Los sindicatos serán “esenciales” en el impacto laboral de la IA, dice negociador de la ley europea

“Que la UE haya dado el paso de crear una ley va a ayudar muchísimo a que otros (…) se puedan empoderar para enfrentar a compañías (…) que les han doblado el brazo durante estos últimos años a muchos países soberanos”, sostiene García de Blanco.

Lo que sigue es una síntesis de la entrevista que García del Blanco concedió a Búsqueda por videollamada desde su casa en Madrid.

—¿Qué significa para la UE marcar el camino en la regulación de esta tecnología?

—Un logro, un hito. Era una tarea muy complicada comprender en un único texto, que pretende ser horizontal, general y completo, un fenómeno que está en plena evolución. Por otro lado, el procedimiento europeo es complejo desde el punto de vista procesal, y las visiones tenían algunas serias diferencias. Culminar esta regulación es un logro histórico. Comenzamos a trabajar en 2019 y la irrupción de ChatGPT nos pilló en medio del proceso. Nos hizo modificar desde algunos puntos de vista nuestra propuesta legislativa.

—Marcaron un plazo de dos años para la entrada en vigor de la ley. ¿No es mucho, dada la rapidez con que evoluciona la IA?

—Se aplicará totalmente en dos años, pero se pondrá en práctica por fases. Por ejemplo, para las prohibiciones los plazos comenzarán a funcionar a partir de los seis meses. Las obligaciones de transparencia para modelos generativos (como ChatGPT) serán de 12 meses. Hay algunas otras prohibiciones que hoy son declaraciones de intenciones y que hay que concretar. Técnicamente hay cosas de la ley que son complejas y que ahora no podemos implementar, ni siquiera tenemos el personal calificado suficiente. Este es un grave problema que se va a encontrar cualquier sector público: hay poco personal formado y una fuerte competitividad con el sector privado.

—¿Qué otros requisitos y obligaciones establecieron en la ley?

—La ley intenta no quedarse obsoleta por la evolución técnica, y lo hace fijándose en el uso posible y en el riesgo que se puede generar. El reglamento establece distintos requisitos y obligaciones a las aplicaciones de IA en función de los riesgos. El grueso de la negociación consistió en determinar cuáles son de riesgo inaceptable, y por tanto están totalmente prohibidas, y cuáles son de alto riesgo, lo que implica una supervisión permanente. Por ejemplo, el alto riesgo tiene que ver con algunos productos regulados como los financieros o todo lo que tiene que ver con menores, la sanidad, la educación o la Justicia. Luego, la ley plantea obligaciones de transparencia y de trazabilidad en algunas aplicaciones que lo merecen como ChatGPT o Gemini (modelo de Google). Estas aplicaciones de IA generativa estarán obligadas a tener un registro de los datos que han utilizado para entrenar sus algoritmos, sobre todo los que tienen que ver con propiedad intelectual o protección de autoría o patente. También tendrán que etiquetar los productos que se creen con IA. El ciudadano tendrá el derecho a saber si está ante algún tipo de deepfake (video, imagen o audio generado que imita la apariencia y el sonido de una persona) o es original. Finalmente, está el resto de los usos, que son la mayoría, que no tendrían ninguna obligación adicional, pero para los que se van a requerir códigos de conductas voluntarios.

—En Uruguay, el partido de gobierno presentó un proyecto de ley para combatir los deepfakes en la campaña electoral. ¿Qué puede aportar una ley así?

—No se ha necesitado de la IA para hacer cosas extrañas e influir en elecciones. Es verdad que la IA puede llegar a acelerarlos o dimensionarlos más. La ley europea plantea que la utilización de IA en procesos electorales es un sector de alto riesgo y por lo tanto habrá muchas prohibiciones. Esta ley no funciona sola, está dentro de un paquete de regulaciones en el ámbito digital, junto a algunas que son muy importantes como la Ley de Servicios Digitales (LSD), que responsabiliza a las grandes plataformas de Internet sobre los contenidos nocivos en las redes sociales. Acaba de ocurrir con el conflicto en Palestina: la LSD ha obligado a las redes sociales a que lleven a cabo un análisis de lo que han hecho hasta ahora y a algunas se les han avanzado multas muy importantes.

—¿Ha recibido consultas de gobiernos latinoamericanos?

—De manera informal he recibido algún feedback. Brasil está trabajando en su propia ley de IA y otros países se lo están planteando. He tenido contacto con gente de Colombia y sé que Chile también está trabajando. Lo que estoy recomendando a quienes me contactan es que, si fuera americano, intentaría armonizar una regulación continental.

Ibán García del Blanco en el Parlamento de la Unión Europea. Foto: Eric Vidal

—El gobierno uruguayo evalúa regular la IA, ¿qué consejos le daría?

—Mi primer consejo sería que se abriera un gran proceso de diálogo con la sociedad civil: buscar consenso para darle solidez y continuidad a la ley. Este es un ámbito muy complejo, con muchos intereses en juego, que pone encima de la mesa cuestiones casi estructurales para nuestro futuro. Para empezar, la sostenibilidad del sistema democrático. Esta es una tecnología que tiene tal carácter intrusivo y revolucionario que puede alterar todas las condiciones en una democracia. Otro asunto importantísimo sería la hipotética brecha que generará. Sobre todo, estamos frente a una tecnología que transformará nuestro mercado laboral. Además, multiplicará los beneficios de muchas compañías y, sin embargo, existe la posibilidad paradójica de que algunas personas se encuentren en una situación aún peor debido a su incapacidad para adaptarse a estos cambios. Esto es algo que amerita todo el esfuerzo para tratar de evitarlo.

—¿Cómo cree que se va a redimensionar el mercado de trabajo?

—Hay que pensar en qué vamos a hacer para que las personas puedan adaptarse y también en qué vamos a hacer con las personas que no puedan hacerlo. ¿Qué impacto desde el punto de vista fiscal va a tener esto y desde el punto también de las coberturas sociales? Por todo eso, deberíamos abrir un gran diálogo con la sociedad, hablaría mucho también con otros países y buscaría un gran pacto entre los partidos políticos.

—El escenario laboral se presenta como un desafío complejo…

—También puede ser una oportunidad. Nunca se ha conseguido acabar con el sobrepeso que tiene la informalidad en el sector laboral. Por eso, quizás es un buen momento para poder hacer una gran reforma integral del mercado de trabajo. Hay que hacerlo. Esto va a ser tremendo. Tengo muchas esperanzas puestas en el futuro, porque creo que esto va a venir para ayudarnos, pero al mismo tiempo requiere una participación muy activa de los diferentes ámbitos políticos y sociales.

—¿La UE está adoptando medidas para hacer frente a los efectos de la IA en relación con la disminución de empleo?

—Vamos tarde. Es muy difícil abordarlo. Es verdad que últimamente se están poniendo sobre la mesa estudios en todo el mundo que hablan de la evolución de los mercados de trabajo y comienza a haber propuestas desde los sindicatos. Ahora que tenemos una ley de IA, nos toca a los europeos hacer esa gran reflexión y anticiparnos. Ya hemos aquilatado los problemas más graves desde el punto de vista de los derechos fundamentales, pues esta ley nos protege frente a los carnet de puntuación social, a la policía predictiva, ahora tenemos que reflexionar y prepararnos para los cambios laborales, porque esto no va a parar y va muy rápido.

—En Uruguay hay un movimiento sindical fuerte. ¿Qué rol deberían jugar los gremios frente a la IA?

—Un rol esencial. Se equivocarán si devienen en una especie de movimiento neoludita, como cuando durante la primera Revolución Industrial la gente rompía telares. Eso es una cosa y otra cosa es gobernar el cambio y ponerle ritmo. No hay que aceptar por sí misma la reforma de un sector sin ningún tipo de compensación. Pongo un ejemplo clarificador. Se calcula que hay en las carreteras europeas unos 7 millones de conductores de camiones. Si se habla con el sector de la fabricación, dicen que en menos de 10 años los camiones autónomos van a estar más que maduros. ¿Vamos a aceptar sin más que desaparezcan 7 millones de personas de las carreteras? ¿Qué va a pasar con el dinero adicional que van a ganar las compañías? ¿Cómo vamos a incardinar fiscalmente esa nueva realidad? ¿Vamos a prohibir la implementación de los camiones autónomos para proteger los puestos de trabajo? Tampoco parece que sea razonable.

—¿Y cuál sería la estrategia?

—Los aviones hace mucho tiempo que son capaces de despegar y aterrizar de forma autónoma, pero siguen manteniendo a su tripulación para generar seguridad a los usuarios y para responder a imprevistos. La reflexión a la que hay que llegar es que habrá que seguir manteniendo, al menos durante algún tiempo, a los conductores dentro de los camiones autónomos, por ejemplo. Hay un libro de Garry Kaspárov de 2017, Deep thinking, que habla mucho de IA y pone el ejemplo de los ascensoristas. Los ascensores automáticos se generalizaron en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, pero los ascensores estaban perfectamente adecuados para funcionar sin ascensoristas desde principios del siglo XX. Es decir, la fuerza sindical estuvo parando la implementación durante 50 años. En algunos sectores es probable que ocurra lo mismo, en otros no. Por eso, es imperativo redimensionar el mercado laboral y el sistema impositivo para apoyar a aquellos que se vean afectados.

—Líderes tecnológicos como Elon Musk y Steve Wozniak hablan de una especie de apocalipsis tecnológico si no se frena el desarrollo de modelos que vendrán tras el nuevo GPT-4 de OpenAI. ¿Tan peligroso es lo que viene?

—Soy más optimista (risas). Creo que estamos en el amanecer del surgimiento de herramientas para poder evitar ese apocalipsis. Hemos vivido durante muchísimos años sin ningún tipo de control sobre Internet. Las grandes compañías tecnológicas han hecho lo que han querido, han pagado en impuestos lo que han querido y nadie les ha pedido responsabilidades. Estamos en un estadio diferente. Que la UE haya dado el paso de crear una ley va a ayudar muchísimo a que otros (…) se puedan empoderar para enfrentar a compañías (…) que les han doblado el brazo durante estos últimos años a muchos países soberanos. Hay un gran consenso en parte importante del mundo de que se necesita un acuerdo internacional con reglas básicas. En esto están Estados Unidos y China. Preocupan más otras cuestiones que el eventual surgimiento de un gran apocalipsis, como la reforma del mercado laboral y su potencial impacto en las personas. Pronto se verá si no somos capaces de ahormar y de gobernar este cambio. Es el momento de que las democracias nos pongamos a trabajar.