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Varios organismos estatales presentaron proyectos de IA en el marco del debate por la ley de presupuesto
El proyecto de Presupuesto Nacional refleja el avance de la inteligencia artificial en la administración pública con iniciativas en seguridad, producción agropecuaria y recursos humanos, entre otras áreas
Tablets utilizadas durante la presentación del Presupuesto Nacional 2025-2029 ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
La inteligencia artificial (IA) comenzó a ganar espacio en la agenda pública uruguaya, y el nuevo proyecto de Ley de Presupuesto quinquenal muestra que ya forma parte de la planificación del gobierno. Varios ministerios y organismos incorporan su uso como parte de una estrategia para modernizar la gestión.
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Para justificar sus solicitudes en esta línea, las oficinas del Estado buscan remarcan que sus sistemas necesitan ponerse al día para seguir el ritmo de los cambios tecnológicos que ya están transformando la forma de trabajo en el sector privado. Lo que antes era exclusivo del mundo académico o empresarial ahora forma parte del funcionamiento estatal, desde la seguridad y la salud hasta la producción agropecuaria.
La Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) presentó ante la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados una de las propuestas más concretas para incorporar IA en la administración pública.
Su director, Sergio Pérez, planteó ante los legisladores un plan centrado en “modernizar el ingreso al Estado” y actualizar la formación de los funcionarios. “Queremos mejorar los procesos de ingreso al Estado, haciéndolos más eficientes, transparentes y justos, y alineados a las necesidades reales de cada organismo”, explicó.
Además, la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP), bajo la órbita de la ONSC, proyecta incorporar la transformación digital en su plan de formación 2026-2030, lo que incluiría desde alfabetización básica hasta capacitación en IA, en coordinación con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) y la Universidad Tecnológica del Uruguay (Utec). También pretende destinar fondos a becas en áreas “críticas”, como “datos, inteligencia artificial y liderazgo”.
Lubetkin-Csukasi-Comision
El canciller Mario Lubetkin y la subsecretaria Valeria Csukasi durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
Diputados
Diplomacia y automatización
Al presentar su plan presupuestal ante el Parlamento, las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores destacaron que la “evolución tecnológica” ocupará un lugar destacado en la acción diplomática de los próximos años.
El director general de Cancillería, Andrés Peláez, informó que el presupuesto prevé “una asignación extra de $ 10 millones anuales durante los próximos cinco años” destinada, entre otras cosas, a “incorporar herramientas” de IA que permitan “acercar los servicios” consulares a los ciudadanos. No se ofrecieron más detalles sobre cómo se aplicará esa inversión.
La subsecretaria Valeria Csukasi destacó que la tecnología puede eliminar o automatizar proceso en los que no es necesaria la intervención de personas, para que esos recursos humanos se dediquen “a procesos que sí tienen que ser realizados por seres humanos”. Señaló, además, que la automatización y la “despapelización” son parte de una reforma interna que busca “ser más inteligentes en el uso de los recursos humanos y de los fondos escasos”.
Búsqueda presentó un pedido de acceso a la información pública para conocer los planes de implementación de la IA, pero la Cancillería declaró “información reservada” por un período de 15 años todos los documentos vinculados al uso de esta tecnología en sus dependencias, incluyendo protocolos, normativas internas, convenios tecnológicos y auditorías.
Fiscalía contra el delito digital
En su presentación ante el Parlamento, la Fiscalía General de la Nación (FGN) advirtió sobre la necesidad de reforzar sus capacidades tecnológicas ante “el crecimiento exponencial de los delitos informáticos, especialmente las estafas”, y planteó la creación de “dos fiscalías de cibercrimen, porque la realidad del Uruguay es que la mayoría de los delitos se están dando por medios informáticos”.
Como parte de esa estrategia, la institución trabaja en el desarrollo de una herramienta basada en IA para analizar de “forma masiva información no estructurada”.
Según explicó el licenciado Sebastián Pereyra, director del Departamento de Políticas Públicas de la FGN, el proyecto busca aprovechar la IA para procesar grandes volúmenes de información no estructurada. “¿A qué me refiero con información no estructurada? A narraciones, documentos de diferentes tipos, contratos, declaraciones, audios”, detalló. El objetivo, añadió, es “identificar denuncias similares, patrones, tendencias y relaciones con dos propósitos fundamentales: uno, evitar que denuncias con el mismo modus operandi se asignen a diferentes fiscalías y, en cambio, concentrarlas en un mismo equipo para investigar con mayor eficacia; y el otro, optimizar los tiempos de depuración, priorización, unificación y posterior asignación de los casos”.
Pereyra subrayó que el cibercrimen ya dejó de ser una tendencia y evidencia un crecimiento sostenido en los últimos años. “En 2018 se registraron unas 6.500 denuncias y en 2024 fueron más de 31.000. Es decir, se multiplicaron casi por cinco”, advirtió ante los legisladores. Ese salto hizo que “las estafas pasaran de ser el séptimo delito más frecuente en 2018 a ocupar el tercer lugar en 2023”.
Detrás de esas cifras, dijo, hay un problema más profundo: la gran mayoría de los casos nunca llega a denunciarse. “Solo el 12% de las estafas tiene una denuncia formal, según la Encuesta Nacional de Victimización. Por tanto, este valor de 31.000 denuncias de estafa es claramente una muestra del total”, explicó.
A eso se suma una caída en la eficacia institucional. “Entre 2018 y 2020 hubo un incremento en las denuncias formalizadas, pero a partir de 2020 ese crecimiento se estancó. Si las denuncias formalizadas se estancan, pero el total de las denuncias crecen, la eficacia que tiene la Fiscalía ha disminuido de manera importante en los últimos años”, señaló. Según detalló, “la eficacia tuvo su pico en 2020, con cerca del 17% de los casos formalizados, y llegó a su punto más bajo en 2024, con solo un 5,9%”.
Consultada por Búsqueda sobre la posibilidad de incorporar herramientas de IA contra el cibercrimen, la FGN aseguró que “al tratarse de un proyecto no se cuenta con un proceso de trabajo instaurado”.
IA en la gestión ambiental
Buscando asegurar recursos para el Ministerio de Ambiente, Edgardo Ortuño destacó ante los legisladores que la IA y las nuevas tecnologías serán “un eje clave y transversal” en la gestión de la cartera durante el próximo período.
La Dirección General de Secretaría, definida por el ministro como “la columna vertebral del ministerio”, liderará este proceso con objetivos centrados en la digitalización de trámites, la actualización de sistemas y la mejora de procesos internos.
Entre los desafíos, Ortuño reconoció que la cartera aún no cuenta con el Sistema de Expediente Electrónico (APIA), “que permite un intercambio fluido de expedientes con la Administración central”, y trabajará con Agesic para implementarlo.
Interior y la “inteligencia criminal”
Aunque no hizo una referencia específica a la IA, el ministro del Interior, Carlos Negro, explicó en el Parlamento que apuntan a una “lucha más inteligente” contra el crimen organizado. Según sus palabras, el plan de trabajo incluye “el uso intensivo de inteligencia criminal basada en evidencia, datos y tecnología avanzada para intervenir focalizadamente en las redes de la criminalidad organizada; el sistema de acceso; el fortalecimiento del sistema de apoyo a la inteligencia del tráfico, para facilitar el análisis e información de los datos de los vehículos, y la incorporación de tecnología, drones tácticos, arcos de control vehicular, tótems y comisarías móviles”.
Búsqueda consultó a la cartera sobre la implementación de IA en sus dependencias, pero al igual que la Cancillería, la cartera resolvió declarar como reservada durante 15 años toda la información vinculada a su uso, lo que incluye protocolos, normativas internas, convenios tecnológicos y auditorías.
En el Parlamento, el ministerio destacó la creciente amenaza de los delitos cibernéticos y las estafas, ahora considerados “delitos ciberfacilitados” porque se apoyan en tecnologías digitales y requieren un enfoque especializado. Para enfrentarlos, propone elevar la Unidad de Cibercrimen al rango de Dirección General y fortalecerla con nuevas herramientas tecnológicas, como el análisis automatizado de videovigilancia, la detección de disparos en tiempo real (ShotSpotter) y terminales de autogestión con reconocimiento biométrico para facilitar denuncias y trámites
Fernanda-Cardona
Fernanda Cardona junto a otras autoridades del MIEM en la Comisión de Presupuestos, integrada con Hacienda.
Diputados
Impulso a la inversión tecnológica
La ministra de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona, resaltó que uno de los principales ejes de su gestión será “promover la instalación de nuevas empresas tecnológicas en el área de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) con especial atención a la inteligencia artificial”.
La jerarca subrayó que esta prioridad, incluida en el articulado del proyecto de ley, apunta a impulsar la inversión, aumentar la productividad y mejorar la eficiencia del país mediante el desarrollo de capacidades en IA.
La iniciativa pretende implementarse en coordinación con el Parque Tecnológico Regional Norte y el Parque Científico y Tecnológico de Pando, que serán centros estratégicos para fomentar la innovación en este campo.
Sistema de vigilancia sanitaria
Las leyes de Presupuesto, además de distribuir recursos en las distintas áreas, suelen incluir algunas reformas más amplias, como modificaciones normativas, cambios de estructura y hasta la creación de nuevas instituciones. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunció la creación de una Agencia de Vigilancia Sanitaria, con autonomía técnica y administrativa, que regulará medicamentos, dispositivos y productos sanitarios, incluyendo “tecnologías de salud de base digital y con inteligencia artificial”.
Según la ministra, la iniciativa busca dotar al país de “una autoridad moderna y especializada capaz de garantizar la seguridad y trazabilidad de todas las tecnologías sanitarias que se utilicen” en Uruguay.
El diputado colorado Gabriel Gurméndez cuestionó su ausencia en los documentos, pese a ser —dijo— “el tema de nuestro tiempo”, pero el ministro Alfredo Fratti aclaró que la IA está contemplada en la planificación del MGAP.
Explicó que el proyecto prevé la creación de una Unidad de Investigación, Desarrollo e Innovación dentro de la Dirección General de Servicios Ganaderos, que impulsará “la implementación de soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial y automatización, orientadas a mejorar la eficiencia, trazabilidad y calidad de los procesos” agropecuarios.
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Alfredo Fratti en la Comisión de Presupuesto, integrada con Hacienda.
DIPUTADOS
Control de recursos públicos
El Tribunal de Cuentas (TCR), el organismo encargado de fiscalizar cómo el Estado utiliza sus recursos, presentó ante el Parlamento su plan de transformación digital, que busca incorporar herramientas de IA para mejorar los procesos de auditoría y control.
Sin ofrecer muchos detalles, Pablo Azcué, integrante del equipo del TCR, señaló que actualmente se está trabajando en la “gestión de los datos para, posteriormente, poder implementar herramientas de inteligencia artificial”. Explicó que estas tecnologías permitirán “un mejor control, mayor eficiencia y más transparencia”. El proyecto, que aún se encuentra en etapa de diagnóstico, cuenta con apoyo técnico y financiero de organismos internacionales y se realiza en colaboración con Agesic.
El Tribunal solicitó una partida de $ 6.850.000 para avanzar en la implementación, aunque el monto no fue incluido en el mensaje presupuestal del Poder Ejecutivo.
El proyecto de Presupuesto fue aprobado en Diputados a mediados de octubre y pasó al Senado, que tiene 45 días para analizarlo. Según un senador del Frente Amplio consultado por Búsqueda, es probable que se introduzcan cambios; de ser así, la iniciativa deberá regresar a la Cámara Baja para una votación “a tapa cerrada”, es decir, únicamente para aprobar o rechazar las modificaciones.
