Skies, que había pedido a Astesiano que elaborara fichas de información de los legisladores para inhibirlos como denunciantes en la causa que investigaba el acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Katoen Natie.

    La fiscal Flores prevé enfocar las líneas de investigación en aquellas que involucren a funcionarios públicos que pudieran haber cometido delitos, según indicaron a Búsqueda fuentes cercanas a la causa.

    Katoen Natie y Turismo

    El fiscal Gilberto Rodríguez ha sido sinónimo de buenas noticias para el oficialismo. En noviembre del 2022, tras un año de investigación, resolvió que ninguna autoridad había cometido delitos cuando el gobierno extendió la concesión del puerto a Katoen Natie. Los senadores del Frente Amplio, quienes habían hecho la denuncia, presentaron un recurso de revisión y el tema pasó a otra fiscalía para su análisis. La titular de la sede de Delitos Económicos y Complejos de 2º turno, Silvia Porteiro, decidió acompañar la resolución de su colega y volvió a archivar la denuncia. En su dictamen consideró que “sin perjuicio de algunas actuaciones irregulares o reprochables, estas no resultan suficientes para la tipificación del injusto que se pretende imponer”.

    Un mes después de su resolución sobre el caso del puerto, en diciembre de 2022, Rodríguez archivó también la investigación sobre la gestión de Germán Cardoso mientras era ministro de Turismo. La denuncia había sido presentada por el Frente Amplio después de que Búsqueda informara sobre compras de publicidad millonarias cuestionadas y, en particular, acerca de la contratación de una empresa de Estonia llamada Kirma Services para proveer servicios de marketing digital.

    El fiscal entendió que, al igual que en el puerto, las decisiones irregulares de Cardoso no ameritaban sanción penal. No obstante, en paralelo abrió dos investigaciones nuevas sobre Daniel Reta, adscripto del ministro, y Elbio Rodríguez, asesor “honorario”. Ambos tuvieron un rol clave en la contratación de Kirma Services, una compañía que nunca había trabajado en Uruguay.

    La carpeta fiscal de Reta, que además de su papel en la contratación de Kirma Services habría autorizado pagos a proveedores del ministerio sin tener la potestad, lleva un año sin movimiento, dijeron a Búsqueda fuentes del caso. En cuanto a Elbio Rodríguez, el fiscal pidió información a Estonia y a Chipre, donde vive el titular de la compañía contratada por el ministerio.

    La Fiscalía, sin embargo, todavía no consiguió una prueba clave: los archivos que permitirían verificar de dónde salían los mails que mandaba Kirma Services al Ministerio de Turismo para ganar el contrato por US$ 280.000 y cobrar ese dinero. Búsqueda informó que al menos uno de esos mails fue enviado por un cliente de la empresa de Internet Dedicado, lo que no es consistente con la versión de Kirma Services y de Elbio Rodríguez, quienes aseguraron en Fiscalía que la compañía no tenía oficinas ni representantes en Uruguay.

    Los abogados denunciantes han insistido en varias ocasiones al fiscal Rodríguez y su equipo para que consigan la información de los mails y le pidan el nombre de su cliente a Dedicado, pero hasta ahora no lograron su cometido.

    Antel Arena y Hospital Policial

    El oficialismo es denunciante en dos causas que están en manos de fiscales. En noviembre del 2021, Gurméndez como titular de Antel denunció la construcción del Antel Arena, ideado por la actual precandidata del Frente Amplio Carolina Cosse y que tuvo un costo de US$ 120 millones, muy superior a su proyección inicial.

    En un inicio estuvo a cargo de Enrique Rodríguez como fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 1er turno, quien luego fue designado como titular de la sede especializada en Lavado de Activos que se creó y la causa pasó a estar en manos de Alejandro Machado.

    “Hay que ubicar esto en lo que es: una opereta política”, declaró Cosse después de concurrir a Fiscalía, en julio de 2022, para declarar como indagada, informó El Observador.

    Uno de los últimos en comparecer frente a Machado fue el exvicepresidente de Antel Robert Bouvier, actual ministro de Ambiente, en agosto de 2023. “Seguimos en el convencimiento de que todo el proceso de construcción del Antel Arena tuvo unos cuantos vicios importantes”, dijo Bouvier a la salida.

    Consultado por Búsqueda sobre el avance de las indagatorias, Machado señaló que se encuentra de licencia y que en febrero retomará las indagatorias, aunque por el momento no tiene una planificación sobre posibles citaciones.

    La otra investigación que surgió a partir de una denuncia del gobierno, en este caso del Ministerio del Interior, es la que involucra a Carrera por presuntas irregularidades durante su gestión como número tres de la cartera, cargo que ocupó entre 2010 y 2017. A ojos del gobierno, el trabajo fiscal se mueve a un ritmo demasiado lento, ya que la denuncia fue presentada en junio de 2022.

    En julio del año pasado el oficialismo convocó al fiscal Juan Gómez para plantearle su preocupación por la falta de avances en la investigación sobre Carrera, que inicialmente estaba a cargo del fiscal Ricardo Lackner y luego pasó la fiscal Silvia Porteiro a ser la titular de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2º turno.

    “Durante este período, de la actual fiscal, no ha habido ningún movimiento; lo que hubo son las tres ampliaciones del Ministerio del Interior, pero no de parte de la fiscal”, describió el senador Jorge Gandini en julio de 2023.

    En tanto, la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi calificó a los fiscales de “tortugas” y señaló a El País que tienen “distintos ritmos de actuación” según las causas que investigan.

    Tres meses después, en octubre de 2023, la comisión investigadora que se creó específicamente para analizar las irregularidades en el uso del Hospital Policial que habían sido denunciadas concluyó que había “hechos de clara apariencia delictiva” que también involucrarían a Carrera, dijo Gandini.

    Marset

    Es probable que el sistema político también reciba novedades este año de la Fiscalía que encabeza Machado, pero en investigaciones que involucran a exgobernantes. La entrega del pasaporte uruguayo a Marset, un narco que estaba preso en Dubái y se dio a la fuga gracias a ese documento, es investigada desde setiembre de 2022.

    La Fiscalía General abrió una indagatoria de oficio después de que el Frente Amplio interpelara a los entonces ministros Luis Alberto Heber (Interior) y Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores). El desfile de indagados que declaró ante Machado fue largo, pero tuvo uno de sus puntos más altos el 1° de noviembre de 2023, cuando llegó el turno de Carolina Ache.

    Además de tratar de despejar las dudas que tenía el fiscal sobre su participación en el trámite que derivó en la entrega del pasaporte a Marset, lo que no logró por completo, Ache abrió un flanco nuevo al oficialismo. Denunció que el gobierno había intentado ocultar a la Justicia los mensajes de WhatsApp que intercambió con el entonces viceministro del Interior Guillermo Maciel, en los que quedaba claro que las autoridades sabían que Marset era un narco pesado y peligroso cuando tramitaba el pasaporte.

    El relato provocó la renuncia de Bustillo, Heber, Maciel y del asesor presidencial Roberto Lafluf, quien quedó en una situación judicial un poco complicada. Ache dijo que el publicista le pidió que eliminara los chats de su celular y que consiguiera un escribano para certificar que no los tenía y por eso no podía dárselos a la Justicia. Además, aseguró que Lafluf le reconoció que había destruido un documento notarial que ella había entregado en Cancillería y que tenía los mensajes de WhatsApp con Maciel.

    El fiscal Machado deberá investigar si hubo un delito en el proceder de los funcionarios del gobierno relacionado con el episodio de los chats y la destrucción del documento.

    Al igual que cuando fue consultado acerca de la investigación que lidera sobre el caso del Antel Arena, Machado señaló que no tiene una planificación sobre futuras citaciones y que cuando vuelva de licencia en febrero retomará la causa.

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    2024-01-18T00:53:00