Tras el anuncio público de la acusación de Estados Unidos, realizado el 21 de mayo, F. Cartwright Weiland, alto funcionario de la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley, brindó una conferencia de prensa en la que no ahorró calificativos para referirse a Marset. “Se esconde vergonzosamente tras su aspecto de villano de cine, mientras compite en carreras de coches deportivos y se compra un equipo de fútbol. Su riqueza está manchada de la sangre y el sufrimiento que ha regado desde Montevideo hasta Miami. Su zoológico privado incluye docenas de animales, pero Marset y sus matones asesinos son las verdaderas bestias. Hasta ahora, Marset ha evadido su captura, pero vestirá un uniforme carcelario, no una camiseta de fútbol, y finalmente se enfrentará a la Justicia por los crímenes que haya cometido”, dijo.
La acusación del Departamento de Justicia contra Marset fue presentada el segundo semestre de 2024, pero no se hizo pública de inmediato. Como parte de su protocolo habitual, las autoridades estadounidenses mantienen bajo reserva las imputaciones durante los primeros meses con el objetivo de localizar al acusado sin alertarlo. Durante ese período, se desarrollan tareas encubiertas de inteligencia y seguimiento. Solo después de ese lapso —generalmente entre dos y tres meses—, el caso se difunde oficialmente y se activa la estrategia de recompensa pública para incentivar a personas cercanas al entorno del prófugo a brindar información.
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El puerto de Amberes, Bélgica, es mencionado por Estados Unidos como uno de los puntos de envío de droga por parte de Sebastián Marset
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El caso presentado ante el Tribunal de Distrito del Este de Virginia alega que Marset es el líder de una organización de narcotráfico a gran escala que distribuyó miles de kilogramos de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, con operaciones en Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos y Portugal, entre otros. Sostiene que Marset fue el responsable del envío vía marítima, en abril de 2021, de 11 toneladas de clorhidrato de cocaína al puerto de Amberes, Bélgica, procedente de Paraguay y con escala en el Puerto de Buenos Aires. También señala que Santoro, encargado de blanquear las ganancias de esos cargamentos, lavó al menos 5 millones de euros provenientes del pago por otro negocio, cuyo valor total fue de 17 millones. La mayor parte de esos 5 millones de euros fueron canalizados a través del sistema financiero norteamericano.
Estos datos fueron mencionados en distintos comunicados de prensa tanto por la DEA como por el Departamento de Estado, que actuó como vocero oficial al difundir globalmente la acusación del Departamento de Justicia.
Según el Departamento de Estado, Santoro y otros miembros del grupo recolectaban las ganancias del narcotráfico, generalmente en euros. Luego se especializaban en introducir ese dinero ilícito en el sistema bancario global, generalmente mediante transferencias bancarias, con los fondos finales en dólares y mediante una institución financiera de Estados Unidos como intermediaria. Para ese fin creaban facturas falsas que justificaban las transferencias bancarias y utilizaban empresas en distintas partes del mundo “no relacionadas y registradas como si operaran en distintos sectores económicos no vinculados entre sí”.
De Europa a Estados Unidos
Búsqueda accedió al statement of facts y a otros documentos legales del proceso iniciado por Estados Unidos contra Santoro. Fechados en julio y octubre de 2024, revelan que el Departamento de Justicia solicitó al tribunal del Distrito Este de Virginia que clasificara oficialmente el caso como “complejo” bajo los términos de la Ley de Juicio Rápido (Speedy Trial Act), con el objetivo de permitir que se resuelva de forma ágil. Uno de los argumentos es que la investigación sobre Santoro involucró a una fuente confidencial que se comunicaba con el lavador de dinero principalmente en portugués o portuñol.
“El gobierno tiene serias preocupaciones de seguridad respecto a esta fuente, el peligro es particularmente grave”, afirmaron las autoridades respecto al historial violento tanto de Santoro como de Marset y al hecho de que este último continúa prófugo y con libertad para actuar.
En cuanto a la propia estructura de blanqueo de activos, estos textos revelan que Marset y Santoro empleaban, entre otras plataformas, a Sky ECC, un servicio de mensajería encriptada creado por una empresa canadiense que en 2021 debió retirarlo del mercado porque su uso se había hecho popular en el mundo criminal. Marset le enviaba fotos de ladrillos de cocaína a Santoro a través de Sky ECC para comunicarle que un cargamento estaba en camino a Europa; luego enviaba otros mensajes para que recaudara el dinero una vez que la carga había arribado: “Tengo Holanda lista 10 mil eu” indicaba, por ejemplo, que 10 millones de euros en ganancias del narcotráfico estaban listos para ser recogidos en Países Bajos.
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Sky ECC fue un servicio de mensajería instantánea que Marset y sus cómplices utilizaban para lavar el dinero de la venta de cocaína
Sky ECC
Para asegurar que ese dinero fuera entregado correctamente, Marset, Santoro y otros integrantes del grupo usaban un sistema de verificación basado en algunos números de serie de los billetes que servían como “token de autenticación”. La logística del lavado incluía escenas dignas de una película. “En algunos casos, los mensajeros de la red recogían maletas llenas de euros a la vera de caminos públicos en Europa, y el dinero era ocultado en compartimentos secretos de vehículos para facilitar su transporte sin ser detectado”, dicen los textos legales presentados al Tribunal de Distrito del Este de Virginia.
La preferencia de Marset era que la moneda final de la operación fuera el dólar, para lo cual proporcionaba a Santoro y a otros cómplices cuentas bancarias de empresas ubicadas principalmente en Chile o China. Uno de los miembros del esquema es mencionado por los fiscales como coconspirador 1 (CC-1, por su sigla en inglés). CC-1 tenía vínculos con aproximadamente siete empresas en Europa que estaban dispuestas a aceptar las ganancias ilegales del narcotráfico y luego realizar transferencias a cuentas determinadas por Santoro. Para facilitar esas transacciones, CC-1 creaba facturas falsas con el fin de hacer que el movimiento del dinero pareciera vinculado a negocios legítimos, cuando en realidad no se estaban adquiriendo bienes ni servicios. CC-1 enviaba las facturas falsas a Santoro por si las autoridades, los reguladores financieros o los bancos llegaban a investigar.
Además de este mecanismo, el grupo de narcotráfico también compraba y vendía oro con los euros cobrados a sus socios europeos.
El rol de Uruguay
Los jerarcas de la pasada administración del Ministerio del Interior creen que hubo un mojón en la búsqueda regional que existía por Marset. En junio de 2023, durante una reunión de ministros de Interior y Seguridad del Mercosur, Uruguay avisó a Bolivia que el delincuente estaba en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En julio de ese año el Ministerio de Gobierno boliviano coordinó un operativo para atraparlo, pero Marset escapó unas horas antes —con su familia y un grupo de custodios— de la lujosa casa en donde vivía. Días después envió un mensaje de audio a medios de comunicación de Bolivia en el que afirmaba que el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico fue quien le avisó del procedimiento para detenerlo.
Esta agencia es considerada una de las unidades de seguridad de élite de Bolivia, por lo cual su supuesta infiltración profundizó en Uruguay y en otros países la necesidad de que Estados Unidos, principalmente a través de la DEA, se involucrara en la captura de Marset para dar más potencia y alcance al tema.
La DEA ya había actuado en febrero de 2022 en A Ultranza PY y fue incluso la agencia que ofició de nexo entre la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad), que llevó adelante ese procedimiento, y la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de la Policía Nacional de Uruguay, que participó en los meses previos durante la investigación. A Ultranza PY desembocó en la incautación de millones de dólares en efectivo, inmuebles y vehículos, y en el arresto de una treintena de personas, entre ellos miembros de la familia Insfrán, líderes, junto con Marset, de la estructura criminal.
Marset no logró ser detenido y desde febrero de 2022 pesa sobre él una requisitoria a Interpol de Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado del 3er turno de Asunción, Paraguay. En noviembre de 2023 fue la Fiscalía General del Estado de Bolivia quien solicitó su aprehensión.
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Heide Fulton, embajadora de Estados Unidos, durante la firma de un acuerdo sobre seguridad fronteriza con Nicolás Martinelli, ministro del Interior, en enero de 2024
Ministerio del Interior
Tras su escandaloso escape de Santa Cruz de la Sierra, el gobierno uruguayo insistió a la Embajada de Estados Unidos en Montevideo en que el país norteamericano se involucrara en el caso. A fines de 2023, cuando asumió como ministro del Interior, Nicolás Martinelli se reunió con la embajadora Heide Fulton, que recién arribaba a Uruguay.
“Para ese momento Marset no estaba en el radar de Estados Unidos. En algunos casos, personal de sus agencias ni sabían quién era o lo catalogaban como alguien de muy baja monta”, indicó Martinelli a Búsqueda.
El Ministerio del Interior hizo entonces un trabajo político y la Policía Nacional, mediante la DGRTID, el trabajo operativo para intentar que la DEA se sumara a la búsqueda. “Paraguay también traccionó bastante a través de la Senad”, sostuvo Martinelli.
Inicialmente la respuesta siempre fue la misma: Estados Unidos no tenía razones para capturar a Marset porque la cocaína que traficaba se vendía a consumidores en Europa y porque no existían indicios de que usara instituciones norteamericanas para blanquear sus ganancias. Para mayo del año pasado, sin embargo, la situación había cambiado luego de que investigaciones demostraran que sí existió lavado de activos en Estados Unidos. La culpabilidad de Santoro terminó por confirmar esta hipótesis al Departamento de Justicia.
Weiland, el alto funcionario de la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley, dijo que la lucha contra el narcotráfico en el Cono Sur es una prioridad del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, y que trasladó esta mirada de sus superiores al presidente Yamandú Orsi. Afirmó, además, que “Venezuela es el lugar más probable” en donde pueda esconderse Marset.
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La imagen de Sebastián Marset utilizada por la DEA
Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos
Durante los más de tres años que permanece en fuga, Venezuela fue uno de los puntos que la DGRTID manejó como refugio de Marset. También Bolivia, Paraguay y Argentina. Otros posibles destinos en los que estuvo fueron Dubái, África y España. “A esas conclusiones se llegaba generalmente con datos a los que accedíamos mediante la triangulación de celulares”, dijo Martinelli.
Desde Dubái viajó en julio de 2024 su pareja, Giannina García Troche, a Madrid. Al aterrizar en un vuelo comercial en el Aeropuerto de Barajas, fue detenida bajo la misma requisitoria que la Justicia de Paraguay había emitido en febrero de 2022 contra su marido. Dubái es uno de los siete emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos y tiene una política rigurosa contra quienes trafican droga en su territorio, pero bastante más laxa sobre el lavado de activos. Esto, sumado a la falta de contacto con las fuerzas de seguridad de Dubái, dificultó al Ministerio del Interior el intercambio de información y la cooperación judicial para que Marset fuera buscado y arrestado allí.
“Yo creo que ahora sí su situación de fuga cambió. Esto es un game changer, modifica completamente las reglas de juego”, analiza hoy Martinelli. “Lo peor que le podía pasar a Marset era que ingresara Estados Unidos a buscarlo, porque es el país que tiene los resortes más importantes para encontrarlo. Más allá de la propia capacidad operativa y de inteligencia de Estados Unidos, países que antes hacían la vista gorda ahora van a colaborar más. Además, el monto de la recompensa puede ser muy tentador para muchas personas que conocen su estructura. Sumado a todo, su mujer está detenida en Paraguay y Santoro en Estados Unidos. Es un testigo clave”, analizó.
Tras permanecer encarcelada durante alrededor de 10 meses en Madrid, García Troche fue extraditada el 21 de mayo a Paraguay. Está imputada por el hecho punible de lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas. Según los antecedentes recopilados por el Ministerio Público paraguayo, habría introducido al sistema financiero de ese país montos millonarios provenientes del tráfico de drogas, utilizando mecanismos sofisticados de ocultamiento de bienes y fondos.
“Durante la investigación, se constató que habilitó cuentas bancarias, tanto en guaraníes como en dólares, presentando documentación falsa para justificar ingresos como empresaria del transporte internacional. A través de estas cuentas, realizó depósitos y transferencias sin sustento económico real, por montos significativos. Asimismo, constituyó una empresa con un capital social de 1.000 millones de guaraníes, que habría operado como fachada comercial para legitimar los ingresos ilícitos. En paralelo, se documentaron adquisiciones de bienes de lujo, entre vehículos de alta gama y de tiendas de marcas internacionales y viajes frecuentes al exterior, todo presuntamente financiado con fondos obtenidos a través del narcotráfico”, informó el Ministerio Público.
La detención de García Troche fue polémica. Pretendió ingresar a Dubái en un vuelo comercial, pero debido a la solicitud de Paraguay a Interpol, se le denegó su entrada. En lugar de arrestarla, las autoridades emiratíes le permitieron viajar a otro país de su elección. García Troche decidió ir a Madrid, donde la Policía Nacional de España la esperaba para detenerla en el Aeropuerto de Barajas. El día de su arresto, el director de Investigaciones de la Policía Nacional de Uruguay brindó una conferencia de prensa para explicar que la captura de García Troche había sido posible gracias al “intercambio de información” y la “inteligencia criminal” proporcionada desde Montevideo a Madrid. La defensa de la mujer manifestó que se entregó por su propia voluntad, “cansada de correr por un delito que no cometió”.
En la Policía Nacional de Uruguay consideran, al igual que Martinelli, que el cerco sobre Marset se cerró. La DEA, en su comunicado de prensa emitido la semana pasada, aseguró que se está llevando a cabo “de manera agresiva” una investigación sobre su organización de narcotráfico. “Se alienta a cualquier persona que tenga información sobre sus actividades, incluyendo el tráfico de drogas, el lavado de dinero y el uso de la violencia (o amenazas de usarla), o sobre su paradero, a que la comparta”, sostiene el mensaje.
La agencia lo incluyó en su lista de fugitivos, con algunos de los nombres más poderosos del narcotráfico global: el mexicano Nemesio Oseguera-Cervantes, alias el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y por quien Estados Unidos ofrece US$ 15 millones, el monto de dinero más alto a cambio de información; Iván Archivaldo Guzmán, conocido como el Chapito, quien controla el famoso Cártel de Sinaloa que creó su padre, Joaquín Guzmán Loera, y Yulan Adonay Archaga Carias, líder en Honduras de la Mara Salvatrucha (MS-13).
“¿Quién quiere problemas con Estados Unidos? Tiene los días contados”, pronosticó un comisario.
