Para la ministra y su equipo, la “obsesión” por esos días fue que no se cortase la cadena de pagos en una economía parcialmente frenada, le dijo a Búsqueda en una entrevista que debió ser telefónica por las restricciones a la movilidad. La estrategia del MEF implicó, entre otras cosas, asegurarse fondeo de organismos internacionales para atender la “emergencia sanitaria y social”.
En 2021, la ministra Azucena Arbeleche y la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva, en Washington
En 2021, la ministra Azucena Arbeleche y la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva, en Washington
En esa misma entrevista, Arbeleche presagió un impacto “muy significativo” pero “transitorio” de la pandemia en la actividad económica. El PIB se contrajo 7,4% promedio en 2020, pero rebotó un 5,6% al año siguiente, según datos del Banco Central (BCU).
Para atenuar el impacto en el mercado de trabajo, el gobierno habilitó modalidades especiales de “seguro de paro” y amplió el subsidio estatal para los créditos a las empresas. En 2020 cayó la tasa de empleo y se incrementó la desocupación (hasta 10,4% en promedio anual), pero estos indicadores, así como la tasa de actividad, mejoraron en los siguientes años. En enero pasado el desempleo aumentó a 8,1%, lo que significa que unas 153.600 personas estaban en esa situación, informó el martes 25 el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Ahora, ya de salida, el gobierno de Luis Lacalle Pou pone en la lista de puntos altos de su gestión la creación de empleos en el período (unos 111.000).
Ante el descalabro que produjo la pandemia, el Poder Ejecutivo alentó que se dejasen temporalmente en suspenso —un período “puente”— las negociaciones de ajustes en los Consejos de Salarios, lo que fue aceptado por empresarios y trabajadores. Hubo pérdida de poder adquisitivo en esos años, porque también la inflación se aceleró, aunque luego el salario real promedio repuntó.
La pobreza medida según si los ingresos alcanzan para comprar una canasta básica de bienes y servicios saltó al 11,6% en 2020, pero bajó a 9,1% de la población en el primer semestre de 2024, el último dato informado por el INE.
Un nuevo indicador con datos para 2023, presentado por el INE hace pocos días, evaluó otras dimensiones, como la educación o las condiciones habitacionales. Desde esa perspectiva “multidimensional” y las “privaciones” respecto de ellas, el 18,9% de la población era pobre ese año, casi cinco puntos porcentuales menos que en 2019 (23,5%).
La inflación
Los problemas de suministro a escala mundial durante la crisis por el coronavirus primero y la invasión de Rusia a Ucrania después trajeron una transitoria “importación” de inflación que llevó a hablar de “carestía”. Factores climáticos adversos sumaron dificultades en ese frente para el gobierno de Lacalle Pou. A mayo de 2020, la variación en 12 meses del Índice de Precios al Consumo llegó a 11,05%, un máximo desde fines de 2003.
Sin embargo, la inflación luego cedió. El equipo económico que se va deja tasas anuales menores a las que eran habituales para Uruguay en décadas recientes. Desde mayo de 2023, de manera ininterrupida, la inflación de 12 meses se ubicó dentro del rango de 3% a 6% que las autoridades tienen como objetivo (5,05% a enero de 2025), y la expectativa de empresarios y otros agentes es que no volvería a los guarismos más altos del pasado. Esa “desinflación” ocurrió, en parte, por un manejo monetario con sesgo contractivo realizado desde el BCU que, como efecto colateral, deprimió el valor del dólar respecto del peso, instalando durante un largo tramo del mandato un factor de discordia con el empresariado debido al “atraso cambiario”.
Washington Ribeiro, presidente saliente del BCU, valoró en una entrevista con Búsqueda esta semana que haber llevado la inflación anual a niveles del entorno a 5% es “extremadamente importante” para Uruguay, si bien advierte que anclar las expectativas de los agentes es una “batalla” que todavía se está librando.
Desde el MEF se trabajó, junto con otras secretarías de Estado, en el intento de eliminar o flexibilizar requisitos y trámites para las importaciones de ciertos artículos de la canasta familiar, incluidos algunos de higiene personal, pero esa agenda no prosperó.
Los números fiscales
La gestión de las finanzas públicas fueron otro aspecto controversial, pero sobre todo con la oposición política y algún analista económico.
Arbeleche había llegado al MEF con la promesa de aplicar un “shock de austeridad” para revertir un manejo fiscal en los gobiernos del Frente Amplio que señalaba como “irresponsable”. Su paquete incluía medidas de ahorro en diversas áreas —tope de gasto de funcionamiento fijado en 85% de los créditos comprometidos en 2019, límite al llenado de vacantes de funcionarios y reducción del reintegro del IVA a las compras con medios de pago electrónico, entre otras—, además de la adopción de una regla fiscal —creada en la Ley de Urgente Consideración de 2020—, lo que acotó la discrecionalidad de las autoridades.
Si bien el gasto público creció al inicio del gobierno de Lacalle Pou por los alivios dados ante el impacto económico y social de la pandemia, los números mejoraron en los años siguientes. En los 12 meses cerrados en agosto de 2022, el déficit de todo el sector público había bajado al equivalente a 2,3% del PIB, o 2,6% si se quitan los ingresos extraordinarios por los llamados “cincuentones” que se desafiliaron de las AFAP para aportar solo al Banco de Previsión Social. Pero, después, el desequilibrio fiscal empezó a ampliarse; el MEF, encabezado por Arbeleche, solo había comprimido transitoriamente el gasto, como un resorte que luego soltó, comparó Javier de Haedo, director del Observatorio de Coyuntura de la Universidad Católica. Su mirada ha sido crítica también respecto del bajo ritmo de crecimiento económico —según De Haedo, la razón de la derrota electoral de la llamada coalición repúblicana— y de la estrategia antinflacionaria seguida por el gobierno saliente, entre otros aspectos.
El déficit del sector público global al término del año pasado equivalió a 4,0% del PIB (4,1% sin “cincuentones”), según las últimas cifras publicadas por el MEF.
El diálogo acerca de estos números fiscales se salió del tono de forzada cordialidad que caracterizó, en general, las reuniones de transición entre las autoridades económicas salientes y las electas, con Gabriel Oddone como designado ministro a la cabeza. Los futuros jerarcas entienden que en los últimos meses se han postergado pagos y adelantado cobro de impuestos o de ganancias a los entes más allá de lo habitual con la intención de mostrar, al final del período, cifras mejores a las reales, lo cual, además, puede implicar una restricción para la gestión en 2025.
Desde una perspectiva técnica, el jueves 20 el Consejo Fiscal Asesor —parte de la nueva institucionalidad creada con la regla, integrado por tres economistas independientes— hizo una reprimenda al MEF. Al evaluar el desempeño en 2024, señaló que, “en buena medida por una combinación de errores de pronóstico y por rigidez de la política fiscal durante el ciclo electoral”, por primera vez desde que funciona la regla se incumplieron, simultáneamente, dos de sus tres pilares, y activó una “cláusula de salvaguarda” para el referido al tope de incremento de la deuda pública. Todo esto “constituye una señal de preocupación”, afirma, si bien su informe rescata como positiva la nueva institucionalidad.
Aunque la deuda pública en relación con el PIB creció (a 70,3% la bruta, es decir, sin descontarle los activos de reserva), Uruguay mejoró su calificación de riesgo crediticio y se afirmó dentro de la categoría de “libre de riesgo especulativo” o investment grade.
El MEF le retrucó al Consejo el lunes 24, a través de un comunicado, en el cual reiteró sus argumentos y dio otros. Cierra agradeciendo el trabajo de los consejeros e instando a tener un "enfoque más realista y pragmático al formular críticas o recomendaciones de política económica, que contemplen los desafíos y limitaciones reales que enfrenta la administración pública, especialmente en el último año de gobierno".
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Arbeleche al recibir el premio de la World Government Summit Organization
Este mensaje del MEF está a tono con la evolución como figura política que tuvo la propia ministra. Arbeleche había sido elegida para el cargo por Lacalle Pou por su solvencia técnica pero, ya en el cargo, lentamente fue templándose en ese otro rol, lo que llevó incluso a que fuera considerada para una eventual postulación a la vicepresidencia de la República en la fórmula blanca con Álvaro Delgado, que terminó ocupando Valeria Ripoll. Se va con un alta valoración en algunos ámbitos: en 2022, en Dubái, recibió de la World Government Summit Organization el premio a la mejor ministra de Estado a escala global, y según la última Encuesta Anual de Evaluación y Perspectivas Empresariales de Búsqueda, ella fue la de mejor desempeño de todo el gabinete de ministros.
Para los uruguayos, el desempleo y la “situación económica” son los principales problemas del país, después de la inseguridad, un “menú” de desafíos que —según un informe de Equipos Consultores difundido el miércoles 19— se ha repetido en todas las últimas transiciones de gobierno.
Cuando el próximo miércoles 5 de marzo Oddone y Martín Vallcorba —como subsecretario— asuman la gestión de una economía que en los últimos cinco años tuvo mejoras pero que sigue enfrentando varios desafíos, el hall del MEF volverá a llenarse de funcionarios, jerarcas estrenando cargos y simpatizantes de otros colores políticos.
