Ubicada en el denominado Cuerno de África y con una población estimada de 18,7 millones de personas, Somalia encarna el ejemplo de un país devastado por décadas de fragmentación y conflicto. Además de fenómenos meteorológicos extremos como las sequías, que hunden a la población en hambrunas, en materia de seguridad los distintos gobiernos centrales enfrentan la complejidad de un frágil sistema de estados autónomos, a facciones y clanes locales y la amenaza del grupo terrorista islamista Al Shabaab, a tal punto que en marzo el convoy del presidente Hassan Sheikh Mohamud fue blanco de un atentado con bomba cuando se dirigía del palacio presidencial al aeropuerto. “Delitos graves como el homicidio, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico de armas de fuego y municiones, el narcotráfico, la piratería, los delitos financieros y la extorsión, junto con los continuos atentados terroristas, siguen socavando la seguridad”, apunta un informe de 2021 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Claramente, no es la situación de Uruguay. Pero un experto en materia de estrategia e inteligencia considera que, al menos en cuanto a seguridad y pérdida de legitimidad del Estado, Uruguay puede empezar a transitar un camino similar. “Sin lugar a dudas hoy Uruguay no es un narco Estado ni tampoco es un Estado fallido tal cual lo pueden ser Somalia, Libia o Haití. Pero no olvidemos que la actual Somalia no se transformó en lo que hoy es de un día para otro, sino que fue el resultado de un proceso de degradación del Estado que llevó años”, asegura Gustavo Vila. “Nos guste o no, desde un punto de vista formal, hoy Uruguay y sus instituciones son incapaces de asegurarles las 24 horas del día a todos sus ciudadanos el cumplimiento del artículo 7 de la Constitución de la República”, añade en referencia a la norma que establece que los habitantes deben ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad.
Su posición dista mucho de la de los políticos uruguayos. En 2022, interpelado en el Parlamento por la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, el entonces ministro Luis Alberto Heber fue tajante en su comparecencia. “Ningún partido político en el Uruguay tiene ningún tipo de conexión con el narcotráfico, la actividad político-partidaria no tiene ningún tipo de contacto. Esto es válido y creo que debe ser motivo de orgullo, de preocupación y de protección por parte de todos nosotros a nuestro sistema democrático y al sistema de partidos políticos en el Uruguay. Esto está fuera de discusión, ¡acá no hay dudas! Puede haber dudas en cuanto a los procedimientos”, dijo.
Minutos antes había manifestado una valoración similar el propio miembro interpelante, el senador del Frente Amplio, Mario Bergara: “No podemos permitir que se erosione la confianza de la ciudadanía con las instituciones porque esa es una fortaleza de nuestra democracia, que es una de las más plenas del mundo y tiene que seguir siéndolo”.
Las zonas en disputa para la Policía
Parte del análisis de Vila se centra en un aspecto que ganó protagonismo en el debate político, especialmente en las últimas campañas electorales enfocadas en la seguridad pública: la presunta incapacidad de la Policía Nacional para acceder a ciertas zonas de Montevideo y áreas metropolitanas —ubicadas en Casavalle y Marconi, entre otros barrios— dominadas por bandas dedicadas especialmente al microtráfico y el narcomenudeo de drogas. Aunque los gobernantes señalan que la Policía conserva su autoridad en cualquier lugar del país, Vila advierte que esa presencia está deteriorándose con rapidez.
“Hoy Uruguay asiste a un proceso de feudalización que se da en ciertas zonas del territorio nacional en las que se está produciendo un repliegue del Estado y el empoderamiento de las organizaciones criminales. El proceso supone la creación de verdaderas zonas liberadas donde las organizaciones criminales se mueven con relativa libertad, protegidos por los vecinos, los cuales colaboran con los delincuentes por temor o por convicción. En una fase avanzada, las fuerzas de seguridad pueden ser hostigadas e intimidadas, generándose en muchos casos un repliegue de estas de dichas zonas, dejando desprotegidos a los ciudadanos que allí habitan”, indica.
Menciona por ejemplo que los ciudadanos que viven en esos lugares —en general, personas con necesidades básicas insatisfechas y con dificultades para el acceso a los bienes sociales— son cómplices o víctimas de grupos delictivos que demuestran su poder a través del desalojo forzoso de vecinos de sus domicilios y la paralización de servicios públicos esenciales. “Estos actores no estatales no solo le disputan al Estado el control de los espacios públicos, sino también el monopolio del uso de la violencia organizada”, apunta Vila.
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Una ambulancia es escoltada por la policía en el barrio Casavalle
Javier Calvelo/adhocFOTOS
Agrega incluso que este tipo de bandas actúan “como una insurgencia criminal, empleando tácticas, técnicas, procedimientos y estrategias propios de grupos insurgentes” que les permiten niveles de acción, personal y armamento capaces de superar a la policía. “Cuando las ambulancias, los ómnibus, los taxis, los repartidores de alimentos y bebidas, el correo, o los funcionarios que toman los consumos de agua y electricidad no entran a un barrio, cambian su recorrido habitual, o lo hacen con escolta policial, algo está muy mal. Y eso es lo que hoy está pasando en muchas zonas de Uruguay: el Estado se está replegando y está perdiendo el control de los espacios públicos en ciertas áreas del territorio”, afirma el militar.
En febrero del año pasado, el gobierno de Luis Lacalle Pou inauguró en Casavalle un centro de serivicios públicos que nuclea a 17 organismos para alcanzar a unas 100.000 personas. El acto fue uno de los más promocionados de la pasada administración y acudieron allí los principales jerarcas del Poder Ejecutivo. “Si el Estado abandona a determinadas poblaciones, individuos, las personas no van a poder tener herramientas para ser libres”, dijo entonces Lacalle Pou.
La semana pasada el actual ministro del Interior, Carlos Negro, fue convocado a la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia de la Cámara de Senadores para presentar sus políticas para el quinquenio. Entre otras cosas dijo que evalúan crear “corredores seguros” para la circulación en ciertas zonas de Montevideo. “No puede ser que queden prácticamente aisladas porque los medios de transporte —taxis, líneas de ómnibus— se reduzcan o se nieguen a ingresar por temas de seguridad. Tenemos que implementar sistemas de vigilancia que permitan ingresar y salir a todos los barrios con tranquilidad a las personas que habitan esos barrios y también a los servicios públicos que tienen que llegar, es decir, que la presencia del Estado pueda llegar”.
Una plaza para el narcotráfico y el lavado de activos
Vila fue jefe del Departamento II (Inteligencia) y del Departamento III (Operaciones) del Estado Mayor del Ejército. Oficial diplomado de Estado Mayor, es licenciado en Ciencias Militares y magíster en Estrategia Nacional especializado en guerra irregular, terrorismo e inteligencia estratégica. Es uno de los habituales representantes académicos del Calen en informes y conferencias. En abril de 2022 participó como panelista de un evento en la sede del Calen donde se discutió el conflicto entre Rusia y Ucrania. Allí afirmó que, según sus estudios, la acción militar rusa respondía a tres objetivos políticos: evitar que Ucrania pase a integrar la OTAN, lograr una adecuada condición de seguridad para las minorías rusas que viven en Donbás y controlar completamente el puerto de Sebastopol en Crimea.
En octubre del año pasado fue orador en una conferencia sobre el conflicto en Medio Oriente llevada a cabo en el Instituto Militar de Estudios Superiores y es invitado con frecuencia a programas de radio y televisión para ofrecer su perspectiva en temas de coyuntura internacional.
En esta ocasión se centró en la realidad uruguaya. Su artículo en la revista Estrategia explica que el “repliegue” y la “inoperancia del Estado” en ciertas zonas del país trascienden las estadísticas sobre delitos que presenta el Ministerio del Interior, pues entiende que las autoridades de los distintos gobiernos hacen “malabares matemáticos con los números de los delitos”, buscando maquillarlos. A inicios de año, el gobierno saliente reportó una disminución en los principales registros de 2023 a 2024: 1% en homicidios, 22% en las denuncias de rapiñas, 5,7% en las denuncias de hurtos y 19,5% en las denuncias de abigeato.
Más allá de las cifras delictivas, Vila critica especialmente el foco del Ministerio del Interior en contrarrestar el avance de los grupos narcos en barrios metropolitanos a través del cierre de bocas de droga y el encarcelamiento de los integrantes de esas bandas, que se sustentan en la venta de pasta base a consumidores locales. “Es una mala táctica. Es un recurso que no hace sino demostrar la ausencia de estrategia: muestra que, debido a la falta de un enfoque integral, se cierra una boca de venta de pasta base y en contrapartida se abren otras dos o tres nuevas”.
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En 2021 la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas incautó más de 600 kilos de cocaína destinada a Europa
Javier Calvelo/adhocFOTOS
Realiza incluso un cuestionamiento al sistema carcelario al explicar que esa táctica policial, indirectamente, es una de las causantes de que Uruguay se haya convertido “en un país de tránsito, acopio y consumo y una plaza muy atractiva para el lavado de activos”. Una vez detenidos, los pequeños narcotraficantes locales aprenden en la cárcel de pares extranjeros más formados y conectados en el negocio. Esto les permite ampliar su visión de una mirada exclusivamente barrial del comercio de estupefacientes a un panorama regional que les habilite en el futuro participar en la cadena de exportación de cocaína a Europa. “Son establecimientos carcelarios saturados, que en muchos casos son controlados parcialmente por los propios reclusos. Operan verdaderas universidades del delito, todo lo que lleva a fortalecer los vínculos y coordinaciones entre las organizaciones criminales regionales, haciéndolas más eficientes y poderosas”, indica Vila.
La posible participación de los militares
En el cierre de su trabajo, Vila define un Estado fallido como aquel que ha perdido la capacidad de mantener el monopolio de la violencia legítima organizada. Y concluye en sus párrafos finales: “A la luz de los hechos narrados, si bien Uruguay puede no ser considerado un Estado fallido in totum, sin lugar a dudas es un Estado frágil en determinadas zonas del territorio nacional o, si se prefiere, Uruguay es un Estado parcialmente frágil”.
Para confirmar esa teoría enumera diversos casos que se remontan al menos desde el 2000 a la actualidad. El pasaporte entregado a Marset, la fuga de la antigua Cárcel Central del mafioso italiano Rocco Morabito, el arresto del custodio presidencial Alejandro Astesiano, la investigación por lavado de activos sobre el sindicalista argentino Marcelo Balcedo, las megaincautaciones de cocaína en Europa con la participación de empresarios locales, la lucha entre los Chingas y los Camala en Casavalle y la ola de homicidios en el 2022 en el barrio Peñarol.
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Francisco Bustillo tras declarar por el caso Marset en la Fiscalía General de la Nación
Mauricio Zina/adhocFOTOS
“Estos casos son alertas que cualquier gobierno debería tener en consideración. Entre otros muchos más, ponen de manifiesto que Uruguay ha dejado de ser la pacífica e idealizada Suiza de América. Y podría ser aún peor si considerásemos episodios nunca totalmente aclarados o cerrados prematuramente, los cuales han dejado más dudas que certezas”, sostiene. Entre estos episodios menciona el arsenal de armas encontrado en 2009 al contador Saúl Feldman, la acción de las llamadas polibandas/tupabandas y la cadena de asaltos —“nunca totalmente esclarecida”— a cajeros automáticos en 2018 en Montevideo.
Según Vila, la única respuesta para frenar este proceso de degradación de autoridad del Estado tendrá que abarcar a varios períodos de gobierno y, de concretarse, va a causar “algún tipo de perjuicios transitorios a la población, con capacidad de generar resistencias de variados actores, algunos muy poderosos e influyentes, por la afectación que supondrá al statu quo”.
Asegura que esa respuesta debe incluir cambios en la educación, herramientas jurídico-legales, estrategias específicamente de seguridad y el impulso del patriotismo en todo el país, entendido como “la suma de ideales abstractos (valores, afectos, cultura e historia, entre otros) para darles sentido de pertenencia a las personas que viven dentro de un mismo territorio, el orgullo de formar parte de un colectivo llamado Uruguay por encima de las ideologías y los partidos políticos”.
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Integrantes del Ejército Nacional durante tareas rutinarias de patrullaje en la frontera con Brasil
Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS
En cuanto a la seguridad, Vila está en línea con la opinión de dirigentes políticos de la actual oposición que promueven la participación de las Fuerzas Armadas en la vía pública. “Deben apoyar las acciones de las fuerzas policiales contra el narcotráfico en la calle con un involucramiento mayor al que se ha dado hasta el momento, particularmente en el caso del Ejército Nacional”, asegura el académico. Desde 2020 y a partir de una ley aprobada en el último gobierno de Tabaré Vázquez, los efectivos militares están habilitados a tareas de vigilancia fronteriza dentro de un área de 20 kilómetros. Desde algunos sectores del Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto creen que las Fuerzas Armadas deben ampliar sus facultades y asumir ciertas tareas de la Policía Nacional, una posición discorde a la del Frente Amplio y a la de sus propios correligionarios.
Es en esta propuesta donde Vila reitera el concepto de “resistencia al statu quo”, ya que se trata de una alternativa que provoca “dilemas, temores y resistencias de diferente intensidad”, tanto en el gobierno nacional como en la oposición política, así como de las propias Fuerzas Armadas —principalmente el Ejército— y de la Policía Nacional.
