El documento se denomina Aportes para el Uruguay 2025-2030, tiene 13 páginas y es acompañado de un video que resume sus principales conceptos: la Iglesia católica es una institución fundacional que desarrolla funciones elementales para la sociedad, como iniciativas relacionadas con educación formal, salud, discapacidad, adicciones, situación de calle, inserción laboral, cárceles, alimentación, hogares y atención a niños, mujeres y mayores.
Según la Iglesia, estos trabajos —realizados a través de numerosas instituciones— muestran su relevancia en Uruguay, reflejan el esfuerzo colaborativo con otros actores sociales y representan un pilar fundamental para el país, que necesita del respaldo del Estado. Por eso sus autoridades organizaron una ronda de encuentros con los candidatos presidenciales que se inició en agosto con Andrés Ojeda (Partido Colorado), siguió con Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto), Álvaro Delgado (Partido Nacional) y Pablo Mieres (Partido Independiente) y culminará el próximo martes 24 con Yamandú Orsi (Frente Amplio).
“La Iglesia católica en Uruguay tiene un vínculo histórico con el Estado, mediante convenios de variada naturaleza (...). En los últimos años se han generado algunas dificultades en torno a la interpretación de la laicidad que consideramos inconvenientes y que perjudican el trabajo conjunto que se realiza en favor de los más desprotegidos. Entendemos que desconocer nuestra institucionalidad puede quebrar gravemente un vínculo que es histórico y muy rico”, señala el documento, al que accedió Búsqueda.
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La Iglesia ha tenido diferencias con sectores políticos, entre ellas por la instalación de una estatua de la Virgen María en la rambla de Montevideo
Ricardo Antúnez/adhocFOTOS
“La realidad de la familia”
Elaborado por el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU), la Arquidiócesis de Montevideo, la Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audec) y Cáritas Uruguaya, el documento propone tres iniciativas concretas para los candidatos presidenciales y el futuro gobierno. La primera refiere a “la falta de un apoyo fuerte hacia la familia” por parte del Estado —“como establece el mandato constitucional”— ante el avance de la “cultura individualista”.
“La realidad de la familia, basada en el matrimonio de un varón y una mujer con la mirada puesta en la transmisión de la vida, parece cosa del pasado. Disminuye la natalidad. Se posponen los hijos, perdiéndose a veces los tiempos de mayor fecundidad. Muchas veces parece no haber interés o deseo de traer hijos al mundo. No se tiene conciencia de lo que significa el aborto, cuya gravedad nuevamente señalamos como una herida profunda a nuestra conciencia moral como sociedad y cuyos números, fríamente publicados, no dejan de ser la ‘matanza de los inocentes’ practicada ante la indiferencia de la mayoría”, indica.
Un segundo punto señala que “es imprescindible que el sistema carcelario remueva algunos obstáculos que actualmente impiden” a la Iglesia desplegar toda la capacidad de la Pastoral Penitenciaria, que hoy tiene 120 agentes pastorales que visitan cada semana 20 de las 26 cárceles del país para apoyar el proceso de rehabilitación de privados de libertad.
Por último, el documento se enfoca en las dificultades económicas que viven las instituciones educativas católicas y en concreto “la problemática” que produce el pago de la antigüedad a sus empleados: “Es un porcentaje anual que surge en la década de los 80 con una inflación superior al 100%, lo que no se considera en las pautas de negociación salarial. Este porcentaje resulta hoy ser más de la mitad de la inflación anual. Esto sumado a la caída demográfica genera grandes inconvenientes para sostener a las instituciones, las cuales no reciben contribuciones estatales y llevan adelante de forma autónoma el acompañamiento del 13% de la educación del país, que al Estado le implica un ahorro significativo”.
La educación preocupa y ocupa a la Iglesia
La situación de centros, colegios y liceos católicos preocupa al propio Sturla y a los directivos de Audec, una asociación que agrupa a más de 150 instituciones en el país que atienden las diversas realidades de unos 60.000 estudiantes a cargo de 14.000 educadores y auxiliares, más otros 170 proyectos socioeducativos que completan la obra.
“La acción socioeducativa católica tiene presencia en los barrios más pobres, donde muchas veces otras instituciones no llegan, y es donde se hace más necesaria la mirada atenta, el cuidado amoroso y el vínculo cercano”, dijo a Búsqueda la hermana Laura Giusado, directora nacional de Audec. Para esta religiosa, directora general del Colegio San José, Liceo y Magisterio María Auxiliadora en Las Piedras, “la violencia salpica cada vez más a familias trabajadoras” y para eso es primordial el rol, entre otros, de los clubes de niños, los centros juveniles y los CAIF.
“Es el trabajo, muchas veces silencioso, que los servidores de la educación católica hacen para que existan lugares seguros. Y cuando decimos seguros no es solo en el sentido explícito de la palabra, es también esa contención emocional, la escucha, el acompañamiento orientado a encontrar un proyecto de vida. Pero para eso necesitamos más apoyo del Estado”, apuntó. “Los costos son elevados y muchas veces los proyectos funcionan con donaciones, porque las partidas estatales no alcanzan”, agregó Guisado, que pertenece a la Congregación Hijas de María Auxiliadora.
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El Colegio Maristas es uno de los 150 que integra la Asociación Uruguaya de Educación Católica
Colegio Maristas-Juan Zorrilla de San Martín
Para Juan Achard, director nacional adjunto de Audec, el gran reto de la educación es impulsar prácticas que apunten al desarrollo integral de las personas. “Entendemos que el papel evangelizador de la educación católica es clave en este contexto de transformación permanente y contribuye positivamente a la formación de un mundo más igualitario, a la mirada de un ser humano trascendente y resiliente”, explicó a Búsqueda. Achard valoró “la respuesta que históricamente” la Iglesia católica ha dado a la sociedad con proyectos educativos que priorizan la construcción de proyectos de vida. Destacó en concreto la tradición deportiva, la formación en idiomas y ahora la ciudadanía digital, que fomentan las instituciones educativas católicas, y la preocupación de ahondar en una educación emocional, afectivo-sexual y de prevención de abusos.
“En este sentido, para el Estado somos un socio importante en el ámbito educativo (...) y esto está presente en el diálogo que estamos teniendo con cada uno de los presidenciables. Queremos hacer visible el trabajo comprometido que hacemos en los proyectos socioeducativos así como el ahorro que le significa al Estado la educación pública de gestión privada”, afirmó.
Achard, actual director general del Colegio Maristas Juan Zorrilla de San Martín, sostuvo que la misión de los colegios católicos requiere “de grandes esfuerzos” porque implica la formación de los alumnos, la capacitación del personal, la consolidación de una cultura institucional y también la adaptabilidad edilicia. “Requiere de grandes inversiones económicas que no todos los centros pueden llevar adelante con solvencia. Esto, sumado a que en la mayoría de los centros de educación formal y no formal se cuenta con local propio, hace que la carga sea mayor, ya que todo está al servicio del Estado”, concluyó.
La Iglesia y su “responsabilidad” de involucrarse en el Uruguay del futuro
La ronda de encuentros de Sturla con los candidatos a la presidencia de la República forma parte de una mirada que la Iglesia católica ha trabajado en los últimos meses y que busca concretar un protagonismo más activo en la vida política de Uruguay.
En abril, una vez terminada la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal del Uruguay, los obispos dieron a conocer el documento Libertad, justicia y compasión en el alma de nuestro pueblo, que sirvió de base al trabajo Aportes para el Uruguay 2025-2030. Se trata de una carta en donde los obispos convocan a la promoción “de una cultura del encuentro” basada en los valores de libertad, justicia y compasión, “propios del artiguismo” y que “hunden sus raíces en la tradición judeocristiana”, a los cuales consideran fundamentales para el futuro del país.
“Hay un alma del Uruguay a cuidar y, como cristianos, tenemos, sin duda, una responsabilidad en ello. La tradición artiguista resalta los elementos fundamentales de lo que es nuestro acervo como nación: el amor a la libertad, el sentido de la justicia y el espíritu de compasión. El vacío existencial que muchos hoy viven tiene su razón de ser en el oscurecimiento de la fe, en el cercenamiento de la dimensión espiritual, en el atractivo por el consumismo, muchas veces insatisfecho en la práctica”, analizan.
A inicios de agosto, el Consejo Permanente de la CEU recibió a Wilder Tayler, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, y a Ricardo Perciballe, fiscal letrado penal de Montevideo en Crímenes de Lesa Humanidad, para conocer su labor en la búsqueda de personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura y ofrecer el apoyo de la Iglesia católica en la tarea. “En distintas oportunidades la Iglesia ha ofrecido la posibilidad de recibir información, a través de los párrocos y de los obispos, guardando el secreto acerca de su origen. Los obispos acordaron volver a ofrecer esta posibilidad, buscando contribuir así a la sanación de una herida que sigue abierta en el corazón de nuestro pueblo”, indicó la CEU en un comunicado de prensa.
