El miércoles por la mañana me calcé los auriculares, puse uno de los podcasts que escucho siempre y salí a correr por la rambla. No retuve nada de lo que decían las dos personas que hablaban sobre la situación política en Estados Unidos. Mi cabeza rumiaba información del atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y, sobre todo, qué quería decir sobre el tema en esta edición de Derroteros.
Pensé enfoques posibles sobre un tema muy trillado, pero de una importancia tal que vale la pena mantenerlo en la conversación. Recordé notas, cifras y advertencias. Y sobre todo pensé en cómo no enojarme mientras escribo. Porque, como dicen, el que se calienta, pierde.
—De dos maneras: gradualmente y luego de repente.
Lo traigo otra vez porque discrepo con la idea de que el ataque a Ferrero marca “un antes y un después”, como plantean algunos. Es, si acaso, la evidencia de que Uruguay está en otro nivel de juego. De que gradualmente la situación evolucionó y ahora estamos en el de repente.
El coordinador de Naciones Unidas Pablo Ruiz Hiebra dijo en esta entrevista publicada en Búsqueda que el problema del narco “no es un tema nuevo”, sino que está en la discusión política uruguaya desde hace al menos dos gobiernos. Quizás se quedó corto.
En abril de 2014 escribí una nota en la que, con base en fuentes de la Policía, decía que el enfrentamiento entre narcotraficantes había alcanzado el nivel de “conflicto armado” entre bandas que disputaban territorios y venta de droga. Auguraba un aumento de la violencia criminal.
Mario Layera y Ricardo Gil
Mario Layera y Ricardo Gil
Mauricio Zina / adhocFOTOS
Cuatro años más tarde, el entonces director nacional de Policía y actual titular de la Secretaría de Inteligencia, Mario Layera, daba un pronóstico desalentador en una entrevista con El Observador: “El Estado se verá superado, la gente de poder económico creará su propia respuesta de seguridad privada, barrios enteros cerrados con ingreso controlado y el Estado disminuirá su poder ante organizaciones pandilleras que vivan de los demás, cobrando peaje para todo”. Comparaba el escenario futuro con la crisis de seguridad que vivían El Salvador o Guatemala producto de las maras.
En setiembre de 2023, el expresidente de la “junta anticorrupción” y actual asesor de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft), Ricardo Gil, dijo que si Uruguay “no se toma en serio el problema”, puede seguir el camino de Ecuador, un país donde el crimen organizado tenía en jaque a las autoridades. Esa declaración tenía como contexto el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
Fernando-Villavicencio-Asesinato
Un ciclista cuelga una pancarta contra la narcoviolencia en la reja del complejo deportivo donde fue asesinado el candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, el 10 de agosto de 2023.
AFP
Gil consideraba clave mejorar el combate al lavado de activos. Es pegarle “donde les duele”: en su bolsillo.
¿Suena una solución familiar para estos días?
Mucha ley y poco resultado
Uruguay es experto en aprobar leyes que cumplen con estándares internacionales de combate al lavado de activos. Lo que no hay son resultados.
“Tenemos un problema, una falla en toda la cadena, desde lo que es la prevención y la detección hasta lo que es efectivamente el recupero de bienes”, dijo en una entrevista con Búsqueda la titular de la Senaclaft, Sandra Libonatti. Lo dice ella y también los números.
En 2024 hubo 4.015 personas condenadas por narcotráfico, estafa y otros delitos precedentes de lavado. Es decir, por delitos cuyo desarrollo genera ganancias que luego deben ser blanqueadas para su uso legal. Ese mismo año hubo solo ocho condenas por lavado. Aquí van más datos.
El consultor Alejandro Montesdeoca, encargado de elaborar una evaluación del sistema antilavado y una estrategia a futuro, ya en 2023 marcaba las inconsistencias de los resultados. Y agregaba otra cosa: Uruguay no ha llevado adelante en toda su historia ni una sola investigación que desarticule “maniobras complejas y sofisticadas” de lavado.
Oportunidades no faltaron.
Millones de dólares de la corrupción del fútbol regional pasaron por Uruguay, como expuso Búsqueda. Hubo estudios jurídicos, cambios, cuentas bancarias identificadas y mucha evidencia recabada por Estados Unidos que llegó a manos de las autoridades. La última denuncia, a partir de un reporte del Banco Central presentado en 2021, durmió en fiscalía.
Las investigaciones sobre las estafas de los “fondos ganaderos” parecen no tener el lavado de activos como centro. Basta ver la acusación del fiscal Alejandro Machado a Jairo Larrarte.
Otras denuncias ni siquiera se mueven. El exjugador de rugby Gonzalo Campomar fue denunciado por estafa en febrero, luego en abril. Las víctimas describieron el uso de la casa de cambios familiar y otros mecanismos para mover dinero fuera del radar de las autoridades. Esos denunciantes fueron a la fiscalía porque tenían cómo justificar el dinero que les robaron; otros siguieron el camino de apretar a Campomar, quien huyó del país.
La última vez que pregunté, poco tiempo atrás, las denuncias que tienen los fiscales Machado y Sandra Fleitas no se habían movido.
El narco montó sus rutas, al menos al inicio, sobre los recorridos del contrabando. ¿Si funcionaban para contrabandear ropa o cigarros, por qué no drogas? Y entonces, ¿por qué no pensar que en los movimientos irregulares de dinero puedan “colarse” —asumiendo generosamente que es a espaldas de los creadores de esas rutas— las ganancias de los narcos? Si hay grupos que acumulan riqueza y que necesitan moverla de manera oculta, son ellos.
Policia antinarcoticos
Policía antidrogas en la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas.
Javier Calvelo / adhocFOTOS
Con esto quiero decir que sí, que el combate al lavado es fundamental. Si Sebastián Marset tiene el control del Cerro, como me dijo una fuente, y las principales bandas responderían a él, no es por los goles que metió en el fútbol boliviano. Esté donde esté, compra voluntades con su dinero.
Y si el proyecto de ley que ahora el oficialismo apura fortalece las herramientas, será bienvenido. El problema es que herramientas ya existen desde hace años; hay normas, fiscalías, policías y otras dependencias estatales con tareas asignadas en la materia.
Una nueva ley por sí sola no va a cambiar los resultados.
Las comparaciones odiosas
Llegado este punto, admito el fracaso. Mi enojo se filtró a lo largo de esta edición de Derroteros.
Quizás no llegaremos a ser El Salvador o Guatemala. Tampoco Ecuador. Ruiz Hiebra dice que los informes que tiene indican que las bandas todavía no controlan del todo el territorio. Quizás nunca lo logren.
Puede ser que las comparaciones sean inútiles. En Uruguay, donde los extremos están más cerca que en otros países, los narcos no controlan todo su territorio, pero cuando cae el sol hay mucha gente que no se anima a salir de la casa. ¿No es eso suficiente?
Mientras caen los presuntos involucrados en el atentado a Ferrero, sigo esperando lo que Montesdeoca dice que nunca ocurrió en Uruguay: una operación que desarticule a una organización criminal que comete delitos y aprese también a quienes colaboran con el lavado de sus ganancias. Hasta tanto, lidiaré con la frustración.
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