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Sin consenso del sistema político, dos tercios de los plebiscitos y referéndums fracasan en Uruguay
Los plebiscitos de la seguridad social y de los allanamientos nocturnos confirmaron el fin de semana una tendencia que tuvo su última excepción hace 20 años
Integrantes del PIT-CNT el domingo 27, al recibir los resultados del plebiscito de reforma al sistema previsional
Reducir horas de trabajo, aumentar ingresos y tener acceso inmediato a los ahorros. El PIT-CNT estructuró el plebiscito jubilatorio bajo mensajes claros y sencillos, orientados a movilizar el respaldo ciudadano. Un discurso atractivo, hasta casi insensato de rechazar. Sin embargo, la estrategia comunicativa no fue suficiente y el domingo 27 la reforma quedó atascada con 38,8% de los votos.
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Ya en agosto Opción Consultores sugería la falta de consenso político como una barrera infranqueable para que la reforma prosperara. “La situación es desfavorable debido a la postura contraria que tienen la totalidad de agrupaciones y líderes principales de la coalición republicana y a la fuerte división interna en el interior del Frente Amplio, donde el plebiscito es apoyado por el grueso de sectores que respaldaron la precandidatura presidencial de Carolina Cosse en las pasadas elecciones internas pero rechazado por la mayoría de agrupaciones que respaldaron a Yamandú Orsi”, indicaba un estudio que incluía una intención de voto del 41%.
Por esos mismos días de agosto un enfoque muy similar brindó a Búsqueda el politólogo David Altman, especialista en temas de democracia directa: “Sin apoyos partidarios sólidos” el plebiscito estaba destinado a fracasar, apuntó.
Ambos análisis se confirmaron el fin de semana de elecciones. Y las conclusiones sirvieron no solo para el plebiscito sobre la seguridad social sino también para la reforma constitucional que pretendía habilitar allanamientos nocturnos en los hogares por parte de la Policía Nacional. El respaldo a esta enmienda fue apenas más alto pero tampoco sobrepasó el 40% de los sufragios emitidos. Y, al igual que el plebiscito de las jubilaciones, la reforma contaba con un impulso político rengo que incluía al gobierno pero el rechazo unánime del Frente Amplio.
La Policía Nacional no podrá realizar allanamientos nocturnos a los hogares
Pablo Vignali/adhocFOTOS
“Si repasamos la historia de las enmiendas constitucionales, para que tengan éxito se precisan apoyos amplios, multipartidarios e importantes, que crucen las fronteras de los bloques políticos. Esa condición no se verificaba en ninguno de los dos plebiscitos, más bien lo contrario”, indicó a Búsqueda el politólogo Adolfo Garcé.
En abril el economista Fernando Esponda repasó en la diaria el contexto y el resultado de las consultas populares —plebiscito y referéndum— que se promovieron a partir del retorno de la democracia en Uruguay en 1985. Seis de 16 fueron aceptadas por la población. Con los resultados del domingo el porcentaje de respaldo bajó a seis de 18 y quedó en 33,3%, un tercio exacto.
El número no incluye otro tipo de consultas populares, como la votación realizada en agosto de 2019 para determinar si debía interponerse un recurso de referéndum contra la Ley Integral para las Personas Trans (Nº 19.684). Este “prerreferéndum” requería el 25% de los votos del padrón electoral pero solo alcanzó el 10%, un resultado modesto que reflejó la falta de estímulo político, con el diputado blanco Carlos Iafigliola como uno de sus pocos defensores.
“Fue una victoria”, afirmó luego Iafigliola, al resaltar que la votación contribuyó a visibilizar los beneficios “injustos” que la ley otorgó a las personas trans.
También ofreció una respuesta optimista Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, el domingo 27 en una conferencia de prensa que brindó apenas conocido el resultado del plebiscito de la seguridad social: “No logramos el objetivo central; no obstante, es muy significativo el respaldo a la propuesta de los movimientos sindicales. Esto nos convoca a la alegría. Nosotros vamos a persistir”.
Usura, eje del próximo plebiscito en Uruguay
Tres semanas atrás el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos presentó ante el Parlamento 322.928 firmas que habilitan a un nuevo plebiscito. Prevé organizarse durante las elecciones municipales de mayo de 2025 y busca modificar el artículo 52 de la Constitución para que la tasa de interés máxima en los préstamos personales sea fijada por una nueva ley con mayorías especiales parlamentarias. La intención es evitar la usura, fijar un tope y reestructurar deudas.
En el Palacio Legislativo, Manini Ríos resaltó que su partido fue el único que “se atrevió a poner el problema sobre la mesa” cuando gran parte de la población desconocía que había casi 1 millón de uruguayos en el Clearing de Informes. Enrique Montagno, coordinador de la Comisión pro Referéndum de la iniciativa, continuó ese discurso al decir que solo “Cabildo fue contra viento y marea” en la recolección de adhesiones, sin la compañía de otros sectores ni dirigentes del sistema político.
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Militantes de Cabildo Abierto recolectan firmas para un plebiscito sobre reestructuración de deudas
Ricardo Antúnez/adhocFOTOS
“Cabildo Abierto es un partido político al que no le importó estar solo, que no tiene el nivel económico y no maneja el dinero que manejan otros y que usó lo poco que tenía para la campaña para juntar firmas, para vos que estás endeudado puedas tener una deuda justa”, insistió por su parte Lorena Quintana, quien en las recientes elecciones nacionales fue compañera de fórmula de Manini Ríos como candidata a vicepresidenta. En Cabildo Abierto se aferran a la premisa de Quintana: lograr que el partido rompa los antecedentes de las consultas populares posdictadura y que la ciudadanía respalde la propuesta, ya que impacta de forma directa en su economía independientemente de la falta de consenso político que tiene.
El sector Ciudadanos del Partido Colorado tomó un rumbo distinto al de Cabildo Abierto. Procuró conseguir el voto de dos quintos de la Asamblea General para impulsar un plebiscito que definiera todos los ingresos a las intendencias departamentales mediante concurso o sorteo. Pero en abril la Mesa Política del Frente Amplio resolvió no apoyar el proyecto, por lo que Ciudadanos quedó sin aliados parlamentarios para alcanzar los dos quintos y decidió abandonar la posibilidad del plebiscito en lugar de iniciar una campaña de recolección de firmas.
Para Garcé, más allá del contenido de todas las reformas que son propuestas a la población, el “punto clave” y la “condición necesaria” para que triunfen es alcanzar “grandes coaliciones políticas”. Menciona la excepción de casos aislados, como el plebiscito de agosto de 1994, que pese a la aprobación de dirigentes de todos los partidos no fue votado en las urnas. La iniciativa planteó cambios en 14 artículos de la Constitución, entre ellos la forma de pago de las pensiones y separar la elección presidencial de la parlamentaria.
Plebiscitos, referéndums y un precedente que lleva dos décadas
La Constitución establece que para ser reformada vía plebiscito los proyectos pueden reunir dos quintos del total de componentes de la Asamblea General o hacerse por iniciativa del 10% de los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional, para lo cual se juntan firmas. El referéndum, por su parte, busca derogar la totalidad o ciertos artículos de cualquier ley. Para llevarse a cabo debe antes contar con el apoyo del 25% del total de inscriptos habilitados para votar y recolectarlo dentro del año de promulgación de la ley que se quiere derogar.
De las 18 consultas populares realizadas de 1985 a hoy, solo cuatro fueron referéndums. “Es un problema que la literatura ha señalado de forma reiterada. Es mucho más económico el plebiscito que el referéndum. Es más fácil, más eficiente, más barato. Hay una disonancia y quizás es momento de pensar un ajuste”, opinó Altman en abril, entrevistado por En perspectiva.
La primera de esas cuatro consultas fue sobre la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Nº 15.848), en 1989. La última, sobre la Ley de Urgente Consideración (Nº 19.889), en 2022. Ambas fracasaron. Las otras dos sí fueron votadas. En 1992 se anularon artículos de la Ley de Empresas Públicas (Nº 16.211), con la que el gobierno de Luis Alberto Lacalle intentó acelerar un proceso de privatización en sectores del Estado. En 2003 se derogó la Ley Nº 17.448, elaborada por el gobierno de Jorge Batlle para autorizar la importación, la exportación y la refinación de petróleo crudo y derivados.
La última consulta popular que fue aprobada ocurrió durante las elecciones nacionales de octubre de 2004. Promovida por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida —integrada por el sindicato de Obras Sanitarias del Estado (OSE) y organizaciones civiles— juntó 247.141 firmas y luego el 64% de apoyo en la votación. Estableció en el artículo 47 de la Constitución que el agua es un recurso natural esencial para la vida y que el acceso a ella y al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales y es competencia del Estado garantizar a la población dichos servicios.
El plebiscito fue respaldado por el Frente Amplio y en 2014, durante el gobierno de José Mujica, las autoridades de OSE celebraron una década de la votación. “Marcó la agenda a nivel internacional en el sentido de que, luego de que el país lo incorporó en la Constitución, la Organización de las Naciones Unidas lo reconoció como derecho humano fundamental”, recordó Francisco Beltrame, entonces ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. “La implementación de esta reforma generó, además, un cambio radical en el modelo de gestión de OSE, que apostó a la universalización de los servicios”.
