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Nicolás Martinelli, ministro del Interior, durante un operativo de seguridad en el Estadio Centenario
Daniel Rodriguez/adhocFOTOS
En 1994 Chile aprobó la Ley 19.327, íntegramente dedicada a la violencia en el deporte. Aunque no fue precursora del tema a nivel regional, sí fue una de las leyes más integrales. Pese a su vigencia desde 1994, fue reglamentada hace poco más de una década y desde 2012 recibió distintas modificaciones para adaptarse al cambiante escenario de la industria del fútbol y del accionar de las barras bravas. La ley prevé, entre otras cosas, que los estadios cumplan con determinadas exigencias para estar habilitados, la prohibición de asistir a espectáculos deportivos a ciertas personas, la clasificación de los partidos según su nivel de conflictividad y estrictos protocolos de ingreso de elementos de animación. Por ejemplo, únicamente se permite entrar a una cancha banderas de 1 por 1,2 metros con mástil de cartón, lienzos también de 1 por 1,2 metros, instrumentos musicales pequeños de plástico —como vuvuzelas— y globos o inflables que por su tamaño no entorpezcan la vista. En cuanto a fuegos artificiales o elementos pirotécnicos, su uso solo está autorizado bajo responsabilidad de los organizadores del espectáculo.
Los organizadores son el club local y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile, quienes deben nombrar a un jefe de seguridad privada encargado de dirigir todo el operativo. Carabineros, por su parte, cumple una función complementaria de supervisión, prevención, vigilancia y coordinación: presenta para cada partido a un jefe de servicio, quien tiene línea directa con el jefe de seguridad privada nombrado por el organizador del espectáculo. Similar a la Policía Nacional en Uruguay, por norma Carabineros no actúa dentro del estadio, sino que concentra su accionar en el perímetro con tareas de control y registro, aunque está facultada a entrar al escenario ante circunstancias excepcionales.
Pese a la batería de medidas que incorpora su ley global contra la violencia en el fútbol, Chile no está cerca de solucionar el problema. “Se ha podido revelar que la legislación vigente no ha sido capaz de resolver y cumplir con los objetivos que esta misma señala, toda vez que la violencia en los estadios no ha disminuido y por el contrario, se ha encontrado al alza en estos últimos años”, indica una memoria de grado publicada en marzo por el Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. “Se han identificado distintas deficiencias significativas en la legislación vigente y su aplicación. Se hace evidente la necesidad de superar el marcado tinte de control y punitivismo excesivo presente en la legislación nacional, orientándola hacia un modelo más proactivo e integral”, argumenta la investigación.
Estadio seguro contra la violencia en el fútbol chileno
En febrero, Colo-Colo y Huachipato disputaron la final de la Supercopa de Chile en el Estadio Nacional de Santiago. El partido fue suspendido a los 78 minutos porque hinchas de Colo-Colo intentaron, entre otros varios desmanes, entrar a la cancha y moverse hacia una zona en la cual no estaba avalado su acceso. Tras el partido, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP prohibió que 12.820 simpatizantes pudieran asistir a los siguientes cinco encuentros como local de Colo-Colo. La final se terminó de disputar sin público recién a inicios de este mes.
El contexto de violencia en el fútbol chileno tiene puntos de encuentro con el de Uruguay: dos clubes principales, Colo-Colo y la Universidad de Chile, que concentran la mayor cantidad de público y cuentan con barras bravas que protagonizan enfrentamientos recurrentes. Los clásicos entre ambos equipos se disputan únicamente con asistencia local, pero incluso en esas condiciones no están exentos de incidentes. En marzo, tras un partido en el Estadio Monumental de Colo-Colo correspondiente a la cuarta fecha de la Primera División, un hincha del equipo local fue asesinado a balazos por hinchas de la Universidad de Chile mientras regresaba a su hogar. El año pasado, en otro clásico también en el Estadio Monumental, el ómnibus que transportaba al plantel de la Universidad de Chile fue atacado con proyectiles y simpatizantes de Colo-Colo lanzaron una navaja a la cancha mientras un futbolista visitante era atendido por un golpe.
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Carabineros, la Policía de Chile, está autorizada a supervisar operativos de seguridad, pero no a ingresar a los estadios
Estadio Seguro
La violencia intenta ser combatida bajo el Departamento Estadio Seguro, creado en 2011 y dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Tiene por misión la implementación de la Ley 19.327 —que coloquialmente adoptó el nombre “ley estadio seguro”— y coordina las operaciones de la ANFP, los clubes, la seguridad privada y Carabineros, entre otros actores. “Nace a partir de la necesidad de regular la forma en que los espectáculos de fútbol profesional se realizan, principalmente debido a los hechos de violencia que rodean a estos tipos de eventos, buscando poner freno a los hechos delictuales y de violencia con ocasión de espectáculos de fútbol profesional, con el objetivo de recuperar los estadios de fútbol como lugares de sano esparcimiento”, indica el organismo en su sitio web.
A pesar de casi 15 años de trabajo bajo el programa Estadio Seguro, los avances han sido insuficientes. En octubre, el Senado de Chile aprobó por unanimidad un proyecto que busca modificar nuevamente la Ley 19.327, que recibió críticas desde diversos sectores políticos que exigen medidas más efectivas para garantizar la seguridad en el deporte. Las reformas incluyen una ampliación en la definición de responsabilidades de los organizadores, la incorporación de la responsabilidad solidaria para dirigentes y propietarios de clubes, el aumento de las sanciones a quienes cometan delitos vinculados a la violencia en espectáculos deportivos y la modernización del acceso a los estadios mediante sistemas de control más avanzados, que integran tecnologías faciales y biométricas. Además, se evalúa la posibilidad de añadir al proyecto un artículo que delimite estrictamente un sector dentro de una tribuna a la que únicamente accedan los barras bravas.
De acuerdo al resumen que de la votación hizo el Senado de Chile, “durante la discusión varios parlamentarios lamentaron el aumento de la violencia en los espectáculos de fútbol profesional y señalaron que el proyecto es una oportunidad histórica para devolver la seguridad al fútbol y promover su disfrute como un evento familiar”.
La situación en el fútbol uruguayo
La propuesta de Martinelli para que los países del Mercosur actúen conjuntamente contra la violencia en el fútbol no es la primera que analiza el bloque. En 2021, Argentina solicitó incorporar al Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del Mercosur (Sisme) las listas negras de hinchas que tiene cada agencia de seguridad de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. El Sisme es un sistema en el que los miembros del Mercosur y los Estados asociados actualizan datos sobre personas, vehículos y armas de interés. Actualmente, frente a partidos de alto riesgo de la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, las Policías de cada país se ponen en contacto de forma directa para organizar la logística de transporte y ubicación de las hinchadas que viajan a seguir a su equipo durante estos torneos de la Conmebol. Son comunicaciones específicas que se hacen mediante oficiales de enlace.
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El diputado Pedro Jisdonian impulsa un proyecto de ley sobre violencia en el fútbol que permanece en discusión en el Parlamento
Mauricio Zina/adhocFOTOS
En la escena local, el diputado nacionalista Pedro Jisdonian presentó en marzo un proyecto de ley para erradicar el odio, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Entre otras cosas la iniciativa propone que, ante la comisión de determinadas infracciones tipificadas en la ley, los clubes organizadores del espectáculo sean objeto de sanciones económicas, de la inhabilitación para organizar espectáculos deportivos por hasta un máximo de dos años, de la clausura temporal del recinto deportivo por hasta un máximo de dos años y de la pérdida de la condición de local. El proyecto por ahora no avanzó.
En octubre, Jisdonian insistió en su aprobación luego de que dos bengalas cayeran al campo de juego arrojadas por la hinchada de Nacional durante el clásico del torneo Clausura en el Gran Parque Central contra Peñarol. Días después el presidente de Nacional, Alejandro Balbi, ironizó sobre las intenciones del diputado blanco para impulsar la iniciativa: “¿Pedro Jisdonian es el que se sacó la foto con el ómnibus ploteado de Peñarol? No lo conozco a él y no conozco el proyecto del que habla”, afirmó entrevisado por radio Sport 890.
Pese a la marcada crisis de seguridad dentro del fútbol uruguayo, a la creciente influencia de los barras bravas sobre sus protagonistas —futbolistas, entrenadores, dirigentes y contratistas— y al vínculo de los barras con otros estamentos del crimen organizado, la clase dirigencial del fútbol ha optado por deslindar responsabilidades, prestándose incluso a declaraciones ambiguas que rozan más la incitación a la violencia que la supuesta legítima picardía del folclore y la rivalidad deportiva. En mayo, el propio presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, admitió la gravedad de la situación y pidió a los legisladores que tomen medidas para reducir el control de los barras sobre el fútbol.
“Los directivos reciben todo tipo de presiones. Esto está supercomprobado, incluso a nivel personal. Las barras les dicen a los dirigentes: ‘Mirá que el club recibe $ 500.000 de multa’, ‘conseguime esas veinte entradas porque yo a estos los controlo’, ‘mirá que puede haber puntos’, ‘para el clásico necesitamos el transporte’, ‘para ir a Porto Alegre precisamos que saquen cinco o seis ómnibus gratis’, y así va dándose la escalada de las prerrogativas y de los pedidos”, denunció Alonso en el Parlamento.
La última medida concreta del gobierno en la materia fue la creación hace un año atrás de la Dirección General de Seguridad en el Deporte, encargada de nuclear funciones que antes estaban desperdigadas en distintas unidades policiales. La nueva división está al frente de los operativos de todos los eventos de carácter deportivo a nivel nacional y es responsable de las tareas de prevención, investigación e inteligencia relacionadas con el deporte. La lidera el comisario mayor Álvaro García, exsubdirector de la Dirección General de Hechos Complejos. “Es un salto cualitativo y cuantitativo que entendemos que nuestro país tiene que tener”, afirmó en la presentación de la unidad el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya.
