Mónica Xavier y Carolina Cosse durante el acto central en conmemoración por el Día Internacional de las Mujeres en el salón de actos del Anexo de la Torre Ejecutiva en Montevideo, 9 de marzo de 2026.
Mauricio Zina / adhocFOTOS
“Una ley bastante pedagógica”
El punto de partida de Inmujeres es la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres Basada en Género, elaborada en el ámbito del Mesecvi de la OEA como una herramienta para orientar las legislaciones nacionales. El documento define la violencia digital como “cualquier acción, conducta u omisión contra las mujeres, basada en género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, político, económico” y que sea “cometida, instigada, mediada o agravada parcial o totalmente por el uso de las tecnologías digitales”.
La ley modelo incluye distintas formas de violencia digital: “amenazas, hostigamiento reiterado, campañas de odio y descrédito, acoso sexual en línea, extorsión digital” y la “obtención, difusión y/o manipulación de imágenes íntimas sin consentimiento”. También contempla la “vigilancia y monitoreo abusivo”, la “suplantación de identidad” y el “robo y publicación de datos personales y sensibles”; “ataques coordinados para forzar el silenciamiento de voces de mujeres y de defensoras de derechos humanos” y “campañas de desinformación y difamación destinadas a expulsar a las mujeres de los espacios públicos y políticos”. Incluye, además, imágenes, videos o audios íntimos “creados o alterados mediante el uso de inteligencia artificial” y herramientas que “generen, reproduzcan o amplifiquen” sesgos discriminatorios contra las mujeres.
La ley plantea una respuesta “multidimensional: preventiva, protectora, sancionadora y reparadora” y establece obligaciones para el Estado en materia de prevención, atención, protección, justicia y reparación. En ese enfoque, la educación ocupa un lugar importante. El documento señala que “la alfabetización y la autonomía digital con perspectiva de género son componentes esenciales de la prevención”.
Según Xavier, hay una diferencia importante con buena parte de los otros proyectos. “Me parece una ley bastante pedagógica”, dijo.
La propuesta plantea que la educación en entornos digitales debe incluir “el respeto a la autonomía corporal y sexual, la comprensión del consentimiento, la eliminación de estereotipos y mitos que responsabilizan a las víctimas, y la promoción de relaciones igualitarias, respetuosas y no violentas también en el entorno digital”. Prevé “capacitación especializada” para funcionarios, personal educativo y de salud, fuerzas de seguridad y quienes gestionan casos de violencia contra las mujeres y de protección de la infancia y la adolescencia. A eso suma “servicios de atención psicológica, terapéutica y de salud mental” para mujeres víctimas de violencia digital.
Xavier también se refirió a la violencia que sufren las mujeres en política. Una encuesta reciente de ONU Mujeres, publicada por Búsqueda, señala que ocho de cada 10 parlamentarias fueron víctimas de violencia de género durante la última campaña electoral de 2024. Entre las situaciones más frecuentes aparecen el abuso verbal, la intimidación y los cuestionamientos a su legitimidad para participar en política, y casi un tercio dijo haber sufrido violencia sexual.
La directora de Inmujeres vincula esta situación con la violencia digital. “La violencia en el ámbito digital tiene un sesgo de género muy importante hacia mujeres, niñas y adolescentes”, señaló. Y agregó que “no deja de ser la misma violencia estructural producto de la desigualdad entre hombres y mujeres, pero trasladada al espacio de la tecnología”.
Adaptar la ley y revisar lo que ya existe
El trabajo que lidera Inmujeres recorre un “doble camino”, según Xavier. Uno es adaptar la ley modelo. “No estamos pensando en un proyecto de ley tan extenso y complejo”, explicó. El otro consiste en revisar lo que ya existe en Uruguay pero presenta obstáculos para una aplicación efectiva, algo que suele ocurrir con algunas leyes vigentes.
Inmujeres contará con el Consejo Nacional de Género, que preside y reúne a más de 30 instituciones del Estado, además de representantes de la sociedad civil, la academia, empresarios y trabajadores. Una de las comisiones de trabajo se encargará de hacer “el seguimiento de esta tarea interinstitucional”, explica a Búsqueda. Ahí se buscará identificar “obstáculos, dificultades o facilidades” y ver qué cambios pueden ayudar a que la ley se aplique.
Xavier pone un ejemplo: “Si en Ursec (la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones) hay una disposición que colide con los principios de la ley integral, entonces vamos a ver en qué medida eso se puede remover”.
Según la directora, un objetivo central es que la nueva norma no quede solo en el papel, sino que tenga una “aplicación real”.
Inmujeres también quiere que la discusión no sea solo en el Estado. En febrero, cuando Uruguay presentó la ley modelo, Xavier planteó que el proceso no debía quedar encerrado en los organismos públicos. “No queremos que sea solo un debate institucional, queremos que la ciudadanía lo protagonice”, había dicho. Ahora lo resume de otra manera: “Hay que lograr que todas las iniciativas que están en la vuelta dialoguen”.
La Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género, presidida por la senadora Constanza Moreira, trató el proyecto de ley Divulgación de Contenidos Sexuales Elaborados con Inteligencia Artificial.
Senado Uruguay
El capítulo de los deepfakes
Uno de los primeros antecedentes de este tema en el Parlamento ya apareció. En la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento se analizó un proyecto presentado por el diputado colorado Gabriel Gurméndez para regular la difusión de contenidos sexuales.
La iniciativa modifica el artículo 92 de la Ley 19.580 para incluir dentro de la difusión de contenido íntimo o sexual sin autorización las imágenes o videos creados mediante inteligencia artificial (IA). El proyecto había sido aprobado por unanimidad en Diputados y también había avanzado en la comisión del Senado, pero su votación en el plenario fue postergada después de que la Asociación Latinoamericana de Internet (Alai), que representa a grandes plataformas tecnológicas, planteara observaciones sobre el alcance de las obligaciones para las empresas.
Las empresas cuestionaron, entre otros aspectos, que la obligación de retirar contenidos fuera “inmediata” y plantearon que determinadas decisiones debían pasar por la Justicia. Desde el Frente Amplio, mientras tanto, se empezó a considerar que la discusión podía integrarse a una regulación más amplia de la violencia en entornos digitales.
Consultada sobre si ese proyecto podría incorporarse a la ley que está trabajando Inmujeres, Xavier respondió que sí. Así, la discusión sobre los deepfakes podría pasar a formar parte de una regulación más amplia sobre violencia digital.
La propia Ley Modelo Interamericana contempla estas situaciones. Incluye entre las formas de violencia digital la difusión de imágenes, videos o audios íntimos/sexuales sin consentimiento, incluso cuando sean “creados o alterados mediante el uso de inteligencia artificial”. También alcanza a las herramientas de IA que “generen, reproduzcan o amplifiquen” sesgos discriminatorios contra las mujeres.
Se intensificó la presión sobre el ejecutivo de la UE para que estableciera una prohibición en todo el bloque, como la que se impuso en Australia el año pasado.
FADEL SENNA / AFP/Archivo
Una discusión que recién empieza
La experiencia internacional aparece como otro insumo. Xavier cuenta que Inmujeres mantuvo recientemente un intercambio con representantes de Australia, país que “tiene 10 años de trabajo en regular lo digital, y esencialmente las expresiones de violencia en lo digital”. Ahí existe una figura de ombudswoman con capacidad para intervenir ante determinados contenidos sin que necesariamente deba existir primero una orden judicial. “Si se complica, va a la Justicia; pero si no, lo baja ella directamente”, explica.
Xavier destaca también el “proceso sostenido que logra la transformación cultural” y cuenta que en Australia existe un diálogo con plataformas e intermediarios, además del apoyo de organizaciones de la sociedad civil y de madres y padres. “Hay recomendaciones que hizo Australia que van a ser tomadas para el armado” de la propuesta, señaló.
Xavier también aludió a las limitaciones que tiene Uruguay frente a las grandes plataformas. “Para un país pequeño como el nuestro, con un mercado tan chico, nuestro poder no es igual a lo que puede hacer uno grande como Brasil”. Por eso, una respuesta regional puede darle más margen a Uruguay, sostuvo. “Tener una ley modelo nos ayuda a ir un poquito más allá de lo que serían nuestras propias posibilidades”.
La ley interamericana también plantea un régimen de “corregulación”. El Estado fija las reglas y principios que deben seguir los intermediarios de internet, mientras estas adoptan “mecanismos y políticas propias” para aplicarlos, bajo supervisión de las autoridades.
Pero Xavier no ve para Uruguay las medidas más restrictivas que están tomando otros países. “Yo creo que Uruguay no va hacia ninguna prohibición en materia de acceso a las redes porque no tiene que ver con nuestra idiosincrasia”, sostuvo. Al mismo tiempo, entiende que deben considerarse los argumentos que llevan a otros países a restringir el acceso de menores. “Hoy vemos que de repente un bebé tiene un celular en el cochecito para entretenerse, ¿no? Y bueno, se están viendo efectos sobre la salud, sobre lo cognitivo, sobre lo relacional”.
Su planteo parte de no demonizar la tecnología, pero sí pone en el centro la prevención. También aclaró: “Lo digital nos viene cambiando muchísimo, pero no cambia la desigualdad estructural”.
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